Fabián vive en Tucson desde 1993 y hace unos días se llevó una sorpresa: a las 5 am llegaron agentes de migraciones a su casa y, delante de sus hijos y esposa, se lo llevaron para deportarlo. José estaba en Phoenix desde hace cuatro años, cometió una infracción de tránsito y por eso fue expulsado de Estados Unidos vistiendo short y sandalias. Estos son solo dos de los 73 casos que se registraron en Sonora a fines de enero y que son consignados en un reportaje de la cadena Televisa. Son las primeras señales de que la mano dura contra los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos se viene fuerte.

Al dar a conocer las nuevas directrices para reforzar el control migratorio, el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, sentó las bases de un agresivo plan que busca acelerar la expulsión de indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes para hacer menos permeable la frontera. El tema no es baladí, y este miércoles (22.02.2017) fue puesto por el gobierno de México como primer punto a tratar con los secretarios Rex Tillerson (de Estado) y John Kelly (de Seguridad Nacional), de visita en Ciudad de México.

El problema tiene varias aristas para México, que incluso fue acusado por Amnistía Internacional de "hacer el trabajo sucio de Estados Unidos” por deportar a los centroamericanos que pasan por su territorio para intentar cumplir el "sueño americano”. Por ejemplo, pone en aprietos al presidente Enrique Peña Nieto, de por sí muy alicaído en las encuestas. Además, añade presión a la debilitada economía del país y somete a prueba a unas instituciones que pueden verse superadas si el plan de deportaciones se convierte en una avalancha incontrolable para las autoridades.

"No está preparado”

"México no está preparado en términos de infraestructura ni tampoco en términos de políticas”, dice a DW Rodolfo Aguirre, coordinador de los programas de Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos de la Fundación Heinrich Böll en México. "Ya lo estamos viendo en Tijuana, donde los migrantes potenciales se atoran y a veces quedan en la calle. Es obvio que eso va a agravarse”, dice el experto, pues si se produce una deportación masiva, los estados mexicanos fronterizos se verán desbordados.

"Sabemos que la economía mexicana tiene grandes déficits. Va a ser muy difícil que esta gente que va a llegar se inserte en un mercado laboral ya saturado y precarizado. Es decir, la economía mexicana ni siquiera está generando los empleos suficientes para la demanda que ya existe. No se ve que el Gobierno y el país como tal estén preparados para recibir a los migrantes que van a ser deportados”, agrega el especialista.

Se trata de una visión que es compartida por otras instancias, a pesar de que el Gobierno ha dicho que tienen capacidad instalada para recibir hasta 600 mil eventuales deportados. “Si cientos de miles o hasta millones de mexicanos vuelven, no veo que el país esté preparado. Un retorno de ese tamaño abre frentes múltiples en áreas donde ya existen muchos problemas: mercado del trabajo, problemas sociales, seguridad ciudadana, crimen organizado, salud, educación y pobreza. Ni pensar en el impacto en la política interna con vista a las elecciones presidenciales de 2018. El populismo de izquierda podría crecer mucho y la estabilidad del país puede correr un grave riesgo”, dice a DW Stefan Jost, representante en México de la Fundación Konrad Adenauer.

Efectos políticos y económicos

A fines de enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció haber ordenado que "50 consulados de México en Estados Unidos" se conviertan en "auténticas defensorías de los derechos de los migrantes". Anunció, además, otros planes. "No conozco esos planes, no ha habido una difusión de una política concreta… No me aventuraría a ser tajante, pero me parece que no la hay”, dice a DW Aguirre, quien ve un "panorama muy sombrío, especialmente en la zona fronteriza” donde esperan quienes quieren migrar y los que están volviendo y no tienen dónde quedarse porque retornan sin dinero ni contactos.

Las consecuencias van más allá. "Yo creo que el presidente está muy debilitado y se está viendo rebasado por la situación. Tenemos un presidente que se ve falto de carácter ante un oponente importante. Se ve temeroso y las reacciones ni siquiera son contundentes a nivel discursivo. Hay un riesgo muy grande de que esto afecte a las aspiraciones del futuro candidato presidencial de su partido y es probable que se generen más estallidos sociales de los que hemos visto”, piensa Aguirre.

Eso, sin olvidar el factor económico, sumamente relevante. "México recibe unos 25.000 millones de dólares anuales en remesas, dinero que en términos macroeconómicos ayuda a equilibrar la cuenta corriente y, en términos microeconómicos, ayuda a muchas familias que dependen de esos ingresos. En resumen, se está configurando una situación explosiva en términos sociales y una precarización en términos económicos, y no se ve que el gobierno tenga un plan para enfrentar eso”.