En el marco de las reformas constitucionales que se hicieron en América Latina en el último cuarto de siglo sobresalió la introducción de dos mecanismos que, en principio, posibilitan la flexibilización de los mandatos presidenciales: el acceso a la reelección fue promovido como una prerrogativa que fomenta la continuidad de gestiones ejecutivas con altos niveles de aprobación popular, y la figura del referendo revocatorio fue positivamente recibida como una manifestación de la democracia directa prometida. Así lo explica Claudia Zilla, de la Fundación Ciencia y Política (SWP), con sede en Alemania.

Sin embargo, en “Poder transitorio en América Latina”, su publicación más reciente para el think tank berlinés, la investigadora distingue entre la teoría y los hechos: aunque la reelección y el plebiscito revocatorio pueden afectar el curso político en sentidos opuestos –alargando e interrumpiendo, respectivamente, la estancia en el poder–, en la práctica, estos dispositivos han propiciado más la permanencia de presidentes en la silla de mando que la alternancia. “La perpetuación de un jefe de Gobierno no sería un riesgo tan grande en la región si se contara con comicios más competitivos”, comenta la especialista en entrevista con DW.

“Pero en América Latina vemos con frecuencia el abuso de la autoridad y de los fondos públicos, el incumplimiento de la veda para hacer propaganda política y, en general, la implementación desigual de las reglas del juego electoral. Y eso no sólo aplica cuando un mandatario opta a la reelección, sino también cuando se organizan referendos revocatorios, que, al fin y al cabo, tienen lugar tras una intensa campaña electoral”, agrega Zilla. Su análisis tiene una relevancia evidente por estos días, cuando la oposición de Brasil y la de Venezuela intentan revocar a los presidentes de esos países, si bien a través de mecanismos distintos.

Antecedentes poco alentadores

La moción parlamentaria para separar a Dilma Rousseff de la jefatura del Gobierno brasileño –por el rol que se le atribuye en las corruptelas de Petrobras– tiene un precedente alentador en la dimisión del presidente Fernando Collor de Mello, consumada en 1992, poco antes de que culminara el juicio político del Congreso en su contra. Pero las probabilidades de éxito del plebiscito que busca truncar el mandato de Nicolás Maduro –por la presunta incapacidad del “hombre fuerte” de Caracas para resolver la crisis venezolana– siguen siendo inciertas a la luz de los antecedentes a mano.

En su artículo, Zilla recuerda que los referendos revocatorios activados en América Latina terminaron confirmando en sus cargos al líder venezolano Hugo Chávez (2004) y al boliviano Evo Morales (2008). La oposición venezolana está considerando otros tres dispositivos constitucionales para poner fin anticipadamente al Gobierno de Maduro: la solicitud de dimisión, la convocatoria de una Asamblea Constituyente que permita renovar los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, y la redacción de una enmienda constitucional para acortar, con efecto inmediato, los períodos presidenciales de seis a cuatro años.

Algunos conocedores del acontecer venezolano descartan de antemano que Maduro vaya a renunciar y que el inicio de un proceso constituyente sea oportuno. Para Fernando Mires, la modificación de la Carta Magna sería la mejor opción en circunstancias ideales; pero este catedrático de la Universidad de Oldenburg da por imposible que el Tribunal Supremo de Justicia –alineado con el oficialismo– apruebe esa reforma. De ahí que el plebiscito revocatorio esté ganando cada vez más adeptos, a pesar de que organizarlo sea un proyecto sin garantías de triunfo para la oposición antichavista.

¿Ejecutivos blindados?

Víctor Mijares, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo, señala que el número de votos a favor de la destitución de Maduro debe ser el mismo o mayor que el de los votos que éste recibió en los comicios presidenciales de 2013. Para ello debe ir a las urnas por lo menos el 25 por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro electoral. Además, ese plebiscito debe tener lugar poco después del 19 de abril, cuando se cumple la mitad del mandato de Maduro; sólo así se podría llamar a comicios anticipados para designar a su sucesor, en caso de que Maduro fuera revocado.

Ese escenario deja de ser viable en 2017; de ahí en adelante, si Maduro llegara a separarse de su puesto, el vicepresidente lo supliría automáticamente. “No es de extrañar que la Carta Magna venezolana dificulte la revocatoria de un mandato. Recordemos que a ese instrumento plebiscitario se le dio rango constitucional en varios países latinoamericanos para fortalecer al Ejecutivo, por iniciativa de presidentes que se sabían populares y cuya legitimidad se basaba en sus promesas de democracia directa”, sostiene Mijares, acotando que “los impulsores del referendo revocatorio en Venezuela creen que el grado de desprestigio de Maduro es tal que vale la pena asumir el alto riesgo de que ese mecanismo fracase”.