El 25 de julio, la Corte de Distrito Central de California ordenó reabrir la orden de arresto por el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, que durante 35 años estuvo bajo sello. Con esto se revive judicialmente el caso que puede llevar al banquillo de los acusados a uno de los principales funcionarios del actual gobierno de México.
 

En el contexto de la recaptura de Rafael Caro Quintero, y en la disputa en materia eléctrica entre el gobierno de Estados Unidos y México, el 25 de julio la Corte de Distrito Central de California, en una decisión histórica, ordenó reabrir dicha orden de arresto, girada el 13 de mayo de 1987 contra Caro Quintero por “crímenes violentos en ayuda del crimen organizado, conspiración para cometer crímenes violentos en ayuda del crimen organizado, conspiración para secuestrar a un agente federal, secuestro de un agente federal, asesinato grave de un agente federal”.

De esta forma, oficialmente, el Departamento de Justicia reabre el caso del secuestro, tortura y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, tras la recaptura de Caro Quintero, ocurrida el 15 de julio pasado.

Con la reactivación de la orden de arresto, que obra en el expediente 2:87-cr-00422, se revive el histórico caso que generó uno de los conflictos más importantes en la historia moderna entre México y Estados Unidos, una herida aún abierta en la que varios protagonistas no solo aún están vivos, sino que aún ostentan poder.

Ese es el caso, no solo de Caro Quintero, a quien la Corte de Distrito Este de Nueva York acusa de haber regresado al tráfico de drogas durante los 9 años que, de nueva cuenta, fue prófugo de la Justicia, sino que también implicaría a Manuel Bartlett, uno de los hombres más cercanos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Bartlett era secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando fue asesinado Camarena, ha sido imputado por testigos directos de haber sido cómplice y protector de los líderes del Cartel de Guadalajara: Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, de haber recibido millonarios sobornos a cambio de protección, e incluso de haber estado presente en el interrogatorio de Camarena cuando este estuvo secuestrado. Actualmente es titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La reactivación formal del caso Camarena se da no solo en el contexto de la recaptura de Caro Quintero, sino también en el contexto de querella comercial Internacional interpuesta por el gobierno de EE. UU. contra el de México, a quien acusa de violar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como el T-MEC, con la Reforma Eléctrica aprobada este año, a través de la cual convierte a la CFE, que encabeza Bartlett, en un monopolio de generación de energía costosa, y que no respeta las normas de energía limpia.

Tras 35 años de haber sido girada la orden de arresto contra Rafael Caro Quintero, el exlíder del Cartel de Guadalajara acusado, el juez John A. Kronstadt ordenó reabrir y revivir dicha orden que durante años esperó empolvada en los archivos de la corte, y que en su momento fue firmada por el juez Venetta S. Tassopulos. 

Casos pendientes contra servidores públicos de México

De acuerdo con los registros de la Corte de Distrito Central de California, fue la Fiscalía quien el 22 de julio solicitó reabrir la orden de arresto contra Caro Quintero. En el expediente 2:87-cr-00422 junto con él también están acusados: Fonseca Carrillo, y otros narcotraficantes como Inés Calderón Quintero, Albino Bazán Padilla, Javier Barba Hernández, Juan Ramón Matta Ballesteros y Miguel Ángel Félix Gallardo. 

Además, el gobierno de EE. UU. acusó del homicidio de Camarena a oficiales que estaban bajo las órdenes de Manuel Bartlett, como Sergio Espino Verdín, comandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de quien se sabe que aún vive, se encuentra libre y quien sigue estando en la lista de los más Buscados de la DEA por el homicidio de Camarena. Él fue el coordinador directo del secuestro de Camarena, y se afirma que fue el asesino material. También esta coacusado Manuel Ibarra Herrera, quien fue titular de la DFS. Ninguno de ellos fue condenado por el caso Camarena, ni extraditado a EE. UU.

Desde 2019 es claro que el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos inició acciones legales sin precedentes para sancionar efectivamente a altos funcionarios federales del Gobierno de México por su involucramiento con el crimen organizado. En ese contexto de cambios en la política bilateral se dio la captura del exsecretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, ocurrida en diciembre de 2019 en Nueva York, donde lo acusan de narcotráfico, y la captura del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, en 2020.

Caro Quintero fue detenido en 1985 por el homicidio de Camarena, y hasta 2009 fue sentenciado a 40 años de prisión. Fue liberado en 2013 por órdenes de un juez por supuestas fallas en su proceso judicial, y de inmediato se volvió a emitir una orden de arresto por el gobierno de México para terminar los 12 años de condena que le faltan.

Aunque en estricto sentido es difícil que Caro Quintero pueda ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado de nuevo por el caso Camarena, porque, por ley, no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, es claro que la reapertura de su orden de captura es una señal de que el Departamento de Justicia podría iniciar una persecución contra otros actores del secuestro, tortura y homicidio, y de quienes les dieron protección. 

Sin conocerse aún la orden de la Corte de California, el 25 de julio, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si su Gobierno aceptaría que Manuel Bartlett, titular de CFE, fuera llamado a declarar a EE. UU. por el caso de Camarena.

El presidente afirmó primero: “No sabemos, va a seguir y continuar, y hay que esperar. Nosotros no actuamos de manera ilegal y no hay impunidad”. 

“¿Aun así sea llamado Bartlett, ustedes estarían dispuestos a que él pueda colaborar con la investigación, a tantos años de haber ocurrido esta situación?”, le cuestionó una periodista. “Es adelantar vísperas… no nos adelantemos, vamos a esperar”, respondió cauto López Obrador. Aunque ahora la posibilidad de que Manuel Bartlett pueda ser llamado a declarar es tangible.

(cp)