El pasado 14 y 15 de noviembre de 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) realizó audiencias públicas por el caso del Esequibo, un territorio con una extensión de unos 160.000 kilómetros al oeste del río homónimo, y que enfrenta a Venezuela y Guyana. Representantes de ambos países acudieron ante este tribunal en La Haya (Países Bajos).

El objetivo de estas audiencias no buscaba resolver la disputa territorial de fondo, sino más bien responder a la petición "urgente" de Guyana para impedir el referendum sobre este asunto que Caracas planea llevar a cabo para el próximo 3 de diciembre, enmarañando todavía más un conflicto abierto desde finales del siglo XIX.

Por parte de la CIJ, el verdadero examen - que analiza desde 2020 - consiste en declarar válida o no la sentencia de 1899, el conocido como Laudo Arbitral de París, en el que se otorgó a Guyana - por aquel entonces, Guyana Británica-, el territorio Esequibo. Hay historiadores que han cuestionado esta decisión, calificándola de "fraudulenta" por haber indicios de inexactitudes y juicios parciales, tal y como indicó a DW Jorge Morán, politólogo de la Universidad Rafael Belloso Chacín.

Pero la consulta planteada por Nicolás Maduro, aunque no es vinculante, refleja una vez más tanto la oposición de Venezuela a la competencia de la CIJ, como su distancia histórica con la justicia internacional. Varios analistas han señalado a DW la necesidad de que Venezuela utilice las herramientas que ofrece este tribunal para resolver la controversia y zanjar el caso.

Visión "histórica y holística" para América Latina

La posición de Venezuela dista de la aceptación que la mayoría de países latinoamericanos muestran hacia las competencias de la CIJ. No obstante, expertos en derecho internacional subrayan que, pese a esa autoridad -y que sea el órgano competente para dirimir luchas territoriales-, esas disputas deben ser valoradas desde "una visión histórica y holística". Así lo señala a DW Miguel Barboza, coordinador de proyectos del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, quien argumenta que ese debe ser el enfoque "debido al proceso de colonización que sufrieron estos países y a la compleja lectura e interpretación de tratados bilaterales o multilaterales diversos que existen".

De manera similar, Dinalys Santamaría, profesora en la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, insiste en que todos estos conflictos territoriales "llevan necesariamente al coloniaje y al rol que juegan esas colonias en Latinoamérica", dice en conversación con DW.  "La delimitación de esas fronteras va a una cartografía que cada quien ha intentado manejar a su favor", señala.

Para Miguel Barboza, existe otro desafío para la CIJ en las disputas territoriales en Latinoamérica, concretamente en la "lucha por territorios ricos en bienes naturales comunes", siendo a día de hoy una "lucha permanente por parte de los Estados, como el caso del Esequibo", comenta.

¿Cómo resuelve el tribunal de La Haya?

Desde 1946, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas- ha "evitado el quebrantamiento de la paz entre estados" explica Barboza, que es también representante para Sudamérica del Business and Human Rights Resource Centre.

Así, las disputas territoriales, que únicamente pueden ser sometidas al criterio de la CIJ de forma voluntaria por los mismos Estados, se resuelven mediante la presentación de memorias escritas, pruebas técnicas y otra documentación que es analizada por los expertos de la CIJ. Además, hay una fase oral con testimonios, comenta Barboza. Los 15 jueces y juezas, elegidos por la Asamblea General de la ONU y por su Consejo de Seguridad, toman una decisión inapelable y por mayoría.

Si no hay incidentes procesales, el plazo entre la presentación de una demanda y la lectura del fallo oscila entre 4 o 5 años, indica a DW Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR).

No obstante, hay procesos más largos, como el último entre Nicaragua y Colombia -que terminó por rechazar el pedido de Managua de extender su plataforma continental frente a las costas colombianas- de 2013 y hasta julio de 2023.

El caso del Esequibo, independientemente de lo que se decida en lo relativo al referéndum, sigue abierto desde 2018. En el mes de abril de 2024, Venezuela está citada a presentar una contramemoria para refutar los argumentos de Guyana, indica a DW Víctor Rodríguez Cedeño, exmiembro de la comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. "Hay posibilidades procesales de demostrar que el laudo es nulo", añade.

Controversias territoriales contínuas

Junto a la disputa de Guyana y Venezuela, la CIJ tiene también pendientes otros dos procesos más dentro de territorio latinoamericano: Guatemala y Belice por la delimitación fronteriza entre ambos, y de Belice con Honduras por una zona que reclama Tegucigalpa, conocida como los cayos Zapotillos.

Según Francisco P. Castillo, profesor de la Universidad Yacambu, situada en Venezuela, el crecimiento económico y la influencia política en determinadas zonas colindantes entre dos o más Estados es una de las razones por las que siguen presentando este tipo de controversias territoriales.

Por su parte, Dinalys Santamaría considera que, si bien el CIJ determina "la veracidad de cuál es el territorio que pertenece a uno u otro Estado", las controversias siguen existiendo, porque sigue habiendo "Estados con un enorme poder" -en referencia a los países colonizadores -e "intereses gigantes" por parte de aquellos que fueron colonias en su día. Según Santamaría, ese poder se sigue ejerciendo y prevalece, como en el conflicto de Colombia ganado a Nicaragua, así como en las propias relaciones que mantienen las antiguas colonias con los gobiernos de Latinoamérica. 

(ms)