Desde que comenzaron las protestas que llevaron al histórico plebiscito de octubre de 2020 en Chile, el cual culminó en la decisión de enterrar una Constitución herencia de la dictadura, no faltó la wenufoye ondeando a los vientos de cambio que soplaban en el país. La bandera mapuche, de hecho, encarnaba como pocos otros símbolos las grietas del modelo de Estado que la ciudadanía exigía dar por agotado.

"Los pueblos indígenas representan, tanto para ellos mismos como para el resto del país, un modelo de desarrollo alternativo, con una visión de la naturaleza que no es de dominación, de explotación de recursos, sino más bien de equilibrio y de conservación”, dice a DW el abogado mapuche Salvador Millaleo.

Este letrado es, además, autor del proyecto -aprobado a mediados de diciembre- por el que la nueva Asamblea Constituyente del país reservará 17 escaños a representantes de los pueblos originarios chilenos: mapuches, aymaras, rapa nui, collas, quechuas, atacameños, yámanas, kawashkar, diaguitas, changos. En total, las comunidades nativas suman un 12,8% de la población chilena, pero ninguna de las tres Constituciones que ha tenido Chile hasta ahora (1833, 1925 y 1980) ha reconocido la existencia de indígenas en su territorio, como tampoco sus lenguas o culturas.

Para Millaleo, quien considera que se trata de un gran paso frente a las "injusticias históricas” contra esta población, "los pueblos indígenas también representan la resistencia, la dignidad de quienes han luchado constantemente por sus derechos pese a ser perseguidos y reprimidos por el Estado”.

Chile es solo un ejemplo más de la asignatura pendiente de América Latina con sus comunidades nativas, ya sea en los Andes, en la sierra Madre del Sur mexicana o en el corazón de la Amazonía. Cierto es que en las últimas décadas muchos de los países de la región han dado importantes pasos en el reconocimiento de algunos derechos y las demandas de las poblaciones indígenas, en especial en torno a la propiedad y el acceso a la tierra. Pero algo así como la justicia social sigue siendo un futuro utópico.

Reconocimiento y redistribución

¿Qué forma tendría ese sueño de justicia social? "Tener el acceso al ejercicio de todos y cada uno de nuestros derechos; particularmente uno, el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos”, dice a DW desde México la activista indígena Griselda Galicia, "porque a partir de eso nosotros vamos tomando decisiones sobre el tema del acceso a la salud, de la alimentación, del cuidado de los mayores, de la educación, etcétera”.

América Latina es la región del mundo con la mayor proporción de indígenas en la pobreza extrema (cerca del 30%), según la Organización Internacional del Trabajo. Aunque el acceso a la educación primaria para los niños indígenas en América Latina ha mejorado, Unicef apunta que el 30% de los adolescentes de estas comunidades sigue sin escolarizar.

Luis Hallazi, experto peruano en derechos indígenas, sostiene en entrevista con DW que "hablar de justicia social en este caso es hablar de reconocimiento y redistribución”. En su opinión, el impacto particularmente severo del nuevo coronavirus pone de relevancia la precariedad social en la que habitan estos pueblos: "La pandemia ha sido la punta del iceberg de los problemas estructurales que están detrás de esto”.

Según el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), la tasa de mortalidad por COVID-19 de las comunidades nativas en la región se sitúa en un 23%, muy por encima de la población general. Entre las causas que cita la organización se encuentran la baja calidad de los servicios, la escasez de personal sanitario, así como de medicamentos, y la gran distancia respecto del centro de salud más cercano.

El chileno Millaleo explica que "la justicia social tiene que ver con una noción que podríamos traducir como el buen vivir, los mapuches lo llamamos el küme mogen: el saber vivir en el mundo, que implica una serie de obligaciones respecto a cómo vivimos con los demás”. En la práctica, continúa el mapuche, "esto significa vivir en términos igualitarios, sin que otros te dominen, con una libertad recíproca, y que todos estemos incluidos en la vida comunitaria”.

La mexicana Galicia reconoce que, en su país, "el Estado ha provisto ciertos programas, ciertas acciones, pero no necesariamente están respondiendo a la visión, a las necesidades y a los requerimientos que los pueblos indígenas tienen”. Y para ello es necesario, subraya, "darles voz y reconocerles autoridad en esa voz”. En otras palabras: que participen en la toma de decisiones.

Sin participación política no hay justicia social

Georg Dufner, representante en Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en alemán), dirige un programa regional de la organización sobre participación política indígena y dice a DW que la tendencia a garantizar derechos en las legislaciones, muy presente en América Latina, ha descuidado la inclusión efectiva en ámbitos como la toma de decisión.

Un punto clave es "que se respeten y garanticen los derechos cívicos de los pueblos indígenas, algo que no se cumple prácticamente en ningún país latinoamericano”. 

"Bolivia es un buen ejemplo, pues hay muy buenas intenciones y una legislación muy amplia, con un derecho a la consulta muy avanzado”, afirma Dufner, "pero en los tomadores de decisión hay una cierta falta de predisposición a aplicar la ley, así como arbitrariedad en la toma de decisiones, por no hablar de la falta de presupuesto en todo el sistema jurídico”.

El peruano Hallazi pone como ejemplo la exigencia de candidatos indígenas en elecciones municipales de su país, "pero los pusieron en los últimos casilleros, con lo que cumplían con la norma, aunque las comunidades nativas nunca iban a acceder a un asiento”. En el mismo sentido, la mexicana Galicia reclama "espacios de representación y participación para los pueblos”.

La indígena advierte que la situación de las mujeres es todavía peor. "En muchas comunidades, si no tienes tierra, si no eres comunera, no puedes participar”, lamenta, resaltando que la cuestión de la propiedad y el acceso a la tierra dista de ser un asunto resuelto en México y el resto de América Latina. Sin voz ni tierra para los indígenas, las buenas intenciones respecto a la justicia social tienen todas las de caer en saco roto.

(ers)