Primeros resultados han dado las protestas a nivel internacional contra la inundación por la hidroeléctrica Barro Blanco de las tierras de la comarca indígena Ngäbe-Buglé. En primer lugar se ha detenido el llenado, comenzado el 24 de mayo. En segundo, se anuncia una mesa de diálogo con los bancos que financian el proyecto entre ellos el banco de desarrollo alemán DEG (Deutsche Entwicklungsgesellschaft), que ha aportado 22 millones de euros.

Compromiso con el desarrollo

“Uno de los puntos controvertidos del asunto es que el DEG es un banco cuyos proyectos deberían apuntan a favorecer el desarrollo para los países donde se llevan a cabo. Pero a lo largo de todo este proceso, que se inició en 2011, ha habido conflictos y no ha habido respuestas efectivas”, cuenta a DW Guadalupe Rodríguez, responsable de campañas de la organización no gubernamental alemana Rettet den Regenwald (Salva la Selva).

No obstante, cabe resaltar que tanto el DEG como el otro banco europeo de desarrollo involucrado en el proyecto, el FMO (Netherlands Development Finance Company), establecieron en el medio del proceso un mecanismo de reclamación para los afectados.

“Enviaron una delegación y reconocieron que la población no había sido debidamente consultada como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Con todo el proyecto siguió adelante. Al día de hoy reconocen ciertos errores y van a evitar que vuelvan a suceder. A este caso en particular, no dan respuesta”, sigue Rodríguez, cuya organización tiene sede en Hamburgo.

¿De qué se trata?

Según datos oficiales, la represa Barro Blanco, con un costo aproximado de 125.000 millones de dólares, embalsaría el río Tabasará y proveería de energía limpia a unas 70.000 personas. Sin embargo, el proceso para la aprobación de este embalse, a cargo de la empresa GENISA de capital hondureño, no ha sido muy transparente también en cuanto al estudio de impacto ambiental. El propio gobierno multó a la empresa constructora en el 2015 por violaciones de la ley ambiental.

Conflictivo es que las tierras de reconocida propiedad de la comunidad Ngäbe-Buglé –y también las tierras aledañas en donde desarrolla su vida este grupo indígena, el más grande de Panamá (170.000 personas)- desaparecerían bajo las aguas.También el impacto negativo en la biodiversidad sería inconmensurable.

¿Historia conocida?

Así las cosas, y después de una ola de protestas apoyadas también por organizaciones fuera del país, el diálogo anunciado y apoyado por la ONU se ve con esperanza. No obstante, los afectados y las organizaciones que los apoyan (unas 100.000 personas) querrían que una misión del banco alemán DEG visitara Barro Blanco.

En su opinión, entretanto, después del tristemente famoso caso del asesinato de la activista Berta Cáceres debido a su oposición a la construcción de la represa Agua Zarca, existe una mayor sensibilidad y cautela para casos como éste, en el que el desarrollo se opone a los intereses de comunidades enteras. “Esta población ha sufrido acoso policial, criminalización y desalojos”, sigue Rodríguez.

Aunque anteriores esfuerzos por dialogar han fracasado, esta mesa que, según información de agencias, tendrá lugar el 6 de julio, despierta expectativas pues está previsto que participen los bancos involucrados. Al cierre de este artículo, ni el DEG ni el FMO habían confirmado a DW su participación.