El Tribunal Constitucional alemán ha fallado en el espinoso asunto del espionaje policial de computadores personales. Éste será posible “sólo en casos en los que exista peligros concretos para un bien de suma importancia, como la vida y la libertad humana o la existencia del Estado”. Una orden judicial previa es necesaria. De otra manera se hieren los derechos cívicos y se atenta contra el derecho a la inviolabilidad del espacio privado del individuo, protegido por la Constitución.

Esta esperada sentencia pone duras trabas a los planes del ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble: autorizar, sin restricciones, el espionaje de sospechosos de terrorismo a través de la red. De “bofetada para Schäuble” la calificaron miembros de la oposición liberal y verde; organizaciones defensoras de los derechos civiles ven en este pronunciamiento una ratificación del Estado de derecho. El ministro Schäuble, por su parte, anunció que planea reformar a la brevedad la ley de la Policía federal para regular este tipo de operativos a través de Internet, para utilizarlo "en pocos casos, pero en casos muy importantes".

Cómo exactamente va a ser redactada e implementada la ley aún no se sabe. La ministra alemana de Justicia –la socialdemócrata Brigitte Zypries- y el titular de Interior tendrán que encontrar una formulación en la que se estipule, por ejemplo, si el sospechoso será informado antes o después de ser espiado.

En Renania ya se había aprobado

El Tribunal de Karlsruhe declaró asimismo inválida, por inconstitucional, la ley ya vigente en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, según la cual estaban permitidos este tipo de registros, basados en programas troyanos. El Constitucional alemán dio así la razón a una periodista, varios abogados y activistas de derechos cívicos que presentaron demanda contra la actual ley alegando que “el espionaje online atentaba contra de los derechos de personalidad, así como la inviolabilidad de la correspondencia”.

Los antecedentes

A pesar de que no existía una estructura legal que permitiese este tipo de investigación, el método empezó a emplearse en el año 2005 por orden expresa de Otto Schily, el entonces ministro de Interior. En los años subsiguientes, de lo que se conoce, el procedimiento fue utilizado algunas veces.

Después de que la Policía alemana lograra en septiembre de 2007 desarticular el que de haber tenido éxito hubiese el atentado más grande en la historia de Alemania –gracias a indicios encontrados en correos electrónicos detectados por agentes secretos de Estados Unidos-, el ministro Schäuble vio más que nunca la necesidad de implementar la pesquisa online para combatir el terrorismo.

En caso de sospecha, el Estado alemán estaría, sin más, en capacidad y derecho de enviar un troyano al ordenador personal. Esto pondría a disposición del poder estatal una gama de información, que pertenece a la esfera más privada del ser humano; contravendría además el derecho individual a la autodeterminación. “Un acceso completo y anónimo al disco duro de una persona es una violación de un derecho básico”, declaraba el liberal Gerhardt Baum, ex ministro alemán del Interior, quien fue uno de los agentes de la querella ante el Tribunal Constitucional.

Confidencialidad garantizada

Hans-Jürgen Pieper, portavoz de los jueces del Tribunal, declaró que este fallo sienta las bases de un "derecho básico de garantía de confidencialidad e integridad de los sistemas técnicos de información". Así, este salomónico fallo ha logrado el beneplácito de todos: la ministra de Justicia ve protegida la esfera privada del ciudadano, el ministro del Interior tiene un arma para actuar en contra de posibles terroristas. Y el ciudadano también se siente respaldado. El que los terroristas atrapados el año pasado usaran para su comunicación ordenadores de Cyber-cafés plantea, sin embargo, una pregunta adicional: para combatir el terrorismo, ¿cuán eficaz es este método?