El 19 de noviembre de 2002 naufragó el tanque petrolero “Prestige” frente a costas españolas. 64.000 toneladas de crudo contaminaron 3.000 kilómetros de la costa atlántica en España, Francia y Portugal. Los daños se calculan en 9 mil millones de euros. Hoy,  más de 10 años después de la catástrofe, aún no está establecido quién paga por los perjuicios, aunque los costos de la limpieza de las costas ya los pagaron los contribuyentes.

“Las víctimas locales sufren primero la devastación y luego son todos los ciudadanos los que con el pago de sus impuestos cubren, por lo general, los daños causados por terceros”, dice Daniel Mittler, director político de Greenpeace International.

¿Quién es el responsable?

En el caso del “Prestige”, el barco estaba registrado en las Bahamas, le pertenecía a una firma en Liberia y transportaba petróleo por encargo de una empresa griega.

Según Heike Daams, experta en daños ambientales de la reaseguradora "Munich Re", "el que daña, paga. En principio", dice a DW.



Y hasta que una corte no establezca, con precisión, quién es el responsable, las aseguradoras no mueven un dedo. “Un seguro de una empresa es comparable con un seguro privado de responsabilidad civil”, explica Daams. Una vez se sabe quién es el responsable, se procede a averiguar si el culpable posee un seguro y éste cubre los daños generados. Un procedimiento también válido en caso de que catástrofes naturales, como terremotos o inundaciones, desencadenen un accidente. El propietario de algo es el que tiene que prever los posibles riesgos o peligros.

La pelea por el cubrimiento de los costos

En el caso de la plataforma petrolera "Deepwater Horizon", que hace tres años explotó en el Golfo de México, la disputa se centró en establecer cuánto debería pagar “Transocean”, la firma que la operaba. El consorcio británico British Petroleum (BP) había, a su vez, arrendado la plataforma de manos de “Transocean". Una compleja situación, pero normal, según Damms.

El caso Fukushima



General Electric, Hitachi y Toshiba fueron los consorcios que construyeron el tipo de reactor que falló tras el terremoto y el consecuente tsunami en Japón en marzo de 2011. “Hasta ahora, empero, ninguno de estos consorcios ha dado un solo céntimo para asumir las consecuencias del desastre nuclear", critica Daniel Mittler, de Greenpeace International. La empresa Tepco, operadora de las plantas nucleares, fue nacionalizada por Tokio.

Así que será Japón, en realidad los contribuyentes, quienes asuman todos los costos generados por una de las hecatombes más graves provocadas por el uso de la energía atómica: 80 mil millones de euros.

Ríos contaminados

En un accidente de una planta química en Rumania el 20 de enero del año 2000 fluyeron 100.000 metros cúbicos de cianuro a los ríos de la región de Baia Mare. Las aguas contaminadas también afectaron el Danubio. La empresa responsable quebró y la sucesora no asumió los gastos de la destrucción.

La situación es grave. Así una empresa esté asegurada, las sumas pagadas apenas cubren una parte de los daños. Cuando se compra un seguro, a menudo las empresas no tienen en cuenta las posibles dimensiones de un accidente y los daños que puede causar.

“Faltan regulaciones internacionales sobre el cubrimiento de daños ambientales causados por empresas”, advierte Daniel Mittler, quien propone la fundación de una especie de Corte Internacional para Daños Ambientales. Pero la “verdadera catástrofe”, concluye el experto de Greenpeace, es que “el medio ambiente no soportará nuestra fiebre por producir y consumir”.

Autora: Helle Jeppesen / JOV
Editor: Diego Zúñiga