El régimen de excepción, medida implementada en El Salvador para "combatir" a las pandillas tras una escalada de asesinatos a finales de marzo pasado, durará "el tiempo que sea necesario", afirmó este martes (07.06.2022) el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

El Salvador suma más de dos meses bajo el régimen un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa, como respuesta a la escalada de asesinatos atribuida a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13).

La medida, que ha sido ampliada dos veces, suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.

Al ser consultado sobre la duración de la medida, el funcionario respondió: "El tiempo que sea necesario, la misión va más allá del tiempo, la misión es erradicar a estos grupos terroristas", en referencia a las pandillas.

El estado de excepción "lo vamos a implementar las veces que sea necesario, porque representamos a millones de salvadoreños que no queremos ya este cáncer (de las pandillas) dentro de nuestras comunidades", subrayó Villatoro.

Para el presidente Nayib Bukele, con estos poderes especiales está cerca de ganar la "guerra" contra las pandillas con más de 37.500 detenciones, de las que, según el mandatario, el 1 % podría ser "error".

Alarmas por derechos humanos

El ministro de Justicia y Seguridad dijo, sin brindar nombres ni detalles, que han sido capturados en el marco de dicho régimen seis de los quince líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) en el país.

La implementación del régimen de excepción en el país centroamericano ha levantado las alarmas de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras por la posible violación a derechos humanos que esto constituye.

El balance de las organizaciones humanitarias es de 1.123 denuncias de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias de personas que aseguran no tener vínculos con las llamadas maras, y al menos 24 fallecidos bajo custodia estatal.

Estas denuncias superan las 1.800 con las 817 recabadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

jc (efe, La Prensa Gráfica)