Se desconoce el paradero actual de Rolando Álvarez, el obispo nicaragüense crítico con el Gobierno de Daniel Ortega, que fue condenado a 26 años de prisión por rebelión en febrero de 2023. Medios internacionales reportaron que el religioso había sido excarcelado por autoridades del país centroamericano, pero que fue devuelto a prisión tras negarse a abandonar Nicaragua.

La situación de Álvarez ha encendido las alarmas de defensores de derechos humanos y la comunidad internacional por el ataque sistemático que sufren las instituciones eclesiásticas y la sociedad civil en el país, desde que estallaran las protestas de 2018.

En entrevista con DW, Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos humanos del colectivo NicaraguaNunca+, conocedor en persona de Álvarez, relata: "Desde hace meses que demandamos sobre su paradero, si continuaba en 'El Infiernillo' -en alusión a una celda de castigo de máxima seguridad-, o si lo habían trasladado al 'El Chipote', a la que suelen ir presos políticos".

Según algunas informaciones, Álvarez estaría recluido en el Sistema Penitenciario Nacional, una cácel conocida como "La Modelo". Sin embargo, "la información es incierta", insiste Arce, fundamentalmente por el hermetismo de las autoridades del país, pero también de la Iglesia católica nicaragüense en sí, añade.

"Sin duda, hay un diálogo sobre la libertad del obispo Álvarez, pero Ortega no cede sin ganar algo a cambio. Así que la única forma para saberlo será con el tiempo", lamenta.

El obispo Álvarez, la punta del iceberg

"Álvarez es la punta de lanza de los sentimientos del pueblo", dice a DW un religioso nicaragüense que no quiso ser nombrado. "Y eso incomoda al Gobierno, que quiere deshacerse de él", asegura.

"Él es de los obispos más queridos del país, que habla fuerte y claro, que usaba el púlpito para hablar de la situación del país", comenta Arce. "Eso hizo que se ganara el cariño de la población en general, no solamente de católicos, sino de diferentes religiones, pero también que se volviera el principal enemigo de Ortega", opina el abogado y defensor de derechos humanos.

Álvarez fue declarado culpable en febrero de este año por delitos considerados como "traición a la patria". Un día antes, se había negado a subir a un avión privado junto a 222 personas prisioneras nicaragüenses que eran excarceladas y enviadas a Estados Unidos, un ejemplo de la persecución que sufre la Iglesia en el país centroamericano.

100 religiosos han sido expulsados en el último año o incluso se les ha negado su ingreso al país, mientras a otros 24 se les retiró la nacionalidad, como a numeros periodistas, escritores y otros opositores.

"Están tratando de aniquilar toda esta red social que existe en muchos países relacionada con la Iglesia católica", dice a DW Jimena Reyes, directora para las Americas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

El trato a la Iglesia

Desde la Coalición Nicaragua Lucha señalan a DW que en 2022 se intensificaron los ataques contra miembros de la Iglesia católica y el clero, primero abriendo procesos de criminalización a su trabajo y coartando su libertad de reunión, unos hechos que se agudizaron en semana santa, con la prohibición de procesiones. El colectivo NicaraguaNunca+ también señala que, actualmente, las diócesis tienen las cuentas bancarias intervenidas.

"Lo que está haciendo Ortega es una acción de venganza", dice Arce, de NicaraguaNunca+, en referencia al papel mediador que tuvieron las diócesis, así como ordenes de monjas, durante las protestas en 2018.

"Es un irrespeto completo hacia ese rol de mediador, hacia lo que representa la Iglesia católica en Nicaragua", agrega Reyes, aunque también baraja otras posibilidades, como el hecho que la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, no sea de fe católica, y que el mandatario mismo quiera restablecer un régimen de una línea comunista, señala. "En esas dos líneas va el odio y la voluntad de reprimir a la Iglesia católica", concluye.

Derechos coartados

En Nicaragua"se han cometido y siguen cometiendose crímenes de lesa humanidad", así como "prácticas de persecución, hostigamiento, acoso, y criminalización de personas defensoras de derechos", denuncia a DW la Coalición Nicaragua Lucha, formada por una veintena de organizaciones de víctimas, periodistas, defensores de los derechos humanos y movimientos sociales. Además de monseñor Rolando Álvarez, otros 37 presos políticos permanecen en la cárcel, recuerdan.

"Es una situación profundamente marcada por el temor, por la incertidumbre de no saber lo que te puede pasar", resume Arce. Según el colectivo NicaraguaNunca+, más de 500.000 personas han salido del país por la violencia política en los últimos cuatro años.

(rml)