Las pláticas para buscar una solución a la crisis que se inició en abril de 2018 comenzaron el miércoles (27.02.2019), a puertas cerradas. Tras ocho horas de debate, las partes emitieron un comunicado que desató más especulaciones: de una agenda de 12 puntos se habían aprobado nueve, pero no se informó oficialmente cuáles eran unos ni otros.

Mediante una nota de prensa, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), que forma parte de la Alianza Cívica, confirmó el jueves que todos los temas acordados tenían que ver con la "logística" de la negociación, y que está pendiente aprobar "el tema de mediadores, garantes y observadores".

Fuentes cercanas al equipo negociador de la oposición dijeron que la Alianza exige al gobierno que la negociación sea acompañada por "garantes” de la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y la Unión Europea. Ortega no ha querido aceptarlo y esto podría llevar a un "irremediable estancamiento” del diálogo, advirtieron. "Es importante reiterar que la negociación no ha entrado a temas de fondo”, confirmó la Alianza en un informe emitido al concluir la segunda ronda. Consideró que en las próximas horas será "crucial” establecer reglas claras para alcanzar acuerdos.

También reiteró sus reclamos principales al gobierno: liberación de todos los presos políticos (unos 770, según la oposición); restauración de la libertad de expresión y movilización; reforma electoral para realizar comicios libres, justos y transparentes; y justicia.

"Tengo la esperanza de que vamos a resolver la crisis”, declaró el catedrático Carlos Tünnermann, uno de los seis negociadores titulares de la oposición. Los representantes del gobierno abandonaron la sede del diálogo –una escuela de negocios al sur de Managua--- sin hablar con la prensa.

Prolongan negociación

"Esta es la estrategia de Ortega, prolongar las discusiones sin llegar a los puntos importantes. Él no quiere compromisos…y menos con testigos internacionales”, dijo a Deutsche Welle el sociólogo y analista político Oscar René Vargas.

A su juicio, el gobierno también busca ganar tiempo mientras espera el desenlace de la crisis en Venezuela, que amenaza el futuro de su aliado Nicolás Maduro. Muchos en Nicaragua afirman que "si cae Maduro, caerá Ortega”, que desde 2007 recibió de Caracas una millonaria ayuda financiera.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo estar anuente a que el organismo continental participe en un diálogo "como garante” del proceso, que según dirigentes opositores no debería prolongarse más de tres meses. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, el español Antonio Tajani, advirtió que los eurodiputados -varios de los cuales visitaron las cárceles de Managua en enero- siguen "de cerca la situación, para que cese la represión de la prensa y la sociedad civil”. Tajani dijo que aplicarán sanciones "si no hay resultados concretos”.

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que documentó durante casi un año las muertes de al menos 325 nicaragüenses, atribuidas por esa misma instancia de la OEA a la represión estatal, pidió no excluir del diálogo los temas vinculados a la justicia y la reparación.

Hay que tener presente "el acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para la sociedad nicaragüense y, especialmente, para las víctimas”, instó la CIDH.

Según la Comisión, además de los 325 muertos, la violenta acción de policías y paramilitares contra manifestantes civiles dejó más de 2.000 heridos y 52.000 exiliados, en su mayoría, refugiados en Costa Rica.

El gobierno mantiene total silencio sobre las negociaciones, mientras algunos opositores expresan expectativas "moderadas”. Para Violeta Granera, dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), "la represión continúa y Ortega no muestra voluntad” de resolver el conflicto, que cumplirá un año el 18 de abril.

Los "liberados” tienen casa por cárcel

Horas antes de la primera sesión del diálogo, las autoridades liberaron a decenas de detenidos por protestar contra Ortega. La euforia y emoción iniciales dieron paso muy pronto a la decepción, ya que muchos pensaron que habían obtenido la libertad definitiva.

En un comunicado, el Ministerio de Gobernación (Interior) dio a conocer la lista de los 100 excarcelados, aclarando que todos recibieron el beneficio de la "convivencia familiar”, también conocido como libertad condicional o "casa por cárcel”.

"A mí ayer me dijeron ‘estás libre' y después vi mi nombre en una lista oficial de presos con ‘casa por cárcel'. O sea que no podré siquiera ir a misa”, dijo a Deutsche Welle la promotora cultural y profesora universitaria Ana Cecilia Hooker.

Hooker fue detenida en noviembre por asistir a un ‘plantón' junto a otros 10 ciudadanos que se reunieron para cantar el himno en la ciudad de Somoto, a 200 kilómetros de Managua, donde reside.

Horas después la trasladaron a la cárcel policial de El Chipote, en Managua, donde pasó encerrada más de tres meses sin ser llevada a juicio, pese a que la ley establece que nadie puede permanecer detenido más de 48 horas sin que se le formulen cargos.

Hooker teme que si las negociaciones fracasan, los que fueron liberados el miércoles sean recapturados. "Nuestra libertad pende de un hilo, seguimos siendo rehenes del gobierno”, se lamentó.

Otro de los excarcelados es Alex Vanegas, a quien la Policía detuvo en seis ocasiones por correr en las avenidas de Managua exigiendo la renuncia de Ortega. El popular "maratonista”, de 61 años, volvió a ser retenido dos veces el jueves, cuando salió a la calle ondeando la bandera nicaragüense, hace tiempo convertida en subversivo símbolo de las protestas.

En la lista de liberados no figuran, sin embargo, los principales líderes campesinos, Medardo Mairena y Pedro Mena, condenados a 216 y 210 años de cárcel respectivamente. Tampoco salió de prisión la joven Amaya Coppens, estudiante de quinto año de medicina, de nacionalidad nicaragüense y belga, arrestada en la ciudad de León (occidente) junto a varios de sus compañeros.

Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, director y jefa de prensa del clausurado canal 100% Noticias, respectivamente, también siguen presos y en condición de aislamiento, denunció su abogado defensor, Julio Montenegro.

"Yo compartí mi celda con Lucía cuando llegó al Chipote. Le daba de mi comida porque no le dejaban ingresar alimentos. Los policías le gritaban e insultaban. Después se la llevaron a la cárcel de mujeres donde dicen que ahora está aislada y sin derecho a recibir sol”, contó Ana Cecilia Hooker.

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos estimada que más de 770 personas fueron encarceladas por participar en las protestas que iniciaron el 18 de abril pasado, aunque el gobierno en sus cifras más recientes ha reconocido que tiene 340 detenidos.

(cp)

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