Según datos de Naciones Unidas, los pueblos indígenas representan a 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial. La organización internacional dedica el 9 de agosto a estas poblaciones desfavorecidas y vulnerables. No obstante, este año la celebración coincide con el recorte de influencia de las comunidades en Brasil y los “ataques violentos contra los indígenas por el gobierno del actual presidente, Michel Temer, apoyado por los grandes productores que tiene muchos representantes que vienen del sector agropecuario en el Congreso",  explicó Thomas Brose, Director Ejecutivo de Alianza del Clima.

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Para Brose, una de las grandes dificultades de los pueblos indígenas es la legalización de sus territorios ya que “sin el territorio, los pueblos no pueden sobrevivir”. No obstante, y a pesar de que se trata de “la principal demanda de los pueblos indígenas”, “es un proceso muy difícil”. Otro problema es la protección de los derechos de estas comunidades, a pesar de que cuentan con herramientas internacionales como la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que este año cumple su décimo aniversario desde su adopción. “La base legal existe, lo que falta es la implementación de esas políticas: cualquier proyecto que afecte a los pueblos indígenas, ese pueblo, tiene derecho a la consulta previa”, recuerda el directivo.

No obstante, los derechos de estas comunidades suelen chocar con los intereses económicos de empresas y países, causando conflictos que provocan el desplazamiento de las comunidades y el asesinato de representantes indígenas. Por este motivo, Brose se cuestionó sobre la utilidad del derecho de la consulta previa, “si el proceso es solo para informar y cumplir con los requisitos legales, pero no va a influenciar la implementación del proyecto”, señaló.

Uniendo luchas

Brose es el director ejecutivo de Alianza del Clima, una red de municipios europeos que colabora con poblaciones indígenas y pone en práctica medidas locales en la lucha contra el cambio climático. Con sede en Frankfurt del Meno y cerca de 500 miembros alemanes (de un total de 1.700), la Alianza surgió en los años 90, cuando “personas individuales que trabajaban en municipalidades, tuvieron la visión de que el cambio climático iba a afectar a nivel local, tanto a los individuos como a los municipios”. La creación de la red coincidió con la deforestación de la Amazonía y la necesidad de apoyo internacional por parte de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “Se juntaron dos movimientos distintos que, en la época, no se veía la relación que tenían: los pueblos indígenas y el cambio climático”, apuntó.

Tras 25 años en marcha, Brose se mostró satisfecho del trabajo de la red ya que “hemos logrado que el cambio climático se entienda con una visión integral y no solo como una cuestión medioambiental”. Asimismo, destacó el papel de los pueblos indígenas como actores importantes en la lucha contra el cambio climático, ya que “más del 30% del carbono restante en la Amazonía se encuentra en territorios indígenas”, así como en el mantenimiento de la biodiversidad en los territorios. En este sentido, consideró que se ha conseguido cambiar la visión de los pueblos indígenas como comunidades que “no solo sufren problemas relacionados con el consumo de recursos naturales en sus territorios y discriminaciones por parte de sus gobiernos”, sino que “contribuyen con soluciones”, con formas de vida tradicionales que representan alternativas sostenibles.

Multiples colaboraciones 

Las actividades efectuadas por la Alianza van desde el apoyo para la hacer llegar la voz de los representantes de los pueblos indígenas en las cumbres internacionales sobre cambio climático y biodiversidad y poder intervenir, así, en la discusión en dichos procesos, hasta el intercambio entre representantes de comunidades indígenas con concejales de municipalidades, el apoyo legal en conflictos entre comunidades y proyectos empresariales y la presión a nivel nacional e internacional. “La Alianza se pronunció a favor de la iniciativa Yasuni organizando varias actividades en Europa y participando en la protesta en contra del Ministerio de Cooperación alemán que decidió no apoyarla económicamente”, recordó.

Asimismo, también se han llevado a cabo proyectos de cooperación, como un taller para la instalación de lámparas solares en Perú, en el marco del proyecto europeo "Oro Negro de bosques verdes - Petróleo en la Amazonía”. La iniciativa, que surgió a raíz de una visita de representantes de municipios de Alemania y Austria a la ciudad de Iquitos para solucionar los problemas de salud y contaminación de los ríos que sufren las comunidades debido al uso de energías fósiles, cuenta ya con 500 lámparas implantadas.”Las energías renovables pueden dar independencia energética a las comunidades generando un impacto en la región”, subrayó Brose.

La sensibilización sobre la relación entre la forma de vida en Europa y el consumo de energías fósiles con la región, es otra de las actividades de la Alianza, que dará a conocer un informe sobre esta cuestión en el marco de una conferencia anual que la red realizará el próximo mes de septiembre en Essen. Igualmente, la red ya está trabajando en un encuentro de representantes indígenas en motivo de la COP23 que se celebrará en noviembre en Bonn (Alemania). Para ello contará con el apoyo de la ciudad vecina de Colonia, que albergará una de las reuniones. El soporte que esta ciudad presta a las comunidades indígenas quedó patente ayer con la firma de un acuerdo con la comunidad Shipibo-Conibo. Dicha comunidad lucha contra la expansión de la plantación de aceite de palma en Perú debido al aumento de la demanda europea para elaborar biodiesel y reducir así las emisiones. “Las energías renovables no solo tienen beneficios, también tienen consecuencias para los pueblos indígenas”, concluyó Brose.