Deutsche Welle: Dr. Gergen, la Fiscalía de Schleswig-Holstein pidió el 22 de mayo prisión preventiva para el líder independentista catalán Carles Puigdemont. ¿Qué significa para Puigdemont esa solicitud de la Fiscalía de Schleswig-Holstein (SH)?

Thomas Gergen: La Fiscalía de Schleswig-Holstein había verificado el escrito de la demanda hecha por España y la sostuvo. Pero el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein no dio lugar a dicha demanda. Por lo tanto, sucede lo mismo que con una presentación de demanda alemana: el tribunal no dio lugar a los indicios que la Fiscalía consideraba concluyentes. Es decir, que, en un llamado "proceso intermedio” se rechaza la apertura de un proceso principal, de modo tal que no se llega a un juicio.

¿Puede la Fiscalía seguir haciendo valer todavía hoy las acusaciones de "rebelión”?

La Justicia alemana ha verificado una vez más los hechos presentados por España y no dio lugar a la acusación, por lo cual esta ya está "usada”. A no ser que la Fiscalía vuelva a presentar pruebas.

En su opinión, ¿Puigdemont está liderando un gobierno ilegal desde el extranjero? ¿Se lo podría acusar de eso? Mejor dicho, ¿no está cometiendo Puigdemont un delito de rebelión al nombrar desde Alemania a consejeros que están en prisión en España?

En el caso Puigdemont, la política, el derecho y los procesos históricos están estrechamente ligados. Es la Justicia española la que debe juzgar si el expresidente catalán está liderando un gobierno desde el exterior. El nombramiento de consejeros solo es lícito si Puigdemont está facultado para ello. Según el derecho general español, no lo está. Según el derecho regional español, es rebatible que lo esté. Carles Puigdemont está legitimado por el pueblo en tanto su política se fundamenta en la cadena democrática de legitimación. Pero formalmente, su cargo ya pasó, e incluso está en tela de juicio, por lo tanto, se trata de un error legal formal. Puigdemont usa esa discrepancia para hacer historia: si él o su movimiento triunfaran, podría ignorarse ese error legal. Por el contrario: él habría impuesto la voluntad del pueblo por encima de cualquier formalidad legal, tal como lo querían él y la mayoría en el Parlamento de Cataluña.

¿Qué le espera a Puigdemont a partir de ahora? ¿Puede moverse libremente por Europa?

En Alemania sí puede hacerlo. En otros países, eso se deberá comprobar en cada caso individual.

Luego de las recientes informaciones proporcionadas por la Justicia de España, a la acusación de rebelión se podría sumar el cargo de perturbación agravada del orden público, porque los videos entregados por la Fiscalía mostrarían actos de violencia contra la Policía española. Es decir, ahora se sumaría la acusación de ejercicio de la violencia. ¿Cree que Puigdemont podría ser extraditado a España en los próximos días?

Las nuevas acusaciones deben ser presentadas por la Fiscalía en una nueva demanda ante un tribunal alemán responsable, ahora, probablemente, en Berlín. Solo entonces se podría decidir sobre una extradición de Puigdemont.

Pero, ¿cómo es considerada, en este contexto, la violencia que ejerció la Policía española contra los catalanes durante el referéndum? ¿Esa violencia no es reconocida como tal por la Justicia española, y en caso de ser tomada en cuenta, no sería reconocida por la Justicia alemana?

Eso es muy interesante y se está tomando muy poco en consideración. El comportamiento de la Policía española solo se puede juzgar de acuerdo con el derecho español y en eso los otros países no tienen nada que decir. Pero esa violencia sí podría ser tomada en cuenta por un tribunal español que juzgara la culpabilidad de Puigdemont. Es decir, que ese tema podría tocarse en beneficio de Puigdemont.

¿Cómo ve usted este caso desde la perspectiva europea de la Justicia? ¿Es Puigdemont un preso político?

El derecho penal europeo aún está en sus inicios. En este proceso, altamente político, se nota que los sistemas de los diferentes países no están sincronizados los unos con los otros y que la Justicia alemana toma decisiones muy cuidadosas y muy buenas. No se ha dejado llevar por la política y ha aplicado muy bien el principio de la división de poderes. España tuvo que aprender que su apreciación de lo penal no es aplicable en un cien por ciento a los sistemas jurídicos de otros países, en este caso, de Alemania. Pienso que la mayoría de los países también lo ve así. En Alemania, Puigdemont no puede ser considerado un preso político.

¿Qué deben hacer ahora la Justicia alemana y la europea, en su opinión, para solucionar este conflicto jurídico?

No es el Poder Judicial el que está en la obligación de solucionarlo, sino el Poder Ejecutivo. Se debe intentar convencer a España de que acceda a negociar un nuevo estatuto nacional en el que Cataluña obtenga más derechos. Se debería también proponer que el Estado español central tenga menos competencias en la formación de gobierno de las diferentes Comunidades Autónomas. Al mismo tiempo, estas son solo sugerencias, ya que la soberanía española es un bien mayor en el que otros países no pueden ni deben entrometerse, sino solo aconsejar. Pero para eso existe Europa: para sostener la diversidad. Pero, si un país se aleja demasiado de eso, entonces Europa debería ofrecer incentivos para fortalecer la soberanía popular a escala internacional, en este caso, la de los catalanes.

El profesor Thomas Gergen es catedrático de Derecho Internacional en el Instituto Superior de Economía de la Universidad de Luxemburgo (ISEC) y autor del libro "Legalidad lingüística en Cataluña" (2000).

Entrevista: Cristina Papaleo (ELM)

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