Entretanto son ya varias decenas de ciudadanos deNicaragua despojados de su nacionalidad por orden gubernamental, que han indicado la voluntad de aceptar la oferta española de nacionalizarse en el país.

"España ha querido que no quede ningún hermano nicaragüense sin nacionalidad. Nos sentimos muy orgullosos”, afirmó en Bruselas en rueda de prensa el ministro español de Relaciones Exteriores, José Albares, después de la reunión de los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea. En sus conclusiones sobre las prioridades de la UE para los foros de Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos, consta Nicaragua.

"La situación deapatridia en que han quedado no va a impedir que los nicaragüenses sigan residiendo, escribiendo y pensando libremente en España”, subrayó el ministro Albares. La alusión es a escritores y opositores que están entre los 94 ciudadanos de Nicaragua que fueron también "desnacionalizados” (16.02.2023) después de los primeros 222 presos políticos liberados y al mismo tiempo desterrados (09.02.2023).

¿Los dejan solos?

"En Latinoamérica, solamente Chile y México se han pronunciado. En Europa solamente España ha ofrecido la nacionalidad española, no solamente a los 316, sino a todo aquel que pudiera ser desterrado o desnacionalizado”, dice a DW Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH). La noticia de su destierro y despojo de nacionalidad lo encontró en Argentina, en donde, desde 2019, cuando su organización comenzó a ser acosada policialmente, trabaja en la Universidad de Buenos Aires.

"Hace falta que otros países que han acompañado la situación de Nicaragua desde el 2018 y que se han declarado comprometidos con el retorno de la democracia y los derechos humanos se pronuncien de manera contundente y desconozcan esas medidas adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Daniel Ortega”, subraya Ramírez-Ayérdiz.

"El ser humano tiene derecho a una nacionalidad"

¿Qué significaría desconocer esas medidas? "Yo no pido al Gobierno de Argentina que me dé la nacionalidad argentina; yo pido que se me reconozca como nicaragüense”, responde Ramírez-Ayérdiz. Eso, en términos prácticos, se traduce en que cuando un pasaporte de un ciudadano "desnacionalizado” caduque, los países de acogida otorguen un documento especial como asilado o refugiado nicaragüense. La tercera posibilidad es que en ese documento conste el término "apátrida”.

"Esto viola el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: el ser humano tiene derecho a una nacionalidad y esta no puede ser arrebatada arbitrariamente. Y, aunque han reformado la Constitución para poder hacerlo, los tratados internacionales prevalecen sobre la carta magna nacional”, prosigue Ramírez-Ayérdiz.  

Según este abogado especializado en derechos humanos, si los Estados receptores emitieran un pasaporte aceptando la "apatridia”, estarían legitimando una acción que contraviene el derecho internacional. "El camino es el que siguió Estados Unidos: conceder estatus temporal de refugiado nicaragüense”, afirma.

Causales inventados

Por otro lado, no hay que olvidar que todas las personas del grupo de los 94 fueron declaradas "prófugas de la justicia” y los 316 fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos a perpetuidad. "El Gobierno de Nicaragua está inventando leyes, penas y sanciones. La legislación nicaragüense establece que nadie puede ser juzgado en ausencia. Y nosotros lo hemos sido y condenados por 'traición a la patria'. Además, todas las penas tienen un límite de treinta años, la perpetuidad no existe en la legislación”, agrega.

En cualquier caso, para organizaciones de derechos humanos activas en San José de Costa Rica, Buenos Aires y Bruselas, a la preocupación por la situación de los desterrados -que requieren amparo internacional-, se suma la incertidumbre por la treintena de presos políticos que quedan en las cárceles de Nicaragua y por el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. El obispo Álvarez no quiso salir desterrado y está en prisión sin ser ya nicaragüense.

Desde la diplomacia de la UE, inmediatamente se calificó de "injustificable” el anuncio de revocación de ciudadanía y confiscación de bienes y se pidió revertir estas medidas.

No obstante, en opinión de Ramírez-Ayérdiz, especialista en derechos humanos y víctima al mismo tiempo, "la legislación internacional es clara. Hace falta que la UE se pronuncie de manera contundente acerca de cuál va a ser el estatuto que se va a reconocer para los "desnacionalizados” de Nicaragua”.(ms)