El padrastro de dos de los cuatro niños indígenas rescatados recientemente de la selva colombiana dijo haber sido obligado a salir de su territorio por grupos criminales que buscaban reclutarlo a él y a sus hijastras. Aunque su situación familiar aún es motivo de investigaciones, el reclutamiento forzoso por parte de grupos residuales de las guerrillas y los paramilitares sigue siendo una evidente amenaza para adultos, pero sobre todo para niñas, niños y jóvenes en Colombia.

"Hay que señalar que desde el segundo semestre de 2017, especialmente en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, existe una presencia muy fuerte de actores armados, entre ellos un grupo armado de disidencias de las Farc, particularmente el Frente Carolina Ramírez”, dice a DW Julia Castellanos Medina, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA). La socióloga agrega que su organización ha verificado que niñas, niños  y adolescentes  en esa zona selvática se encuentran en "permanente riesgo de reclutamiento”.

Esta zona de alto riesgo se encuentra en la Amazonía recorrida por los ríos Caquetá y Putumayo, dos de los mayores afluentes del Amazonas. Los grupos ilegales internados en la selva arrasan el bosque para cultivar coca y envenenan las aguas para sacar oro. "Amenazan y extorsionan a la población, sobre todo a las comunidades indígenas. El reclutamiento de menores produce desplazamiento porque las familias buscan salir antes de que los niños y niñas cumplan 12 o 13 años”, explica a DW Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y miembro de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que asesora al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en cuestiones de paz.

Depredadores del bosque, el mayor peligro para sus cuidadores, los indígenas

En la región opera el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), que reconoció el pasado 24 de mayo haber "ajusticiado” a tres niños indígenas Murui, reclutados por ese grupo disidente de las FARC. Un "crimen atroz” que llevó al presidente de Colombia a suspender temporalmente el cese al fuego con ese grupo en cuatro departamentos.

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nr. 182 de 1999 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, prohíbe, entre otros, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados.

La socióloga Julia Castellanos Medina resalta que tanto el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) monitorean y reportan a la Representante Especial para los Conflictos Armados de Naciones Unidas los casos de reclutamiento forzoso en el país. Se trata de una de las seis graves violaciones de las que son víctimas las niñas, niños y adolescentes en el marco de los conflictos armados a nivel mundial.

La naturaleza del delito y los grupos ilegales hacen difícil poner en cifras exactas el reclutamiento forzoso de menores. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acreditado 579 víctimas reclutadas por la ex guerrilla Farc-EP y ha identificado a 94 víctimas de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado por parte de miembros de la Fuerza Pública.

Después de que el comandante del ELN, Antonio García, asegurara en abril pasado que esa guerrilla no reclutaba a menores de edad para sus tropas, y de que el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, dijera que desconocía si ellos reclutaban a menores de manera forzada, la Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno de Gustavo Petro "compromiso ante este problema”. El Defensor asegura haber emitido en lo que va de este año 15 alertas tempranas, de las cuales 12 advierten riesgos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.

Una ley busca el "sometimiento" de grupos criminales 

El Gobierno de Gustavo Petro espera firmar un acuerdo con el ELN en mayo de 2024. ¿Se replicará la historia de disidencias, violencia y reclutamiento? "Sabemos que después de cualquier acuerdo de paz, hay un recrudecimiento de la violencia por parte de los grupos que quedan rezagados o restantes”, narra a DW la socióloga Julia Castellanos, quien recuerda que "así sucedió en 2010 tras la firma de la Ley de Justicia y Paz, entre el Gobierno de Álvaro Uribe y varios grupos paramilitares, cuyas disidencias se rearmaron y reorganizaron en estructuras con muy fuertes fuerzas urbanas ligadas al narcotráfico”. Una transformación de las organizaciones criminales que también se repitió tras el Acuerdo de Paz con las Farc-EP.

"Hoy, de los 1150 municipios que tiene Colombia, en unos 180 tienen presencia los grupos armados ilegales”, apunta Camilo González, fundador del Centro de Memoria y Paz.

El pasado 15 de enero, fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que - en el marco de la Paz Total - apunta al sometimiento de los grupos delincuenciales. Los criminales deberán confesar sus delitos, reparar víctimas, pagar penas en prisión y en algunos casos podrán conservar un mínimo porcentaje de bienes que hayan obtenido de manera ilegal.

El cometido es erradicar el reclutamiento forzoso, el desplazamiento y la violencia justo en los territorios indígenas y los campos colombianos, en donde cunde "un desempleo del 50 por ciento”, destaca González Posso. Y concluye que su país tiene que acabar con el desamparo de los indígenas y campesinos que habitan "en las zonas más ricas de Colombia, pero en donde reina la pobreza”.

(er)