"Empezamos el paro el dos de octubre y lo vamos a prolongar hasta enero. Porque cada vez buscan más delitos para que Bernardo Arévalo no asuma en enero. Están socavando la democracia en Guatemala”, dijo a DW, en Bruselas, Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa de Santa Lucía Utatlán, en Guatemala. Viajó a Bruselas para pedir sanciones para los miembros del Ministerio Público, motores de esta judicialización.

Junto a Misrahi Xoqic, alcalde de la ciudad de Sololá, y Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas -plataforma de 40 organizaciones que defienden el Estado de Derecho en Guatemala-, la alcaldesa Ulario pide a Europa que no deje de mirar atentamente lo que sucede en Guatemala.

¿Por qué se levantan?

"Deben saber que hemos tenido presidentes que nos han tomado en cuenta a los pueblos indígenas solamente para lo votos. Y aunque hicieron muchas trampas para que Arévalo no llegara a segunda vuelta, arrasó. Nos da esperanza”, declaró la alcaldesa.

Ante la posibilidad de que el candidato electo no llegara a tomar el poder, "nos organizamos, Sololá, 48 Cantones, Totonicapá, Santa Lucía Utatlán, San Cristobal, los hermanos ixil, Chichicastenango y el departamento Xinka. Pensamos que iba a ser por poco tiempo, pero nuestro movimiento aglutinó a toda la población descontenta y ahora tenemos un movimiento nacional fuerte”, subraya la alcaldesa de Santa Lucía Utatlán, asegurando que es el mismo pueblo guatemalteco quien los financia y sostiene.

"Estamos en cuartos de final. La parte que viene va a ser muy dura, porque el Ministerio Público sigue sacando casos para judicializar a opositores. Hay mucha gente con miedo, saliendo del país”, cuenta por su parte a DW Álvaro Montenegro, jurista de la Alianza por las Reformas. Desde el 2015, Montenegro -desde el periodismo y el activismo- ha formado parte de la lucha anticorrupción. Ahora vive en Washington.

"Todos los que hemos tenido algún rol medianamente público, hemos sufrido criminalización, estigmatización. Y es evidente que las campañas de acoso están vinculadas a las instituciones de justicia, porque publican documentos que solo tienen ellos”, agrega Montenegro.

Por otro lado, Misrahi Xoqic, alcalde de la ciudad de Sololá, dijo a DW: "Llevábamos cinco días de protestas y a mí y al presidente de 48 Cantones nos llegaron intimidaciones; sabían dónde trabaja mi esposa, dónde están nuestros familiares. No hay ninguna seguridad. Si el pueblo llegara a desistir en el respaldo que nos está dando, seguro que se van a volcar en  nuestra contra y tendremos que salir al exilio, como ha sucedido con tantos jueces que han defendido el derecho en Guatemala”. 

¿Respuesta de la UE?

"La misma Misión de Observación Electoral de la Unión Europea hizo énfasis en esta estructura de acoso. Y sí, es un gran reto mantener viva la resistencia de las autoridades ancestrales que han liderado el movimiento que ha detenido el golpe de Estado”, responde Álvaro Montenegro.

Por otro lado, "la incidencia internacional es relevante, porque las élites económicas y algunos de los políticos no quieren que el país se convierta en paria internacional, sobre todo por temas comerciales”, agrega.

Cabe recordar que desde las instancias europeas se ha recalcado en varias ocasiones la importancia del respeto de unos resultados electorales que han sido limpios. Ante la ola de judicializaciones e intentos de alterar las sendas democráticas, el último comunicado de la diplomacia europea (16.11.2023) contiene una advertencia: de seguir así, habrá repercusiones en las relaciones entre la UE y las autoridades que permiten que esto suceda.

¿Significa esto que se abren nuevas puertas? "Sí”, responde a DW Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de América Central. "Estamos en contacto permanente con nuestra delegación en Guatemala. Estamos preparando una reunión con los grupos políticos para pedir sanciones individualizadas para los responables de estas acciones contra la democracia en Guatemala que, al parecer, sin presión no van a cesar”, asegura Metz.

(ers)