Fue una semana complicada para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su coalición de gobierno y su polémica reforma judicial. El lunes, los jueces de la Corte Suprema echaron por tierra una disposición medular de dicha reforma. 

El tribunal anuló una disposición que preveía privar al Poder Judicial del derecho a decidir sobre la "razonabilidad" de las decisiones del gobierno o de la Knéset. En su fallo, emitido con una mayoría de ocho contra siete, el Tribunal Supremo explicó que eso habría supuesto un "daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como Estado democrático".

Posteriormente, el miércoles (03.01.24), los jueces decidieron postergar hasta la próxima legislatura la entrada en vigor de una reforma legal, aprobada en marzo de 2023, que dificulta la destitución de un jefe de gobierno. Seis de once magistrados votaron a favor del aplazamiento. Como justificación, se indicó que la ley había sido hecha a la medida de una persona determinada y el Parlamento había hecho mal uso de su facultad.

Se enciende nuevamente el debate

Las decisiones del Tribunal Supremo han vuelto a encender el debate sobre la reforma judicial impulsada desde comienzos de año pasado por el gobierno, que había causado profunda división y polarización en Israel.

La derecha considera que dicha corte es demasiado liberal y poderosa. Pero cientos de miles de israelíes lo ven de otro modo. Durante semanas salieron a las calles para protestar contra la reforma que, a su juicio, minaría la independencia de los tribunales y la democracia israelí. Entre los manifestantes también hubo reservistas del ejército, que advirtieron en ese entonces que no participarían en entrenamientos si se aplicaba la reforma.

"Demasiado poder para el Ejecutivo"

Los críticos de la reforma piensan que, sin el control del Tribunal Supremo, el Ejecutivo tendría demasiado poder. Argumentan que en Israel no hay otros mecanismos de control, como un derecho presidencial al veto o una segunda cámara parlamentaria.

Pese a las protestas, en julio de 2023, la Knesset aprobó un primer paso hacia la reforma judicial. Varios grupos de la sociedad civil presentaron entonces demandas ante la Corte Suprema.

Los atentados terroristas de Hamás contra Israel, del 7 de octubre, y los posteriores ataques israelíes a la Franja de Gaza, paralizaron por lo pronto el proceso. También la división de la sociedad pareció quedar en segundo plano. El país se mostró unido ante los horrores cometidos por Hamás -considerada una organización terrorista también por la UE y Estados Unidos-, la toma de rehenes y los muertos en la guerra.

Tanto críticos como partidarios de la reforma judicial se integraron al gabinete de guerra. Benny Gantz, que se incorporó desde las filas de la oposición, advirtió el lunes en X (antiguamente Twitter) que no es tiempo para disputas políticas.

Después de la guerra

Representantes del gobierno expresaron duras críticas al fallo, pero, a pesar de todo, parece haber consenso en que todo el asunto se pospondrá para después de la guerra. Es incierto lo que sucederá entonces. Netanyahu obtiene malas cifras en las encuestas y muchos israelíes le reprochan no haber asumido hasta ahora responsabilidad por el enorme fiasco de los organismos de seguridad, que no pudieron evitar los atentados de Hamás del 7 de octubre.

Mirando retrospectivamente, no pocos ven también en la larga pugna por la reforma judicial una causa de que el país haya podido sufrir semejante ataque. Según los críticos, no se tomaron en serio las advertencias de que los enemigos de Israel podrían interpretar la situación como signo de debilidad.

También el líder de la oposición, Jair Lapid, quien aplaudió el fallo del Tribunal Supremo, atribuyó al conflicto interno por la reforma judicial parte de la responsabilidad por el "desastre del 7 de octubre”. Y no es el único.

De acuerdo con encuestas, una mayoría de los israelíes quiere que se celebren nuevas elecciones cuando termine la guerra.

(ers/gg)