En Alemania, el artículo 22 de la Ley de la Policía Federal establece que sus agentes tienen permitido solicitar e inspeccionar los documentos de identificación de una persona en estaciones de ferrocarril, aeropuertos y trenes si ellos sospechan que ésta ha entrado ilegalmente al territorio nacional. Pero esa norma ha sido criticada por el Instituto Alemán de Derechos Humanos porque propicia la práctica del "racial profiling”, es decir, la asunción de "perfiles étnicos” determinados como bases de sospechas para la prevención de delitos. "Esa regulación hace posible que los policías federales lleven a cabo controles personales selectivos y, en consecuencia, racistas, echando mano a sospechas vagas”, sostienen en ese organismo independiente que asesora al Ejecutivo y al Parlamento.

El actual Gobierno alemán entiende por "racial profiling” la "implementación de medidas soberanas exclusivamente sobre la base de los rasgos físicos distintivos de las personas, independientemente de que exista sospecha alguna en su contra”. En un documento publicado por el Bundestag en 2012, el Ejecutivo señaló que el "racial profiling” es "incompatible con el Derecho alemán vigente” y aseguró que "no es practicado en el seno de la Policía federal”. No obstante, antes y después de esa fecha, las fuerzas policiales han sido acusadas de practicar cacheos y otros controles personales injustificados, guiados únicamente por el fenotipo de las personas. El caso reciente más llamativo –por las dimensiones del operativo de seguridad en cuestión– data del 1 de enero de 2017.

Un caso llamativo

Ese día, la Policía de Colonia comunicó vía Twitter: "En la estación central de trenes están siendo cacheados varios centenares de nafris”. Según un documento confidencial al que tuvo acceso el diario Bild, "nafri” es el acrónimo con que esa gendarmería designa a delincuentes juveniles probados de origen norafricano, es decir, de nacionalidad marroquí, argelina, tunecina, libia o egipcia. Un portavoz del Ministerio del Interior negó que "nafri” perteneciera a la jerga oficial de sus subalternos y Jürgen Mathies, presidente de la Policía, admitió que fue un error usar ese término en Twitter porque, de facto, tachaba de criminales a todos los cacheados. Pero el controvertido tuit confirmó la impresión de testigos presenciales de que se había aplicado el "racial profiling” para inspeccionar los papeles de un millar de hombres.

Aunque Mathies refutó la crítica, subrayando que se había cacheado también a un puñado de alemanes –no aclaró si de tez clara u oscura–, la esencia del problema es la misma. Abundan indicios de que los perfiles étnicos manejados por los garantes del orden determinan quién es controlado y quién no. Por un lado, la Agencia Federal Antidiscriminación recibió cincuenta denuncias de "racial profiling” entre los años 2006 –fecha de fundación de ese organismo– y 2015. Por otra parte, tanto la Comisión Europea como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han criticado los controles personales de la Policía alemana: en 2015, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) señaló que la jurisprudencia alemana propicia, de facto, la discriminación racial.

Precedentes y veredictos

En 2014, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) instó al Estado alemán a establecer lineamientos legales que definan claramente y prohíban categóricamente la práctica del "racial profiling”. A estas reprensiones y exhortaciones se suman varios veredictos judiciales alusivos a este tema: En 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo Superior de Renania-Palatinado emitió una decisión de principio según la cual los controles personales basados en atributos físicos inalterables, como el color de la piel, están reñidos con los pasajes de la Constitución que prohíben la discriminación. La sentencia de esa corte fue la respuesta a la denuncia de una familia que fue controlada en un tren de la ruta Maguncia-Koblenza. Esa querella fue precedida por otra dirimida en una corte de Baden-Wurtemberg.

En 2015, respondiendo a la demanda entablada por un hombre que fue cacheado en un tren de la ruta Berlín-Friburgo, el Tribunal Administrativo de Stuttgart declaró que los controles personales violan el código fronterizo de Schengen cuando se efectúan sin que exista una sospecha concreta que los justifique. Dos años antes, la Corte Administrativa de Colonia sentenció que el control al que fue sometido un hombre "de piel oscura” en un tren de la ruta Bielefeld-Dortmund había "violado los derechos” del pasajero y que, por haber sido practicado sin la existencia de una sospecha concreta, ese control "no estaba cubierto” por la Ley de la Policía Federal. En 2012, el Sindicato de la Policía llegó al punto de argüir abiertamente la legitimidad de los controles basados en el color de la piel de las personas en el marco de ciertos operativos, pero la Justicia terminó por contrariarlo, enfatizando la inconstitucionalidad de esa práctica.

ERC (Mediendienst Integration)