La reforma del sistema judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se vota este martes (3.09.2024) en el Congreso de ese país,es debatida en medio de la polémica, las críticas académicas y el rechazo de manifestantes en las calles.

Entre las numerosas modificaciones, contempla la elección de los jueces por votación popular en las urnas, acorta el período de duración de estos cargos, reduce los sueldos y elimina la pensión vitalicia para actuales y futuros magistrados. AMLO argumenta que busca acabar con la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial.

A pesar del férreo rechazo de la oposición, el oficialismo cuenta con mayoría legislativa, por lo que esta iniciativa podría convertirse en ley. Organizaciones como Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Jueces han alertado sobre los peligros que implicarían estos cambios.

Según el Índice Global de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project (WJP), México se ubica en el lugar 116 de 142 países evaluados. Esta medición considera varios factores, entre ellos, el acceso a la justicia y la falta de corrupción. En Latinoamérica figura en el puesto 27 de 32, con una calificación decreciente desde su primera evaluación en 2015. En estos años pasó de una calificación de 0.47 a 0.42

En contraste, Dinamarca es considerado uno de los países con el mejor sistema judicial del mundo. Es primero en el Índice Global de Estado de Derecho, con una puntuación de 0.90. Allí se destacan la independencia judicial y la baja corrupción.

"Ningún sistema judicial es perfecto, pero se intenta perfeccionarlos insistiendo en algunos códigos valóricos, en particular, en la independencia de la justicia”, dice a DW Mikael Madsen, profesor de Derecho en la Universidad de Copenhague y fundador y director de iCourts, Centro de Excelencia para Tribunales Internacionales.

Peligros de un sistema judicial politizado

El experto danés es crítico con el proyecto del Gobierno mexicano: "Yo creo que la reforma es polémica porque, a pesar de que es presentada como una reforma tecnocrática, está altamente politizada. Suena como una reforma tecnocrática, es justificada como tal, pero probablemente el resultado será que los tribunales serán más dependientes de la voluntad política”.

"El riesgo, como hemos visto en otros lugares del mundo, es que las cortes de Justicia se vuelven demasiado cercanas al poder político y muy dependientes de la voluntad del parlamento y del gobierno, y no operan realmente de una manera autónoma. Es un tipo de reforma, como vimos en Polonia hace unos años, y en Hungría, donde líderes populistas buscan hacer que los jueces sean cercanos a la voluntad del gobierno”, señala Madsen.

En su opinión, el hecho de que los jueces se elijan por votación popular "siempre trae el riesgo de que se necesita tener agendas más políticas, en lugar de que el juez se ocupe de cumplir la ley. Esto amenaza con desafiar la independencia y autonomía de los tribunales”.

Asimismo, el Poder Judicial debe ser independiente de los otros poderes del Estado. "Las cortes son parte del sistema constitucional de un Estado, y para trabajar tienen que operar fuera de la política”, dice el director de iCourts. Si son elegidos, en cambio, responderían a las mayorías que los votaron.

Necesidad de estabilidad a largo plazo

"Los tribunales no son instituciones mayoritarias. Son instituciones contramayoritarias. En determinadas circunstancias deben proteger a las minorías contra la voluntad de las mayorías”, subraya Madsen.

Para el experto en cortes de Justicia, otro de los riesgos es que, al acortar el período, los jueces deben encontrar un nuevo trabajo al terminar este, y también con la reducción de las pensiones, "significa que van a depender de otros fondos de financiamiento una vez que están retirados, o para reincorporarse al mercado laboral”.

"Es sabido que, para ser independientes, no deberían necesitar estar buscando un nuevo trabajo todo el tiempo, no depender de ingresos externos y poder contar con una pensión que les permita permanecer fuera del mercado en el momento del retiro”, observa.

El recambio más frecuente implicaría también que se pierde la continuidad y "se crea un sistema menos estable. Mucho del buen funcionamiento del sistema judicial y los tribunales se debe al hecho de que son instituciones protegidas, que pueden hacer su trabajo sin interferencias, con un horizonte a largo plazo. Pueden estar activos a lo largo de su vida y tienen una perspectiva de desarrollo a largo plazo”, consigna el especialista danés. 

Es por ello que en todo el mundo se ve como una carrera y un compromiso permanente, y no como un trabajo temporal. "Se sabe que es una profesión muy particular, en la que se debe ser capaz de ejercer una función contramayoritaria en ciertos momentos, contra la voluntad de la mayoría. Y eso no es algo que se aprende fácilmente. Los jueces cumplen unos objetivos particulares en la sociedad, necesitan tener la protección de la institución en la que trabajan y saber que no van a estar constantemente entrando y saliendo”, afirma Madsen.

El investigador en Derecho Internacional concluye que "la mejor recomendación para México y para cualquier sistema legal es que el nombramiento de jueces debería ser para una larga duración, y debe ser hecha por un sistema que valore la experiencia jurídica de los jueces. Nunca debe interferir la opinión política, sino el mérito de las competencias, y asegurar una comisión independiente que encuentre a los candidatos más relevantes para convertirse en jueces. No es algo que debería hacerse por una elección abierta o por un sistema controlado por el ejecutivo”.

(cp)