DW: Las informaciones sobre la actividad actual en la empresa de carne Tönnies, en Westfalia Oriental, son, en parte, contradictorias. ¿Se sigue trabajando después del brote masivo de coronavirus en las instalaciones, o se canceló toda la actividad?

Elena Strato: Según informaciones de personas que nos solicitaron asesoramiento, la actividad en Tönnies continuará hasta que se terminen de procesar las existencias restantes. Luego seguirá el cierre total de la fábrica. Las cadenas de producción se han cerrado en parte, o estarían funcionando con menos personal, de manera limitada.

¿La sorprendió el brote masivo de coronavirus en Tönnies?

La situación actual no sorprende. En esa y en muchas fábricas procesadoras de carne en las cuales se confirmaron casos de COVID-19 reinan las mismas condiciones críticas en cuanto a los contratos de obra, al hacinamiento en las cantinas, en el transporte y en el alojamiento de trabajadoras y trabajadores del este de Europa. Por eso, ahora es muy importante hablar con los trabajadores lo antes posible y de manera transparente, porque hay mucha incertidumbre, tanto entre empleados como en la población local del distrito de Gütersloh. El ambiente está muy tenso.

¿Son los trabajadores del este de Europa los culpables de la propagación del coronavirus en la fábrica Tönnies? Eso fue lo que surgió, en un principio, el grupo de crisis de la empresa. Más tarde, fue el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia quien provocó indignación por haber dicho que el brote de COVID-19 en Tönnies fue a causa de los "rumanos y búlgaros”…

Por eso mismo se debe aclarar todo cuanto antes, ya que las trabajadoras y trabajadores no deben ser los chivos expiatorios en esta situación, sino que, evidentemente, se trata de denunciar la irresponsabilidad sistemática de los grupos empresariales y los contratistas, así como las condiciones precarias de trabajo y vivienda.

Según los testimonios que hemos recibido, la acusación de que los obreros fueron quienes trajeron el coronavirus desde sus países nos parece cínica y casi absurda. Los responsables de ese grupo empresarial deben hacer mucho más para proteger a sus empleados que, por ejemplo, solo colocar expendedores de desinfectante para manos o tomarles la temperatura a la entrada de la fábrica. Deben cambiar las condiciones de alojamiento y mejorar la higiene.

En el caso de los trabajadores rumanos, lo cierto es que no fue sino hasta el 15 de junio que se relajaron las restricciones y se puso fin a la cuarentena luego del ingreso. Los empleados cuentan que han trabajado todo el tiempo hasta esa fecha, y que hace meses que no se les conceden vacaciones, ya que la cantidad de trabajo era enorme. Muchos informan sobre jornadas laborales de 10 a 12 horas, como mínimo, en seis días a la semana. Hay que tener en cuenta que, con el comienzo de la temporada de barbacoas, la demanda de carne es más alta.

Debido a la pandemia del coronavirus y al cierre de fronteras, no se pudo reclutar a nuevos trabajadores de esos países, por lo cual los contratistas dependían de aquellos que ya estaban en Alemania. Esos argumentos, de acuerdo con los testimonios, van claramente en contra de que los trabajadores del este de Europa trajeron el coronavirus desde sus países hacia la fábrica Tönnies.

¿Cómo es la atmósfera entre los trabajadores?

Los empleados tienen mucho miedo de hablar sobre lo que pasa porque están bajo una gran presión de los subcontratistas, que los amenazan con despedirlos. Además, se sienten inseguros en cuanto a su salud y a su paga durante la cuarentena. Según informes, desde el principio de la pandemia, ha sucedido una y otra vez que algunos trabajadores que estaban enfermos fueron enviados a su casa en cuarentena. Se les recomendó no hablar sobre lo que estaba pasando y no llamar la atención.

No es fácil probar las contravenciones en que ha incurrido la empresa porque estamos ante un sistema en el que el ocultamiento de las cosas que están mal funciona bien desde hace muchos años. La clase política envió una señal más clara al anunciar la prohibición de este tipo de contratos. Aplaudimos eso como oficina de asesoramiento para empleados de la Unión Europea. Otra posible solución es llevar a cabo controles más estrictos de forma perdurable en las fábricas, así como emitir normas legales claras. De esa manera, las fábricas de productos cárnicos y los contratistas serían obligados a asumir su responsabilidad por la situación, y a cambiarla de una vez por todas.

Elena Strato es asesora en el proyecto de la Unión Europea "Por una libertad de circulación justa para los trabajadores” ("Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten”), que dependen de la Asociación "Trabajo y Vida” (Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V.), de Renania del Norte-Westfalia.

(cp/er)

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