Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP), no duda ante la pregunta de DW sobre lo que espera de las nuevas elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados: “básicamente nada”, responde categórico, en medio de la crisis política que atraviesa su país desde 2019; y desesperanzado también por las crisis ambiental, sanitaria y económica, que han generado los incendios descontrolados en la Amazonía y la Chiquitanía, así como la pandemia de COVID-19.

Lea también: Se quema Bolivia, otra vez

“El pasado gobierno de Evo Morales nos desestructuró totalmente como organizaciones constituidas desde nuestras comunidades”, asegura, por su parte, Marcial Fabricano. “No estamos en condiciones de construir una plataforma que nos sirva de propuesta, como hemos hecho en otros tiempos”, lamenta el líder indígena mojeño-trinitario, poblador del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y candidato a vicepresidente en 1997. Aunque adelanta que se están reorganizando y coordinando fuerzas para el futuro en una Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.

Comunidad Ciudadana y Creemos, los partidos con posibilidades en la pugna por el poder, como segunda y tercera fuerza en las encuestas, se han centrado en intentar unir esfuerzos para evitar el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera la intención de voto. Así que “no se avizora alguna propuesta que dé esperanzas para sacarnos de la crisis política, económica y social en que nos encontramos como país”, dice Fabricano, que superó en mayo una infección por COVID-19. Mucho menos una que prevea “nuevas políticas de Estado para el manejo de la política ambiental y el respeto de los territorios y áreas protegidas indígenas”, insiste.

Lea también: Mesa apuesta por coalición de gobierno para zanjar crisis en Bolivia

Por el contrario, sus agendas políticas pretenden “profundizar el modelo económico extractivista y, con ello, continuar violentando los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas milenarios”, asegura Villca, indígena uchupiamona. Y coincide en esto con Fabricano: ni Evo Morales, quien fuera el primer presidente indígena de Bolivia, ni el MAS, pese a sus bases indígenas y campesinas, representan sus intereses.

Evo Morales: ¿presidente de todos los indígenas?

Evo Morales “se apropió de luchas históricas y reivindicaciones ganadas con mucho esfuerzo y sacrificio por nuestros pueblos a lo largo de la historia republicana”, sentencia Villca. Y recuerda la marcha protagonizada por los pueblos indígenas de Tierras Bajas en 1990, que permitió el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO); un avance importante en el reconocimiento al derecho territorial indígena, que aún presenta “profundos vacíos legales e injusticias hacia nuestros pueblos”.

“Nos arrebató nuestra plataforma de demandas y reivindicaciones, con la que nació el movimiento indígena amazónico” confirma Fabricano, que encabezó aquella icónica marcha de 600 kilómetros de Beni a la Paz. “Se ha presentado en todos los escenarios internacionales como el máximo representante de los derechos indígenas, pero desde el primer período de gobierno empezamos a ser destrozados; divididos con recursos y privilegios para su gente”, dice. Y se refiere a los “todavía hermanos quechuas y aymaras”, aunque no todos comparten su ideología y su proceder, acota.

Lea también: Bolivia: ¿vuelven a ser marginados los indígenas sin Evo Morales?

De acuerdo con el último censo nacional (de 2012), más del 49% de la población boliviana se autoidentifica como indígena. Bolivia es, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país con mayor proporción de población indígena en la región.  Y no por gusto se define como un Estado Plurinacional. Evo Morales "es el líder indígena más conocido, pero no es el único" y el culto a su personalidad ha invisibilizado la diversidad de pueblos y liderazgos indígenas del país, observa la politóloga boliviana Moira Zuazo, investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín.

La Constitución Política del Estado reconoce 36 “naciones y pueblos indígena originario campesinos” con territorio, población y lengua propios. Dos de ellos, el aymara y el quechua, se consideran mayoritarios. Y hay otros 34 minoritarios, como el guaraní y el cayubaba, por ejemplo.

A estos se agregan los afrobolivianos. Así como más de 60 grupos poblacionales también minoritarios que no han sido reconocidos como naciones, recuerda Villca, cuyo pueblo reclama reconocimiento pese a haber perdido su lengua originaria.

Los bolivianos suelen dividir el país en tres regiones, las tres con abundante población indígena, señala DW Gabriela Canedo, socióloga y antropóloga de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba.

En Tierras Bajas (departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando), se asientan sobre todo los pueblos de la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía o el Oriente boliviano. En los valles centrales (Cochabamba, Chuquisaca y Tarija), se han asentado campesinos y cocaleros. Entre ellos, en el Chapare, emergió el liderazgo sindicalista de Evo Morales. En Tierras Altas (la Paz, Oruro y Potosí), están los pueblos originarios del altiplano. Allí, donde predominan las poblaciones quechua y aymara, en Oruro, nació Morales, explica Canedo.

Del hito de la Constitución a la fractura del TIPNIS

En estos territorios operan cinco organizaciones que participaron en la Asamblea Constituyente: Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quallasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (que agrupa a los cocaleros, también llamados "colonizadores").

Las tres últimas “apoyan a Evo Morales y al MAS de manera compacta e incondicional”, observa la socióloga y antropóloga boliviana. Así que, a diferencia de Villca o Fabricano, aspiran a retornar al poder este 18 de octubre. Las dos primeras, por su parte, han sufrido fracturas en facciones autónomas y oficialistas, alentadas por el MAS, recuerda Fabricano. "Nuestros hermanos aymaras y quechuas han ido ganando un espacio más visible en la política, que les ha permitido expandir la dominación sobre otros pueblos indígenas", sostiene Villca.

Esta demografía, y las tensiones en la organización política y comunitaria indígena, aclaran quizás la fractura que se produce, sobre todo, a partir de 2011, y hasta hoy, entre los indígenas de Tierras Bajas y el entonces presidente Morales y su fuerza política, el MAS.

Si la Constitución de 2009 fue un hito en el reconocimiento de derechos indígenas en general, en la última década, “uno tras otro, nuestros derechos fundamentales fueron pisoteados y vulnerados”, afirma Villca. Y ejemplifica con “el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe”, uno de los más incumplidos durante el gobierno de Evo Morales y el actual gobierno transitorio, asegura citando, entre otros muchos, el caso emblemático de la represión de las protestas contra la construcción de la carretera a través del TIPNIS.

Lea también: Morales acorta camino por el TIPNIS

Justo ese ejemplo ha quedado grabado en la memoria de Fabricano: “El 25 de septiembre de 2011 fuimos reprimidos en Chaparinas, por  el simple hecho de defender el medio ambiente, nuestro territorio”, dice con amargura. Y lo destaca como un parteaguas en la relación de muchos indígenas de Tierras Bajas con el gobierno de Morales.

Desafíos pendientes

¿Se podrá volver a soñar con “Vivir Bien”, tras las elecciones de este 18 de octubre? La necesidad de reactivar la economía, golpeada por la pandemia, servirá probablemente de pretexto para “encaminar con más violencia los proyectos y megaproyectos extractivistas (mineros, petroleros, hidroeléctricos, agropecuarios, forestales, etc.) al interior de los territorios indígenas y las áreas protegidas de Bolivia, que hoy por hoy guardan la mayor riqueza natural y cultural del país”, prevé el portavoz de la CONTIOCAP, que reúne más 30 resistencias locales a proyectos y mega proyectos extractivos en toda Bolivia.

Sea cual sea el escenario político que se decida este 18 de octubre en las urnas, “el respeto a los derechos indígenas anclado en la Constitución está atado al respeto a la democracia”, recuerda la politóloga Moira Zuazo. Todos los desafíos pendientes, especialmente para la institucionalización de esos derechos con el empuje de las propias organizaciones indígenas, se pueden afrontar en democracia, insiste, en clara advertencia contra los recientes rebrotes de violencia preelectoral y resaltando la importancia del acompañamiento internacional: "Sin democracia, los primeros que pierden son los pueblos indígenas.”

(cp)