Chile prolonga el estado de excepción en cuatro provincias que son el epicentro del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. La medida fue adoptada en medio de una escalada de violencia, pero la presencia militar es rechazada por organismos de derechos humanos, por la comunidad mapuche y por los constituyentes que buscan incluir a los pueblos originarios en la nueva Carta Magna.