La Unión Europea (UE) no fue recibida como una bendición por todos los habitantes del Viejo Continente, pero el recelo que ella sigue despertando en un amplio sector de la población es expresado de maneras muy distintas. Mientras unos se limitan a mirar con desconfianza el poder que sus funcionarios concentran, otros asumen una actitud vigilante de cara a la actuación de sus instituciones y hacen uso de los instrumentos puestos al alcance de la ciudadanía por la propia UE para manifestar insatisfacción cuando la hay: Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo comunitario, es una de esas vías.

Un total de 3.098 quejas interpuestas por ciudadanos, empresas, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales (ONG) llegaron a sus manos en 2009. Así lo hizo saber Diamandouros este jueves, tras presentar su reporte anual en Bruselas. Aunque el número de demandas es menor al registrado en 2008 –entonces recibió 3.400–, también la cantidad de denuncias improcedentes se ha reducido. Y el Ombudsman asegura un destacado rendimiento: pudo intervenir, según dijo, en 4 de cada 5 casos.

Los que más se quejan

El primer lugar del ranking de demandantes lo ocupan en 2009 los alemanes: un total de 413 quejas presentaron a lo largo del año ante el Defensor del Pueblo Europeo. Los españoles, los polacos y los franceses figuran también entre los que más reclamos hicieron llegar a Bruselas. Sin embargo, contemplando el número de quejas en proporción al de habitantes, los miembros de la UE que más orearon su descontento con el funcionamiento de las instituciones comunitarias son los más pequeños: Luxemburgo, Malta, Chipre y Bélgica.

“No se trata de que el Ombudsman imponga su opinión, haciéndola valer como si fuera la de un grupo de expertos. Yo solamente me ocupo de que las instituciones sigan los lineamientos previstos y de que lo hagan de una manera transparente y justa”, explicó Diamandouros, remitiéndose a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE –vinculante desde diciembre de 2009– cuando dijo que el acceso a los documentos archivados en las instituciones y la buena administración de éstas son derechos ciudadanos.

A buzón abierto

“Yo voy a poner todo mi empeño para que estos derechos sean tomados en serio por la administración comunitaria”, aseguró el sociólogo e historiador griego, que nombrado Defensor del Pueblo en 2003 y reelegido como tal en 2005. “Las instituciones están obligadas a darme información de una forma abierta y honesta. De hecho, yo puedo citarlas como testigos ante un tribunal”, agregó Diamandouros, quien compensa su falta de poder para emitir sanciones –la Comisión Europea no está obligada a seguir las recomendaciones del Ombudsman– con el peso político y mediático que tienen sus declaraciones.

El buzón de Diamandouros está abierto a una amplia gama de reclamos, desde el formulado por un traductor que acusó a la Comisión Europea de haberlo discriminado por razones de edad, por ejemplo, hasta la denuncia hecha por una ONG contra un grupo de presuntos expertos que asesora a la UE en materia de experimentación con animales por carecer de la competencia necesaria. “Analizo todos los casos para saber si son procedentes. Y aún cuando no soy la autoridad competente en un asunto, puedo ayudar conduciéndolo hacia la instancia correspondiente. Además, mi sitio web ofrece orientación en 23 idiomas. Eso facilita el que los ciudadanos se ayuden a sí mismos”, sostiene.

Sin pagar un céntimo

La guía interactiva publicada en el portal del Defensor del Pueblo parece haber contribuido a que muchas personas comprendieran en qué circunstancias es pertinente enviarle denuncias. Desde que entró en operación en 2009, la página ha recibido 30.000 visitas, lo que sugiere que la figura del Ombudsman está ganando popularidad en el continente. No es para menos, apelar a sus servicios es un derecho, y además, no cuesta un solo céntimo.

Autor: Sylvie Ahrens/ Evan Romero-Castillo/ afp/ apn/ kna

Editora: Luna Bolívar Manaut