La nueva ley, que entra en vigor con la firma del presidente Putin, obliga a todas las ONGs en el futuro a declarar la procedencia de sus ayudas del extranjero si no quieren sufrir multas o incluso penas de cárcel.

Defensores de los derechos humanos en Rusia temen ahora que se extienda la apreciación de “espías” a numerosos agentes sociales. A partir de ahora, los activistas de organizaciones que reciban fondos de otros países para participar en la vida política en Rusia deben darse a conocer oficialmente como "agentes extranjeros".

Libertad de reunión

En junio, Putin había firmado también otra controvertida ley que restringe la libertad de reunión en el país, pese a que el Consejo de Derechos Humanos del Kremlin le había pedido que no lo hiciera. La norma prevé un drástico aumento de las multas por incumplir las normas que regulan el derecho a manifestarse. Los infractores pagarán hasta un millón de rublos (23.800 euros), o bien deberán cumplir 200 horas de trabajo comunitario.

Defensores de los derechos civiles y opositores criticaron en ese momento el documento, definiéndolo como inconstitucional y como el paso definitivo hacia un Estado policial.

Fuente: dpa

Editora: Emilia Rojas