A un año de iniciadas las protestas sociales de abril de 2018, Nicaragua atraviesa una de las crisis de derechos humanos más graves registradas recientemente en América, que sólo podrá resolverse mediante un diálogo y el cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Así lo advirtió en entrevista con DW Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que el año pasado contabilizó 325 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos a causa de la violenta acción policial y de paramilitares sobre personas participantes en protestas sociales.

"Urge que el gobierno de Nicaragua cumpla los acuerdos a los que ha llegado, como forma de salvar un diálogo que está estancado”, afirmó la comisionada Urrejola, quien demandó la liberación de más de 700 presos políticos y la restauración del derecho a la libre expresión y a la manifestación ciudadana, prohibida por la Policía el año pasado.

P: Ha transcurrido un año de crisis y el panorama es incierto, con cientos de asesinatos no investigados, centenares de presos, decenas de miles de exiliados y un país bajo un virtual estado de sitio. ¿Cómo valora esta situación desde el punto de vista de los derechos humanos?

Esta es sin duda una de las más graves crisis de derechos humanos en el continente en los últimos años. A partir de las protestas sociales se ha dado una represión sistemática implementada por el Estado de Nicaragua con consecuencias gravísimas para centenares de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes: personas asesinadas, detenidas, exiliadas, despedidas de sus trabajos, expulsadas de la universidad en la que estudiaban, asediadas y vigiladas en sus barrios, tanto por la Policía como por redes partidarias oficialistas.

Esta situación es adicionalmente grave porque ha sido posible debido al control total del aparato público por parte del gobierno y la falta de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

De este modo, cuando una persona sufre abusos y violación de sus derechos, no puede recurrir a ningún órgano del Estado. Hasta ahora, por ejemplo, no hay registro de un solo proceso de investigación abierto por las cientos de personas asesinadas, según las denuncias, a manos de la Policía o de fuerzas parapoliciales leales al gobierno. La CIDH hizo un seguimiento exhaustivo de las detenciones de manifestantes en el contexto de la crisis y no tuvo registro de un solo recurso de habeas corpus exitoso, que haya permitido la liberación de personas detenidas ilegalmente.

No hay hasta ahora ni una sola denuncia por brutalidad policial, por detenciones ilegales, por violaciones al debido proceso o por ejecuciones extrajudiciales por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. De  hecho, esa institución acaba de ser degradada a la categoría "B”, que es como se califica a las instituciones estatales de derechos humanos cuando no cumplen con los estándares llamados "principios de París” en base a su independencia, defensa y promoción de los derechos humanos.

P: ¿Cómo valora el estado de las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica?

Que el gobierno haya estado dispuesto a dialogar es un avance en sí mismo. Sin embargo, el plazo de negociación venció el 3 de abril pasado y no hay acuerdos en dos aspectos de la agenda: reformas electorales y verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En cuanto a las reformas electorales, la Alianza Cívica exige elecciones presidenciales anticipadas mientras el gobierno considera que ese asunto se encuentra fuera de la negociación. Sobre ese aspecto, por ser un asunto de carácter político, como comisionada de la CIDH no me voy a pronunciar.

Sobre el tema relativo a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que llamaríamos justicia transicional o simplemente "justicia”; no hay acuerdo porque la propuesta del gobierno plantea un diseño de justicia en que los órganos encargados de ella, son precisamente los tribunales del Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esa propuesta no ha sido aceptada por la oposición y yo puedo decir que, de acuerdo a los estándares internacionales sobre justicia transicional, es inaceptable del todo pues no da ninguna confianza de imparcialidad ni debido proceso, dada la falta de independencia de los organismos propuestos para implementarla.

P: En la negociación hubo acuerdos en dos temas importantes, que sin embargo tampoco se han materializado: la liberación de presos y presas políticas y el restablecimiento de derechos y garantías fundamentales. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Estos acuerdos continúan sin cumplirse, a más de un mes de haberse suscrito. Si bien la CIDH ha visto de manera muy positiva la excarcelación de 236 personas, es necesario recordar que ellas continúan sometidas a procesos viciados desde su inicio por detenciones ilegales, cargos infundados, testigos anónimos, falta del derecho a la defensa, entre otros.

Por otro lado, pese a que ya había acuerdo sobre el protocolo de liberación, el gobierno ha excarcelado a estas personas sin sujeción a esos protocolos y sin darles información sobre la situación jurídica precisa que enfrentan. Tenemos registros de asedio, amenazas y nuevas detenciones breves, al parecer como formas de intimidación para evitar que participen en protestas.

El acuerdo sobre restablecimiento de derechos y garantías tampoco se ha cumplido. En Nicaragua hoy no es posible expresar libremente opiniones disidentes o protestar públicamente. Las fuerzas policiales tienen copados todos los espacios públicos y frustran cualquier asomo de protesta por medio de detenciones, intimidación y malos tratos. Las detenciones de personas opositoras se siguen produciendo y continúan acusándolas de cargos penales en algunos casos.

Por otro lado, las ONG disueltas ilegalmente el año pasado continúan ocupadas por agentes del Estado y con sus bienes requisados hasta hoy. La tinta y el papel que la aduana retiene al periódico La Prensa y a El Nuevo Diario sigue impidiendo el funcionamiento normal de ambos medios independientes. Dos de los principales periodistas del país, Miguel Mora y Lucía Pineda, permanecen detenidos acusados de incitar al terrorismo, mientras más de 70 periodistas están exiliados.

Además, según datos oficiales, sólo hacia Costa Rica se han desplazado más de 60.000 personas en el contexto de esta crisis y actualmente no existen garantías ni confianza para su retorno voluntario al país.

Desde la CIDH hemos urgido el pronto cumplimiento de los acuerdos para liberar personas y para restablecer la vigencia de los derechos humanos en el país; implementarlos será una señal concreta de buena voluntad que ayudará a avanzar sin duda en los temas pendientes de la agenda.

P: ¿Qué escenarios vislumbra a corto y mediano plazo, de no resolverse la crisis?

Yo creo que en estas materias hay que ser incorregiblemente optimista, pero sin una gota de candidez: urge que el gobierno de Ortega cumpla los acuerdos a los que ha llegado, como una forma de salvar un diálogo que está estancado y enfrentando un impasse, pero también para evitar la profundización de una crisis que afecta profundamente a Nicaragua en todos los ámbitos.

Si uno pone atención a las narrativas tanto del gobierno como de la Alianza Cívica, ambas partes se muestran disponibles al diálogo y espero sinceramente que esas sean señales de que es posible avanzar.

P: ¿Mantiene la CIDH su disposición de regresar a Nicaragua y jugar eventualmente un rol de garante de los acuerdos?

La CIDH tiene un claro mandato y ha dicho explícitamente que volverá a realizar el seguimiento, monitoreo, promoción y protección de los derechos humanos en el terreno en Nicaragua. Ello incluye nuestra disposición a prestar asistencia técnica al gobierno y a la sociedad civil en toda medida que, dentro del mandato de la CIDH, contribuya al restablecimiento de los derechos humanos en el país.

(gg)

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