Raúl Castro llega a 80 años, la edad con que su hermano y predecesor frente al Gobierno y al Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro, le entregara el poder en 2006. El ahora también octogenario presidente cubano impulsa un proceso de reformas económicas, que genera tensiones en la clase dirigente y una mezcla de escepticismo y expectativas entre la población.

Raúl Castro “logró manejar sin traumas el traspaso de poder de Fidel Castro, en vida, después de 50 años”, señala Bert Hoffmann, del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo. Ello, eso sí, “a costa del cierre de filas alrededor de la vieja guardia, de una élite política en la que la mayoría se halla en edad de retiro”, añade el politólogo alemán.

Una buena parte de esos altos mandos, además, son militares, advierten el politólogo cubano-americano de la Universidad de Denver, Arturo López Levy, y el sociólogo cubano Haroldo Dilla, del Centro de Investigación Económica para el Caribe, en República Dominicana. Por razones biológicas –más que por el recién aprobado límite de hasta dos mandatos de cinco años en cargos del Gobierno, o del único partido oficialmente reconocido en la isla y aún dirigido por sus fundadores de 1965– esa sucesión “intrageneracional” de un Castro por otro tiene “tiempo limitado”, indica López Levy.

El traspaso del poder a comunistas más jóvenes es todo un reto para el programa de reformas impulsado por el presidente, que rechaza cuestionar el sistema de partido único. La urgencia es grave de cara a la ausencia de “mecanismos regulares de recirculación, sea por la típica vía liberal de elecciones democráticas, o por concertaciones de la propia élite, al estilo del modelo chino”, asegura Dilla.

Destituciones como las del ex vicepresidente Carlos Lage o el ex ministro de Exteriores, Felipe Pérez Roque, hablan para Dilla de “cuadros jóvenes sepultados por los llamados líderes históricos” en la Cuba de Raúl Castro. Al mismo tiempo, Raúl “ha iniciado un proceso de institucionalización política”, con experimentos de separación del poder legislativo y ejecutivo a nivel provincial, señala López-Levy.

A la cuenta de Rául Castro van, asimismo, cambios en el estilo de Gobierno: La reducción de discursos y actos políticos en la vida cotidiana de la isla, cita el sociólogo Haroldo Dilla. La promoción de la participación popular en el diseño de las reformas económicas, si bien constreñida por los límites del sistema monopartidista, agrega el politólogo López-Levy.

A esa lista se suma el diálogo abierto con la Iglesia Católica, sin precedentes en la historia socialista de la isla. Así como la liberación de 115 “presos políticos” por intermediación de esta institución.

Algunos de estos cambios de política señalizan “gestos” del Gobierno de la isla para mejorar sus relaciones con la Unión Europea, corresponder a una administración Obama menos hostil que la Bush, y suavizar los ánimos de cubanos que disienten pasivamente sin haber sido formalmente movilizados por grupos de oposición, destaca López-Levy en un reciente artículo para la New American Foundation.

Del otro lado, hace notar López-Levy, se hallan: el “drenaje” hacia el exilio de mayoría de los disidentes liberados y la aplicación de una nueva política intimidatoria de detenciones cortas a quienes manifiestan públicamente su oposición al Gobierno.

El mayor proyecto de Raúl Castro, pudiera ser la actual agenda de reformas “hacia una economía mixta, con orientación al mercado”, opina López-Levy. Pero esa llamada “actualización del socialismo” se presenta todavía como “una declaración de principios, difusa y no vinculante”, advierte el politólogo alemán, Bert Hoffmann; así que "todo dependerá de su implementación". La lentitud y contradicciones sufridas hasta ahora en el proceso podrían indicar tensiones entre sectores políticos pragmáticos y conservadores, sugieren los expertos.

Con restricciones, la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas, el despido de hasta casi el 40 por ciento de la fuerza laboral y el incentivo al autoempleo y las subcontrataciones privadas en ocupaciones no calificadas, parecen las medidas más profundas de la reforma. Aunque, dice Hoffmann, “la mayor parte de la economía cubana es y seguirá siendo estatal y el Gobierno no tiene claro cómo hacerla eficiente”.

Para López-Levy la clave puede estar en la ahora admitida integración y competencia entre ambos sectores, estatal y privado, a través de la contratación mutua de servicios. “Los cubanos avizoran claramente las subidas de precios, la pérdida de antiguas seguridades, pero no está claro cuáles y cuánto mejores pueden ser sus nuevas posibilidades de ingresos y consumo”, comenta Hoffmann. Ello conlleva a “una mezcla de inseguridad, expectativas y escepticismo” en torno a la profundidad, rapidez e impacto social con que ocurrirán “las reformas de Raúl”, agrega el politólogo.

Pese a la inminente “ruptura de un pacto social entre el Estado socialista y la sociedad cubana”, que garantizaría según Dilla, “seguridad social a cambio de restricciones a las libertades políticas”, también López-Levy y Hoffmann coinciden en que el Gobierno de Raúl Castro no enfrenta una crisis de gobernabilidad: el nacionalismo sigue siendo un “núcleo de consenso” que no se destruye de un golpe y puede ser manipulado mientras la posición agresiva de Estados Unidos o Europa (bloqueo económico, posición común) no sea “unilateralmente desmantelada”.

Autora: Rosa Muñoz Lima

Editora: Mirjam Gehrke