Un feroz debate está generando en Washington los planes del presidente estadounidense, Joe Biden, de levantar el próximo 23 de mayo las restricciones para pedir asilo en la frontera de su país con México, conocidas como Título 42. Mientras los políticos discuten sobre si es el momento adecuado para eliminar la polémica ley de la era Trump (2017-2021), un juez federal quiere frenar su derogación.

Al mismo tiempo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han informado que la situación del COVID-19 en el país está bajo control. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta ley y qué está pasando realmente?

El 20 de marzo de 2020, al comienzo de la pandemia del coronavirus, los CDC emitieron una orden de salud pública que tenía como objetivo detener la propagación del SARS-CoV-2, pero terminó principalmente con el derecho al asilo. La orden permite a los funcionarios fronterizos expulsar de forma inmediata a quienes tratan de ingresar irregularmente a Estados Unidos a través de México y Canadá. La única excepción de esta medida, que ha sido extendida varias veces, son los menores no acompañados. 

Los inmigrantes que son detenidos bajo el denominado Título 42, llamado así por el código que permitió su emisión, no son retenidos en áreas especiales para hacer un debido procesamiento, sino que son inmediatamente expulsados a México, si son de ese país o de Centroamérica. Si son de otro país, son trasladados en avión. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), desde que se implementó esta política, se han deportado a 1,7 millones de personas.

¿Por qué genera controversia? 

La eliminación del Título 42 ha sido saludada por los defensores de los derechos de los inmigrantes, pero criticada por los representantes republicanos. Una posición contradictoria, pues el Partido Republicano ha insistido en terminar con las restricciones pandémicas, pero derogar el Título 42 les parece un error peligroso. Según ellos, esto agravará la inseguridad y el caos en la frontera frente a la llegada masiva de inmigrantes. 

“Los republicanos quieren usar el Título 42 como un arma política en las elecciones de medio término de noviembre, y así aumentar el miedo que tiene una parte de los estadounidenses a una llegada masiva de inmigrantes a sus fronteras”, explica a DW la experta en temas migratorios Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

En esa misma línea, Ana Saiz, directora de la organización civil mexicana Sin Fronteras, cree que se trata de “un simple pretexto” de los republicanos que está cargado de “prejuicios xenófobos”: “El avance del coronavirus no depende de los inmigrantes, porque un 70 por ciento de ellos están vacunados. El Título 42 es una medida de contención de la inmigración bastante ineficaz, porque, por ejemplo, la gente que llega a la frontera, es deportada inmediatamente sin un récord de antecedentes y los mismos terminan intentándolo otra vez”, señala. 

Obligaciones internacionales

El racismo y la discriminación, agrega, le están dando al asilo un tinte político, que se ha hecho evidente, sobre todo, en las últimas semanas, cuando inmigrantes ucranianos obtuvieron excepciones para que pudieran cruzar la frontera y solicitar refugio, mientras centroamericanos, mexicanos y haitianos seguían siendo devueltos. Para la Maureen Meyer, eso refleja mucha “hipocresía” por parte de las autoridades. “Los haitianos, por ejemplo, están siendo devueltos en avión a su país, donde matan presidentes, hay violencia de pandillas y varios desastres naturales”, sostiene.

Al respecto, la activista Saiz recuerda que, manteniendo el Título 42, EE. UU. “está dejando de cumplir sus obligaciones internacionales, porque el principio fundamental de la Convención de Ginebra de 1951 es la no devolución de personas a un país donde se enfrentan a amenazas contra su vida, sin antes llevar a cabo un procedimiento de asilo”.

Además, al expulsar a los inmigrantes, también se los expone a muchos riesgos en las zonas fronterizas de México. La organización Human Rights First ha identificado desde el comienzo de la Administración Biden casi 10.000 casos de secuestro, tortura, violación u otros ataques violentos contra personas bloqueadas o expulsadas a México bajo el Título 42.

Los planes del DHS

En un comienzo, algunos demócratas de estados indecisos de EE. UU. también habían criticado el plan del Gobierno de Biden porque no había un plan claro al respecto. Pero los funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS) han ido disipando las dudas. En primer lugar, el DHS se está preparando para recibir y procesar hasta 18.000 personas diarias en las instalaciones fronterizas. 

En resumen, señalaron mediante un comunicado, su estrategia para enfrentar el aumento masivo de inmigrantes en la frontera consiste en: adquirir y desplegar recursos para atender a una mayor cantidad de personas, entregar un proceso de inmigración más eficiente y justo, tramitar y deportar a quienes no tengan pretensiones válidas y trabajar junto a otros países para abordar la inmigración y sus causas de fondo. 

Sobre este último aspecto, la directora de Sin Fronteras indica que “se tiene que trabajar en los distintos países en cerrar la brecha salarial tan enorme que existe con Estados Unidos, pero también se tiene que invertir en seguridad y democracia”. Saiz estima que la mayoría de deportados bajo el Título 42 son mexicanos, alrededor de un 60 por ciento. 

¿Qué pasará ahora?

Después de que los planes de la Administración Biden fueran bloqueados temporalmente por un juez federal en Louisiana, y con el debate político que no muestra signos de relajación, es todavía incierto si el Título 42 será derogado el próximo 23 de mayo. Ante los obstáculos, Washington también ha pedido apoyo a México para evitar una llegada masiva de personas a su frontera sur, y espera ponerse de acuerdo con otros países en la Cumbre de las Américas, a celebrarse en junio. 

“Debido a la demanda interpuesta en Louisiana no queda claro si se va a levantar el Título 42 en la fecha planeada. También hay que tomar en cuenta que el Congreso puede prohibir la derogación del Título 42 hasta que los CDC levanten la declaración oficial de pandemia en el país, y hacer que el gobierno presente un nuevo plan. Todo eso podría retrasar el plan un par de semanas o, incluso, meses”, afirma Meyer, de Wola. Por su parte, la activista Saiz espera que el plan de Washington siga adelante según lo previsto, “principalmente, porque el Título 42 ya no puede ser justificado con la pandemia”. 

Hasta el momento, lo único que está claro es que la frontera sur de Estados Unidos se ha vuelto nuevamente el epicentro de un extenso debate político, del que dependen las vidas de miles de personas. 

(cp)