Queda claro: Venezuela podrá recurrir ante los tribunales de la Unión Europea las sanciones que le impusieron a finales de 2017. Esto se refiere a la prohibición -aprobada por el Consejo de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE- a cualquier persona o ente europeo, de vender al gobierno de Caracas equipo militar o de seguridad que pudiera ser utilizado para reprimir a su pueblo.

Se trata "de cerrar cualquier posibilidad de que, desde Europa, se comercialice, venda o suministre cualquier tipo de equipo militar, bombas lacrimógenas, chalecos, etc.”, explica a DW Mariano De Alba, especialista en derecho internacional del think tank Crisis Group.

"Hay que recordar que, de abril a julio de 2017,Venezuela vivió una época de protestas muy intensa. Hubo altísima represión, persecución política, torturas, algunos asesinatos, detenciones arbitrarias. El Consejo Europeo reaccionó con esa medida”, puntualiza.

Venezuela se opuso; su  recurso fue rechazado como no admisible por el Tribunal General (TGUE), en septiembre de 2019; a la apelación respondió el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en enero de 2021: se aceptaba el caso.

Hace una semana, el TJUE falló que, efectivamente, Venezuela puede llevar a juicio a la UE por esas sanciones que el país sudamericano considera injustificadas.

Bruselas reacciona

"El Consejo analizará cuidadosamente el fallo y decidirá con esa base el camino a seguir”, explican a DW fuentes oficiales. El fallo de la Corte responde a la cuestión de si un Estado tercero, no miembro de la UE, está en capacidad de cuestionar las medidas restrictivas que adopta el Consejo, máxima instancia del bloque europeo.

Cabe recordar que, en mayo de 2018, el Consejo adicionó sanciones individualizadas -flexibles y reversibles- a once miembros del gobierno de Nicolás Maduro, por su participación en actos represivos y de violación a derechos humanos y civiles. Y los sancionados han ido creciendo. Entretanto, son 55 los miembros del gobierno venezolano sobre los que pende tanto la imposibilidad de acceder a territorio comunitario como la congelación de los activosque puedan tener en el sistema financiero comunitario.

Derecho al debido proceso

En cualquier caso, de llegar a juicio, "los abogados de la UE van a tener que probar dos cosas”, explica De Alba. "La primera: la justificación legal, es decir las normas que permiten tal reglamento. Esas normas existen y el Consejo está facultado. El segundo punto es la justificación fáctica: demostrar que en 2017 y en los años subsiguientes hubo gran violación de derechos humanos y represión y que para ello, por lo menos durante 2017, se utilizó, efectivamente, determinados equipos militares y de seguridad”, puntualiza.

Aunque las decisiones del Consejo se basan, entre otros, en informes internacionales, no sería la primera vez que sanciones impuestas por la UE son revocadas. Tres ejemplos: en 2013, el Tribunal General levantó sanciones a varias empresas iraníes por no haberse podido comprobar sus vínculos con el polémico programa nuclear de Irán; en 2015, a empresas y miembros del gobiernos bielorruso que pudieron probar no haber participado en la represión; en 2019, se falló a favor de levantar las sanciones por malversación de fondos al ucraniano Víctor Yanukóvich.

¿Quién tiene derecho a imponer sanciones?

Con todo, dado el instrumento europeo de sanciones, aprobado en diciembre de 2020, cabe la pregunta: ¿tiene la UE derecho a imponer sanciones a gobiernos, entidades, organizaciones y personas? Fuentes venezolanas afirman que no. 

¿Cómo se ve esto desde el derecho internacional? "Se aduce que las medidas que adopta tanto Estados Unidos como la Unión Europea, dado que afectan a su territorio, no son ilegales. Existen las medidas norteamericanas que sí, claramente, tienen efectos extraterritoriales. Desde la UE se aduce que esas medidas restrictivas afectan, básicamente, a Europa. El debate, no obstante, no está resuelto. Solo para las sanciones que adopta Naciones Unidas, la respuesta es clarísima”, concluye De Alba.

Fuentes europeas afirman, por su parte, que "este fallo del TJUE no afecta a las sanciones individualizadas sobre los 55 miembros del gobierno venezolano”. Y hacen hincapié en que las medidas restrictivas individualizadas respetan los derechos fundamentales estipulados en los tratados de la UE y en la Carta de Derechos Fundamentales. El derecho al debido proceso, afirman, es parte de ellos.