Tras el anuncio del cierre oficial delInstituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Argentina,  la mirada se vuelve hacia el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuya existencia también tiene los días contados. “El gobierno nacional está intentando cerrar el Instituto de Asuntos Indígenas que depende de la Ley Nacional 23.302. En el artículo quinto de esta ley dice: "el Presidente designará al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas", así que el Presidente está facultado a hacer lo que quiera con el organismo nacional”, lamenta en conversación con DW Félix Díaz, quien preside el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina.

A pesar de que “nunca se ha hecho un censo de la población indígena en Argentina porque no hay un registro propio del Estado”, Díaz puntualiza que “entre los líderes hacemos un cálculo de entre 4 y 5 millones”. “Hay 44 pueblos indígenas en Argentina que estamos dispersos en diferentes regiones: sur, norte, este, oeste y centro del país”, detalla.

Para Lola Rama, investigadora de la oenegé Survival Internacional, este es otro hecho más que reafirma una tendencia. “Existe un claro patrón de violencia y persecución política y social hacia los pueblos originarios por parte de los consecutivos gobiernos de Argentina”, asegura a DW.

Esta situación está creando alarma y desconcierto. “Esta decisión política bloquea la posibilidad de poder reclamar, denunciar los hechos que sufren los pueblos indígenas en sectores como la salud, agua, educación, tema laboral…”, crítica Díaz, también líder del pueblo Qom, localizado en la provincia de Formosa y que cuenta con una población aproximada de entre 6.000 y 7.000 personas.

Haciendo frente a la persecución y el despojo

“El caso de Félix Díaz y la persecución que sufre el pueblo Qom son claros ejemplos de racismo institucional y el intento de extinguir la lucha de estos pueblos por sus derechos más básicos”, denuncia la investigadora de la ONG, recordando que la vida del líder indígena corre peligro. “Desde Survival Internacional hemos contribuido a denunciar los intentos de asesinato (el último el pasado 28 de junio) de Félix Díaz, quien lleva décadas reclamando la devolución de buena parte del territorio ancestral de su pueblo, que les fue robado para la creación, y posterior ampliación, del Parque Nacional Río Pilcomayo”, agrega.

Para Díaz, el problema radica en que, a pesar de que la provincia cuente con la ‘Ley Integral del Aborigen’ y el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, “el país no tiene una ley que proteja las tierras comunitarias”.

“Es una deuda social del Estado con los pueblos indígenas porque dan un título precario a través de la titularidad de una asociación civil, que tiene que estar actualizándose cada dos años”, explica Díaz. Ello conlleva una serie de gestiones y si no actualizan su personalidad jurídica, los bienes pasan a manos del Estado y, en caso de abandono de sus tierras, los pueblos originarios no tienen derecho a reclamar.

“Nunca le dimos importancia a ser titular del territorio”, reconoce Díaz, lamentando que “los gobiernos aprovecharon ese desconocimiento y empezaron a manipular y decir que está bien ceder un territorio a cambio de una escuela, un centro de salud o un recurso social que el Estado destina a la población indígena”. “A partir de ahí, nuestro territorio se fue reduciendo y se instaló el Parque Nacional en nuestra zona”, agrega.

Territorio en disputa

Caracterizado por la presencia de humedales, sabanas, montes y selvas en galería que albergan una gran diversidad de aves, mamíferos y reptiles, “el Parque Nacional Pilcomayo conserva una porción de la región del Chaco húmedo“, explica a DW Gisela Infantino, Técnica en el Departamento de Conservación y Uso Público de dicho parque.

“Ancestralmente la región está habitada por el pueblo Qom, de tradición cazadora, recolectora y pescadora, que ha desarrollado estrategias sustentables de aprovechamiento de los recursos naturales combinando la pesca, la recolección de productos vegetales y la caza de diversas especies”, dice Infantino, asegurando que la relación con la comunidad, vecina del área protegida, “es de colaboración y de respeto mutuo”.

No obstante, Díaz critica que desde que el sitio se convirtió en área de conservación, han perdido el acceso “a ese lugar tradicional en el que están nuestros intereses como la espiritualidad, la medicina, el agua, la materia prima para la artesanía, la caza, la pesca…”.

Además de luchar por la recuperación de este territorio, el presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina recuerda que el principal reclamo de las comunidades “al Senado y la Cámara de Diputados es la ley de propiedad comunitaria indígena, que nunca se trató”.

En este sentido, Díaz se muestra poco esperanzado. “Nunca la van a tratar porque los intereses económicos de los gobiernos están en los territorios de las comunidades indígenas”, lamenta. “En el caso del gobierno de Javier Milei, parece que tiene toda intención de arrebatarles sus territorios ancestrales para venderlos al extractivismo”, agrega la investigadora de Survival Internacional.

(ers)