Cuando DW habló con el catedrático estadounidense Evan Ellis sobre la crisis político-institucional de Venezuela en mayo de 2017, su diagnóstico se convirtió en objeto de debate inmediato en las redes sociales, dentro y fuera de la nación caribeña. “Lo que ocurre en Venezuela no es una cuestión de política o de relaciones internacionales, sino un gran golpe del crimen organizado: un grupo de criminales ha tomado control del Estado y asaltado su tesorería”, sostenía el profesor del Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Army War College de Estados Unidos, especializado en la investigación del acontecer latinoamericano.

“El problema de fondo es que no existe un mecanismo jurídico internacional ni un modelo de cooperación regional que permita rescatar a un Estado en esas circunstancias sin violar su soberanía”, argüía Ellis y agregaba que, “apartando formas de resistencia más agresivas que las vistas hasta ahora, que sin duda desembocarían en una tragedia, no hay muchas otras opciones para sacar al país del atolladero en que está. Pero la población venezolana está desarmada porque así lo establece la Constitución…”. El docente de Carlisle, Pensilvania, aludía tácitamente a una intervención militar externa y a un golpe de Estado como ultima ratio.

Desde entonces, la discusión de estas alternativas parece haber dejado de ser tabú. “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una militar, si es necesaria”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en agosto de 2017. Su consejero de Seguridad Nacional, H. R. McMaster, confirmó que esa posibilidad estaba siendo sopesada. El 1 de febrero de 2018, poco antes de su gira por América Latina, el ex Secretario de Estado Rex Tillerson matizó esas declaraciones al alegar que la Casa Blanca no pretendía derrocar al hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, y sugerir que eran los soldados venezolanos quienes se encargarían de ello.

Una semana más tarde, el senador republicano Marco Rubio, figura clave en el diseño de la política de Trump para Venezuela, fue más allá y sostuvo que “el mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas de Venezuela si decidieran proteger al pueblo y restaurar la democracia deponiendo al dictador”. Poco después, el 2 de marzo, comenzó lo que varios analistas políticos perciben como una purga extraordinaria en la institución castrense venezolana. En entrevista con DW, la periodista Sebastiana Barráez aporta más detalles sobre la ola de arrestos de uniformados que ha tenido lugar cuando faltan sólo dos meses para los comicios presidenciales.

Deutsche Welle: Licenciada Barráez, usted lleva cubriendo la fuente militar para varios medios por mucho tiempo, ¿qué importancia le da usted a la más reciente serie de detenciones de oficiales del Ejército, en comparación con las que se han registrado en años anteriores?

Sebastiana Barráez:   Esta es la más significativa desde 1999, cuando Hugo Chávez ascendió a la jefatura del Gobierno, porque los oficiales detenidos no son opositores antichavistas. Al contrario, tengo entendido que ellos admitieron el motivo que los llevó a conspirar: su deseo de rescatar la ‘Revolución Bolivariana’, tal como la impulsó el difunto Chávez. No se registró un acto de rebelión flagrante, pero, gracias a la delación de una subalterna, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se percató de que el teniente coronel Igbert Marín Chaparro había asumido una postura crítica de cara al status quo y le siguió la pista.

A los ojos del estamento chavista, Marín Chaparro era un hombre de absoluta confianza; el cargo que él tenía cuando lo detuvieron no lo ostenta cualquiera: Marín Chaparro fue nombrado comandante del Batallón de Ingeniería Motorizada Juan Pablo Ayala, que, junto a las sedes del Ministerio de la Defensa y de la Comandancia General del Ejército, está ubicado dentro del Fuerte Tiuna, el corazón militar de Venezuela. Lo que tiene preocupado a Maduro es precisamente el compromiso de los conspiradores con el proyecto político de Chávez; ellos no son opositores antichavistas, sino astilla de ese palo que es la ‘Revolución Bolivariana'.

El régimen de Maduro se ha ufanado varias veces de haber desarticulado asonadas golpistas; pero casi nunca ha dado detalles sobre la suerte corrida por los militares o policías involucrados. ¿Por qué fueron revelados tan rápidamente los nombres de los detenidos el pasado 2 de marzo?

Bueno, aún no se sabe cuántos militares estaban conspirando ni han sido publicados los nombres de todos los sospechosos. Hubo decenas de arrestos. Algunos oficiales han sido liberados, pero muchos otros siguen detenidos porque asistieron a reuniones clandestinas, porque fueron invitados y no advirtieron al Gobierno, o porque aparecen en los directorios de los teléfonos móviles de los arrestados. No obstante, yo entiendo su pregunta… Los nombres de nueve oficiales detenidos circularon inmediatamente por los medios debido a la celeridad con que éstos fueron imputados y también por el hecho de no ser opositores antichavistas.

Me explico: en el pasado, los militares detenidos por presunta conspiración contra el Gobierno solían desaparecer durante semanas; no se les permitía ofrecer declaraciones ni ver a sus abogados o a sus familiares porque eran disidentes identificados con la oposición antichavista. Pero Marín Chaparro y sus camaradas son chavistas descontentos con la gestión de Maduro. El Gobierno de Maduro sabía que, si los desaparecía, la conspiración podía convertirse en una bola de nieve e incrementar el número de adeptos de los conspiradores. Lo mismo aplica para la detención del ex mayor general Miguel Rodríguez Torres el 13 de marzo…

...Miguel Rodríguez Torres fue compañero de armas de Chávez durante la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 y, años más tarde, fue un funcionario de su Gobierno: fue ministro del Interior y fundó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuyos agentes han sido acusados de violar los derechos humanos de cientos de personas que manifestaron contra el régimen de Maduro…

…Exacto. Era previsible que lo detuvieran. Rodríguez Torres y los oficiales arrestados el 2 de marzo coinciden en algunos puntos; ninguno de ellos se identifica como antichavista y todos rechazan a Maduro porque, a sus ojos, Maduro ha sacrificado la ‘Revolución Bolivariana’ para mantenerse en el poder. Buenas parte de la oposición antichavista ha hecho todo el ruido posible para que se respeten los derechos humanos de Rodríguez Torres porque, cuando éste se unió al Frente Amplio Venezuela Libre, él fortaleció a esa red que busca restaurar el orden constitucional en el país. Pero Rodríguez Torres no es antichavista.

Volviendo a su argumento sobre el trato especial que supuestamente se les está dando a los oficiales detenidos por conspiración el 2 de marzo: fuera de las Fuerzas Armadas venezolanas ya se ha desatado una purga importante y no se puede decir que Maduro haya tratado con guantes de seda a Rafael Ramírez, por ejemplo, quien gozaba de la absoluta confianza de Chávez. Ramírez fue ministro de Petróleo y Minería durante doce años, presidente de la petrolera estatal durante una década, ministro de Exteriores y representante permanente del país ante la ONU y su Consejo de Seguridad… Ahora Ramírez da la impresión de ser el chivo expiatorio de Maduro para recuperar la confianza de sus electores tradicionales.

Desde hace algunos años, el Gobierno de Maduro viene separando de sus cargos a gente como Rafael Ramírez, la ex fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz, el exministro de Planificación Jorge Giordani y el exministro de Educación Héctor Navarro, quien llegó a ser director nacional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero la destitución de estos funcionarios no causó un cisma en el bloque chavista porque ellos carecían de capital político, de liderazgo, de seguidores. En cambio, los oficiales detenidos el 2 de marzo gozan de un gran respeto entre sus subalternos y tienen poder de convocatoria.

La particularidad que tiene esta ola de arrestos de militares es que revela una verdadera fractura en el seno del chavismo. De hecho, yo creo que va a haber muchas más detenciones en el futuro cercano.

Si estos militares conspiraron contra Maduro por ‘traicionar el legado de Chávez’, como usted dice, lo más lógico es que ellos hayan tenido contacto con los políticos del ‘chavismo disidente’. Usted escribe para la agencia de información Punto de Corte, fundada por el prominente chavista no-madurista Nicmer Evans, ¿qué sabe sobre los vínculos entre los unos y los otros?

Aunque es posible que hayan tenido contacto, yo lo dudo. Yo llevo años cubriendo la fuente militar y me consta que el mundo castrense es muy hermético, los uniformados no se abren fácilmente al mundo civil. Es más, Miguel Rodríguez Torres se convirtió en un problema para el Gobierno de Maduro precisamente por su facultad para servir como vaso comunicante entre el ámbito militar y el civil. Rodríguez Torres sabe manejarse muy bien en ambos contextos: cuando él fue jefe de inteligencia y ministro del Interior, tendió muchos puentes hacia las Fuerzas Armadas, hacia las Policías, hacia la élite oficialista y también hacia la oposición.

Maduro terminó viendo a Rodríguez Torres como un hombre peligroso porque cultivaba muchos contactos, tenía control de armas y podía levantar un movimiento en su contra. Esa es la razón por la cual Maduro lo saca del poder.

Evan Romero-Castillo (ELM)