Las supuestas "víctimas directas" del régimen de excepción -vigente en El Salvador desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas- llegan a 5.775, de las que más del 50 % son personas jóvenes, y las muertes suman 189, según un informe presentado este miércoles (18.10.2023) por representantes de un grupo de organizaciones humanitarias.

Este recuento de víctimas, principalmente de detenciones arbitrarias, surge de las denuncias por vulneraciones a derechos humanos que han recibido siete organizaciones no gubernamentales entre marzo de 2022 y septiembre de 2023. Estas entidades han atendido en este lapso un total de 5.495 casos.

Según explicó en una conferencia de prensa Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), el 52,54 % de "las víctimas de graves violaciones a derechos humanos" tiene entre 19 y 30 años. Le siguen las personas entre 31 y 59 años con 33,49 % y 3,32 % tienen entre 13 y 18 años.

De acuerdo con Santos, el 94,77 % de estas personas habrían sufrido detención ilegal arbitraria, mientras que 87,05 % "falta del debido proceso" y 28,59 % un allanamiento de morada sin orden judicial. Entre las vulneraciones denunciadas -que en un mismo caso pueden registrarse varias- se encuentran tratos crueles o tortura con 7,6 % y desaparición forzada con el 3,62 %.

La Policía es señalada

En el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, se ha señalado como supuestos "victimarios" a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el 74,87 % de los casos.

Por otra parte, el informe de las organizaciones indica que han registrado al menos 189 personas fallecidas, "la mayoría de estas bajo custodia del Estado".

El Congreso de El Salvador aprobó a finales de marzo la polémica medida de excepción tras una escalada de asesinatos atribuido a las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

Según el Ejecutivo de Nayib Bukele, durante esta "guerra contra las pandillas", la cifra de detenciones suma más de 72.000, mientras que más de 7.000 personas han recibido la libertad condicional. Santos advirtió que estas personas mantienen una acusación penal en su contra, por lo que "pueden llegar a ser condenadas en las audiencias masivas" tras una serie de reformas penales "arbitrarias".

ama (efe, yskl)