El presidente de Honduras ha sido relacionado con el narcotráfico, mientras EE. UU. busca cooperar con el país para enfrentar el desafío de la migración irregular. ¿Es posible esa cooperación?
Imagen: Guillermo Arias/AFP/Getty Images
Publicidad
Las sospechas contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández no son nuevas. Sin embargo, hasta hace poco, no había testigos y acusaciones concretas contra él. Hernández podría ser ahora acusado de facilitar el tráfico de cocaína hacia EE. UU. a cambio de sobornos. Y la noticia llega cuando el Gobierno estadounidense busca urgentemente cooperar con el país centroamericano, debido al creciente número de migrantes de origen hondureño que llegan a su frontera sur pidiendo refugio.
En una entrevista exclusiva con DW, en el año 2015, Hernández exclamaba orgulloso: "¡Nadie creía que en Honduras iba a ser exitosa la lucha contra las drogas y nosotros lo hemos logrado! Hemos iniciado una lucha contra la corrupción y los carteles de droga." De ser confirmadas las actuales acusaciones de testigos contra el presidente, estas declaraciones suyas habrían tenido lugar en medio de su cooperación con un sistema que pasaba miles de kilogramos de drogas a EE. UU.
Hernández podría ser ahora acusado de facilitar el tráfico de cocaína hacia EE. UU. a cambio de sobornos.Imagen: Reuters/J. Cabrera
"En las manos equivocadas"
La corrupción y la criminalidad son males que acompañan a Honduras desde hace décadas. "Mi país es hermoso, pero está en las manos equivocadas", comentaba un migrante hondureño en la frontera sur de EE. UU. Y esta parece precisamente la razón por la que tantos hondureños huyen de su país.
Durante el Gobierno de Barack Obama, EE. UU. intentó cooperar con Honduras en la lucha contra la corrupción. El entonces vicepresidente Joe Biden viajó varias veces a la región y logró que el Congreso pasara un paquete de ayuda de 750 millones de dólares para el "Triángulo Norte", como se conoce al grupo de países formado por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Publicidad
"Trump no creó el problema", pero se desentendió
Esta estrategia cambió por completo bajo el Gobierno de Donald Trump, cuya política era ignorar la corrupción desenfrenada en esta región y enfocarse en proteger sus fronteras. Esto permitió que la corrupción en Honduras floreciera aún más. "Trump no creó el problema", asegura Eric Olson, director del departamento de Centroamérica en la Seattle International Foundation, "pero tampoco protegió los aparatos y las instituciones contra la corrupción que se crearon bajo Obama y Biden", reconoce.
Como en muchos otros aspectos, el hoy presidente Biden pretende ahora cambiar la política de Trump hacia la región y resucitar la campaña anticorrupción y antiviolencia en Honduras y los demás países del "Triángulo Norte". De fondo, está la meta de evitar la llegada de más migrantes a la frontera. Pero, ¿cómo cooperar con un país cuya élite política está prácticamente teñida de corrupción y donde el propio presidente es acusado de ser un narcotraficante?
"Trabajaremos con quienes podamos trabajar"
"Lo que no se puede hacer es cortar por completo la relación con Honduras, como algunos sugieren", añade Olson. "El Gobierno de Biden tiene que lidiar con el Gobierno hondureño aunque no le guste lo que hace su élite. La solución es buscar, además, una cooperación más estrecha con la sociedad civil en Honduras, con las organizaciones y las personas que no están involucradas en el sistema corrupto", sugiere el experto.
Y esto es algo que la Casa Blanca afirma que planea hacer, sin embargo, aún no parece tener un plan concreto. "Trabajaremos con quienes podamos trabajar", ha afirmado Roberta Jacobsen, la encargada de la frontera sur en la Casa Blanca. "Y en algunos países claro que será difícil, si tienes a trabajadores públicos involucrados en corrupción", reconoce.
El Senado de EE. UU. es algo más concreto. Mediante una nueva iniciativa de ley, los Senadores demócratas proponen una lucha contra la corrupción en Honduras, aislando al presidente Hernández e imponiendo sanciones contra ciertos miembros del Ejército y funcionarios públicos.
El Senador Jeff Merkley, del estado de Oregon, añadió en un comunicado que, "si no se hace que el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, funcionarios nacionales y miembros de la policía y el Ejército rindan cuentas por estos delitos, se alimentará la pobreza y la violencia, y más familias estarán obligadas a huir de su país."
Pobreza y violencia obligan a las familias a huir de Honduras.Imagen: Adrees Latif/REUTERS
Sanciones y ayuda
Sin embargo, las sanciones serían solo una pequeña parte de la solución, opina Olson. "Tendrán que ir acompañadas de lo más importante en la relación con Honduras, que es la ayuda en la lucha contra impunidad, la criminalidad y la corrupción", advierte.
No obstante, estas medidas aún están lejos de ocurrir en la práctica. La propuesta del Senado tendrá que pasar primero por el aparato legislativo, antes de entrar en vigor.
Mientras tanto, los problemas en Honduras continúan día a día, y cada vez más personas emprenden el peligroso viaje hacia el norte, huyendo de la criminalidad en su país. Pero, al menos ahora, se vuelve a hablar de Honduras en Washington. Así que la élite política hondureña debería tomar nota de ello. (rml)
Honduras, el reino de la fuerza bruta
En Honduras, entre diez y doce personas mueren a diario por causas violentas. Ese riesgo lleva a un segmento nada desdeñable de su población a huir en caravanas, con la vida por todo tesoro, hacia países menos inhóspitos
Imagen: Reuters/E. Garrido
De la fiesta, la resaca
En esta nación centroamericana, cada año suele empezar y terminar como los anteriores: con el silencio de los muertos y el llanto de los dolientes. Fuentes policiales informaron que al menos trece personas fueron asesinadas –diez de ellas con armas de fuego– durante las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. Las mismas celebraciones dejaron al menos veinte muertos en 2017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
En las manos equivocadas
A lo largo de 2018, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) decomisó aproximadamente 2.400 armas de distinto calibre en territorio hondureño tras determinar que eran portadas ilegalmente. 123 de ellas, piezas de alto poder, eran utilizadas por bandas criminales. Un año antes, la cifra de armas de fuego decomisadas por tenencia ilegal fue de 3017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
El saldo del negocio
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) sostiene que Honduras cerró 2018 con un saldo de 3.614 homicidios. Muchos de esos asesinatos son producto de la violencia asociada al narcotráfico. El año pasado, las autoridades locales decomisaron más de 8,7 toneladas de drogas y detuvieron a más de 12.000 personas, principalmente por vínculos con bandas criminales.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Las pandillas del Triángulo Norte
Las autoridades de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador– planean asestarles duros golpes a las pandillas con la operación “Escudo Regional III”, que contempla allanamientos, decomisos, capturas y acciones penales públicas contra cabecillas y miembros de grupos como la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 (dos integrantes en la foto).
Imagen: Reuters/E. Garrido
“Escudo Regional III”
La operación “Escudo Regional III” buscará echarles el guante a bandas responsables de “una gran cantidad de delitos de asesinato, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, robo agravado, robo de vehículo agravado, adquisición de vehículo robado, uso ilegal de armas prohibidas, porte ilegal de arma de fuego comercial y asociación ilícita”, informó el Ministerio Público hondureño.
Imagen: picture-alliance/dpa
La “mano dura” estatal
No toda la violencia prevalente en Honduras es atribuida a las bandas criminales. Según varias organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández viola sistemáticamente los derechos humanos de quienes lo acusan de haber cometido fraude para garantizar su reelección como presidente en los comicios de noviembre de 2017. Se habla de asesinatos (38) y persecución política (465).
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
Mujeres y niños primero
Unas 6.000 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y el primer semestre de 2018. Más del 90 por ciento de los casos está impune por falta de investigación, sostiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Las mujeres y los niños suelen ser víctimas de las formas de violencia más disímiles: la de las bandas criminales y la ejercida por sus allegados en casa.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Violencia de género
El CONADEH asegura que cientos de hondureñas se ven forzadas a abandonar sus hogares por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes llevado a cabo por bandas criminales. Pero, además, las mujeres son vulnerables en sus propias casas y, cuando son asesinadas, los homicidas suelen dejar indicios de saña, crueldad y odio.
Imagen: Reuters/E. Garrido
La impunidad como motor
La Asociación para una Ciudadanía Participativa presentó un informe según el cual más del 90 por ciento de los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos quedaron impunes en Honduras en 2018. A juicio de sus voceros, eso propicia la violencia al evidenciar la debilidad de las instituciones y le da impulso a la emigración masiva, por la desconfianza que inspira la Justicia local.
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
¡Adiós, Honduras!
En diciembre de 2018, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicaron un atlas que refleja detalladamente los ciclos migratorios en el norte de Centroamérica. Según ese mapa, el número de hondureños que abandonaron su país aumentó en un 94 por ciento entre los años 2000 y 2010. Nada apunta a que ese éxodo amaine.
Imagen: Getty Images/AFP/P. Pardo
Turismo improbable
El Gobierno de Estados Unidos les desaconseja a sus ciudadanos viajar a Honduras debido a los niveles de violencia que allí se registran. No obstante, el Ejecutivo de Donald Trump ha sido criticado por cancelar la protección migratoria especial concedida a 57.000 hondureños después de que el huracán “Mitch” devastara a su país en 1998; ellos sí que deberán regresar a esa realidad a corto plazo.
