Hace un año ya, después del terremoto y el asesinato del presidente Jovenel Moïse,por la inseguridad, Médicos sin Fronteras tuvo que cerrar su centro de urgencias en Martissant, Puerto Príncipe. La situación no ha hecho sino empeorar: en un comunicado de agosto de 2022, la organización humanitaria apela a permitir el acceso libre y permanente a los servicios de base.

Bandas armadas han tomado el control territorial de los barrios. Desplazamientos, desapariciones, muertes, violaciones masivas de menores: el impacto del descontrol institucional en Puerto Príncipe lo paga la población.

Desde la  Delegación de la Unión Europea (UE), presente en Haití con su cooperación y ayuda humanitaria desde hace muchos años, se exige "el cese inmediato de estos actos repugnantes, así como el de los enfrentamientos armados y de toda acción violenta". Las víctimas deben poder acceder a la asistencia humanitaria esencial.

Según datos de la Protección Civil y Ayuda Humanitaria Europea (ECHO), a junio de 2022, en todo el territorio de Haití había 4,4 millones de haitianos en inseguridad alimentaria y 3,5 en especial vulnerabilidad social, económica y ambiental. Especialmente la población que sufre desde hace un año las consecuencias del último terremoto. La ayuda humanitaria en 2021 fue de 17 millones de euros, para paliar las necesidades básicas, sobre todo del departamento de Grand Anse, en el extremo sur del país.

Por tierra, mar y aire

Pero "hay un problema de acceso. Desde hace un año, el barrio de Martissant, por donde pasa la carretera al sur, está controlado completamente por bandas armadas. Por vía terrestre, el sur es inalcanzable”, cuenta a DW Fréderic Thomas, investigador del Centre Tricontinental (CETRI), con sede en Lovaina la Nueva.

"Lo han intentado por mar, pero también en las últimas semanas ha habido ataques. Tanto en el sur como en la capital, si la ayuda humanitaria quiere llegar a las personas, las organizaciones tienen que negociar con las bandas y, en ciertos territorios, aseguran ellas la distribución”, agrega.

En esta situación, tres puentes aéreos fueron coordinados y financiados por la Ayuda Humanitaria Europea en el último año. Por otro lado, son las agencias de Naciones Unidas (FAO, OCHA, OIM) u organizaciones internacionales como la Cruz Roja las que gestionan en el terreno.

Siendo un país especialmente golpeado por huracanes y terremotos, desde 1994 la UE ha destinado 451 millones de euros a la ayuda humanitaria. En ella se incluye la repatriación de migrantes: entre enero y junio de este año la cantidad ascendió a 19.000 personas. "Pero la ayuda humanitaria no puede solucionar la situación”, advierte el investigador del CETRI.

Aportar a la producción local y la educación

Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe y el menos desarrollado del hemisferio occidental arrastra problemas estructurales. Dada su debilidad institucional, la desigualdad y la inseguridad, Haití recibirá de la UE, en el período 2021-2024, 120 millones de euros. Las áreas prioritarias de la cooperación europea serán aumentar la producción alimentaria y la industria local y asegurar educación. A largo plazo, la ecuación de la cooperación europea es clara: la educación contribuye a crear oportunidades para los jóvenes, reduciendo su reclutamiento en bandas criminales. Así se ataca la violencia.

"Bandas criminales siempre ha habido en Haití. Pero su explosión fue después de la primera masacre a finales de 2018, cuando el gobierno de Jovenel Moïse las instrumentalizó para reprimir el movimiento social. Empezaron a ganar poder en términos de territorios, armas y control de accesos. El problema ha sido ampliado por la impunidad y alimentado desde el poder económico y político”, asevera.

¿Fondos para la gobernanza democrática?

Cabe recordar que antes del magnicidio de 2021, el gobierno de Moïse arrastraba meses de crisis de legitimidad, algo que dificultaba la convocatoria a elecciones.  

"Más de un año después no tenemos elecciones ni fechas”, dice Thomas. El investigador del CETRI, como buena parte de la sociedad civil haitiana, no  ve la salida ni en una intervención de fuerzas pacificadoras ni unas nuevas elecciones. Esta última es la solución que prefiere la UE en su afán por orientar su fondos a cooperar con la gobernanza democrática. 

"Lo que quiere la gente de Haití es que acabe la impunidad, que los responsables sean juzgados. Está harta de la clase política", dice el especialista. El 20% de participación electoral, una de las menores del mundo, serían prueba de ello. 

Para las elecciones anteriores había más de cien nuevos partidos inscritos. "Lo hacen para captar recursos. Ahora que las bandas armadas controlan los territorios, asegurarán la victoria de cualquier candidato que les pague”, prevé Thomas.  

(ers)