Mientras miles de ciudadanos se manifestaban en las calles de la Ciudad de Panamápara reclamar la derogación del contrato ley 406 entre el gobierno panameño y Minera Panamá (First Quantum Minerals), aprobado el pasado 20 de octubre y que permite la actividad de dicha empresa durante 40 años, otros cientos exponían iniciativas de acción climática regional en el marco de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2023 (LACCW, por sus siglas en inglés).

Entre ellas, se presentó una herramienta que permite calcular la huella de carbono del reciclaje inclusivo. “Comprobamos con evidencia científica que el reciclaje inclusivo es un modelo de mitigación del cambio climático efectivo”, asegura a DW Romina Malagamba, Directora de la Unidad de Ciencia de Datos de Latitud R, recordando que en la región existen más de dos millones de personas que se dedican a esta actividad. “Los recicladores recuperan materias primas secundarias a partir de los residuos, aportan el 50 por ciento de estas materias primas secundarias, solo el 10 por ciento están organizados y trabajan en condiciones de precariedad laboral”, añade.

Para desarrollar dicha herramienta se analizó un caso en cada uno de los seis países en los que se hizo el piloto (Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Brasil), tomando en cuenta diferencias de tipo de centros, materiales recuperados y matrices energéticas de cada país. “Estas seis organizaciones de recicladores evitaron en 2022, 150.000 toneladas de carbono equivalente”, detalla.

Colombia es el país que lidera el ahorro de emisiones. “Por cada tonelada que emite, ahorra 627. El ahorro está directamente vinculado a los tipos de residuos que recuperan y, sobretodo a la productividad”, explica recalcando que los datos muestran “el triple impacto” (económico, social y climático) de la actividad de los recicladores. “Los ubica en las discusiones de políticas públicas ya sea a escala global, regional, provincial y municipal”, considera recordando que “los contratos de gestión de residuos se resuelven a escala municipal y representan entre un 20 y un 40 por ciento del presupuesto total y solo el 2 por ciento de las ciudades en América Latina y El Caribe tienen programas de reciclaje”.

Trabajo conjunto

La herramienta ha contado con la participación de profesionales de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), así como de los usuarios involucrados. “Fue un trabajo de ciencia y sociedad, de forma conjunta. Lo más novedoso fue que los recicladores fueron actores en la generación de esta herramienta”, dice a DW Laura Dawidowski, investigadora y docente de este centro.  

Este proceso facilita que “la herramienta de cálculo pueda ser usada por los mismos recicladores para, a su vez, mejorar y tener control sobre cuáles son los impactos de sus propias prácticas de manejo que tienen sobre las emisiones”, dice la experta que ha liderado la investigación, apuntando al uso de camiones muy ineficientes o uso de motor a combustión en lugar de energía eléctrica, entre otras acciones.

Para Dawidowski, que además es miembro del Task Force de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del IPCC, un grupo de científicos que desarrolla y evalúa metodologías para los inventarios de nacionales de los gases de efecto invernadero, “es interesante ver cómo, de forma conjunta, todos los recicladores se transforman en una industria por sí misma, por más pequeños que sean, la suma de todos ellos termina produciendo un impacto significativo en el panorama global”.

“Es un instrumento que va mucho más allá de una mitigación de gases, sino de cómo mitigamos la vulneración de derechos humanos que existe a lo largo de todo el mundo y sobretodo en América Latina y el Caribe”, complementa a DW Soledad Mella, recicladora de base chilena y presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores en Chile (ANARCH), apuntando a la explotación infantil, el trabajo esclavo, el componente de género y el “trabajo complejo que muchas veces se hace con animales de carga”.

Por otro lado, existen dificultades para la implementación plena de esta herramienta en la región. “Al no tener un catastro nacional en ninguno de los países se nos hace más dificultoso entregar números y escalar con mayor facilidad esta herramienta”, lamenta Mella. La también integrante de la Red Latinoamericana y El Caribe de Recicladores reclama por que “todos los bonos verdes y climáticos que se están entregando lleguen a la gente que está haciendo la labor concreta y real en cuanto a la emisión de gases en el planeta”.

(mn)