"Alarmante", "muy grave", "deuda con el sistema democrático", "violación al mandato constitucional" son algunas de las expresiones elegidas por los entendidos para calificar el hecho: desde hace más de una década la Argentina no tiene Defensor del Pueblo. La figura, incorporada a la Constitución Nacional en el año 1994, tiene una importancia clave en la vida institucional del país.

Sin embargo, desde el año 2009 se encuentra vacante, ya que el Congreso Nacional no cumplimenta su designación. "Es muy grave. La ausencia de un Defensor del Pueblo de la Nación  priva a la sociedad argentina de contar con un órgano de control estatal muy poderoso", sostiene el abogado Isaac Basaure, en diálogo con DW. "Su función es garantizar que la población, en un sentido colectivo, acceda a la Justicia", explica.

Esta vacancia "habla del desinterés de la clase política por proteger los derechos de los ciudadanos", entiende por su parte, Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, consultado por DW. "Es una deuda muy grande con el sistema democrático", completa el politólogo, cuya organización, junto a otras de la sociedad civil, lleva adelante una causa judicial en la que exigen al Congreso la efectivización de este nombramiento.

Situación inédita en el continente

La irregular situación es inédita en el continente, y afecta nada menos que a la única Institución Nacional de Derechos Humanos reconocida por la ONU.

De hecho, al Ombudsman -figura inspirada en el derecho escandinavo- le compete "la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses ante hechos, actos u omisiones de la administración pública y el control del ejercicio de las funciones del Estado".

"El Defensor del Pueblo tiene la legitimidad para promover amparos, y puede iniciar de oficio investigaciones que tengan por fin esclarecer cualquier tipo de irregularidad cometida por una repartición pública o por las empresas prestadoras de servicios públicos", remarca Basaure.

Grave carencia institucional

"La falta de un Defensor del Pueblo en Argentina impide a la población en general acceder a la justicia, ya que este es el único órgano que puede representar sus intereses colectivos a nivel nacional en sede judicial", advierte el letrado. En este sentido, basta tener en cuenta que, de haber existido un Defensor del Pueblo, el mismo hubiera tenido la posibilidad de accionar judicialmente en el marco del denominado vacunagate, con vistas a esclarecer las responsabilidades de los funcionarios implicados.

¿Cómo se llegó hasta aquí? En 2009 renunció el titular del órgano Eduardo Mondino. Luego lo sucedieron los adjuntos que lo secundaban, y desde hace cuatro años la Defensoría está a cargo del subsecretario de la entidad, Juan José Böckel. Lo cierto es que, sin titular, las funciones de la institución quedan esencialmente afectadas, puesto que, al carecer de legitimidad procesal, queda imposibilitada de iniciar acciones legales contra el Estado.

"Se reduce la Defensoría a una mera entidad administrativa que formula recomendaciones", critica Basaure. A punto de cumplirse 12 años de la vacancia del puesto, solo ha habido un intento -infructuoso- de cubrirlo. Y esto, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortara al Congreso a hacerlo.

Así y todo, nada hace pensar que la situación vaya a cambiar en el corto plazo. Para subsanarla "en primer lugar se necesita que a los principales partidos políticos de Argentina les interese que exista un Defensor del Pueblo", sostiene Secchi. Y este interés "no parecería estar en la agenda de ninguno de ellos", concluye.

(lgc)