Las actuales protestas en Colombia, al igual que la ola de manifestaciones que ha recorrido América Latina desde 2019, han puesto en evidencia el profundo malestar de una sociedad que exige mayor equidad y reformas sociales. La respuesta de las fuerzas del orden frente a los manifestantes, tanto pacíficos como violentos, ha sido fuertemente cuestionada por organismos de derechos humanos.

Desde el 28 de abril, la Defensoría del Pueblo registra más de 40 víctimas fatales y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (INDEPAZ) informa de 548 desaparecidos, 278 agresiones de la policía y 28 víctimas con lesiones en los ojos. Organizaciones sociales presentaron una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Iván Duque ante la Corte Penal Internacional, al igual que días atrás fue denunciado el presidente chileno Sebastián Piñera.

En opinión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), "el terrorismo de Estado ha sido la forma en que se ha tratado de controlar la irritación del pueblo colombiano ante la precarización de la vida, la pobreza, falta de oportunidades, desempleo, corrupción, violencia estructural, las élites y los gobernantes”.

Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), no se puede hablar de terrorismo de Estado respecto de los hechos recientes. El término, acuñado en Argentina, alude a la represión ejercida por dictaduras sudamericanas en las décadas de 1970 y 1980. "Los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar eran parte de una política oficial y sistemática del Estado argentino para deliberadamente violar derechos fundamentales. Ahora, en cambio, hay casi una situación de anarquía, que es lo contrario a una política oficial de abuso”, dice Vivanco a DW.

Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, y académico de la Universidad de Gießen, va en la misma línea. "Lo que vemos en Colombia es abuso de poder y uso desmedido de la fuerza por parte de actores estatales, como vimos también en las protestas de 2019. Hay serios problemas en la protección de los derechos humanos en el uso de la fuerza pública”, señala a DW.

"Las graves y sostenidas violaciones a los derechos fundamentales registradas en Colombia se circunscriben a lo que jurídicamente se denomina exceso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, tanto frente a manifestantes pacíficos como violentos”, coincide Vivanco.

Impunidad, falta de controles y capacitación

Una particularidad del caso colombiano es el legado del conflicto armado. "La fuerza pública está preparada para enfrentar grupos armados al margen de la ley, especialmente guerrillas. Se necesita una reforma para que actúe acorde a una sociedad en transición hacia la paz”, sostiene Peters.

Según Vivanco, "se han visto numerosos hechos de brutalidad policial muy graves, no son aislados. La policía no opera profesionalmente para disolver con eficacia, con el mínimo uso de la fuerza, a quienes protestan violentamente y proteger a la propiedad y a las personas”. En su opinión, esto tiene que ver con "un problema institucional de falta de controles y capacitación, y también impunidad. Muchas veces los hechos son investigados por la jurisdicción militar, que es muy poco transparente”.

En América Latina, "está la idea de que desescalar en el uso de la fuerza es mostrar debilidad. Y es justamente lo contrario. El Estado tiene el deber de proteger la vida de los manifestantes, incluso cuando no son pacíficos. Hay que repensar cómo debe ser la reacción, se requiere un cambio en el entrenamiento de la fuerza y voluntad política en la cadena de mando”, apunta Peters.

La policía debería respetar y facilitar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, que es la mayoría, destaca Vivanco. En cuanto a los casos de vandalismo y saqueo, advierte que, "por legítimos que sean los reclamos, no justifican la comisión de delitos, que deben ser prevenidos y sancionados”. Esto, dentro del marco de la ley.

Teorías que encienden la protesta

A la hora de las explicaciones, han surgido diversas teorías: desde acusaciones de infiltración de la policía para instigar actos violentos, criminalizar el movimiento y justificar la represión, hasta la acción de Cuba o Venezuela. También la posibilidad de que la guerrilla esté detrás de las protestas.

"No hay argumento para decir que si hay protesta eso es guerrilla, y criminalizar y estigmatizar el movimiento social. Puede que participen migrantes venezolanos o miembros de movimientos de la izquierda más radical, pero me parece simplemente falsa la tesis de que estaría manejado por el ELN, otros grupos al margen de la ley o incluso dirigido desde Cuba o Venezuela”, asegura Peters. Tampoco habría evidencia de que policías inciten la violencia como agentes provocadores, si bien es posible que infiltren el movimiento para obtener información.

"Tengo la impresión de que estas protestas son un fenómeno autóctono y genuino. No son fabricadas por fuerzas que están manipulando o exagerando. Obedecen a expresiones de rechazo y frustración de sectores de la sociedad colombiana que se opusieron al alza de los impuestos y hoy protestan por reivindicaciones sociales, en una situación agravada por el impacto de la pandemia en la economía”, dice Vivanco.

En su opinión, "este tipo de acusaciones, que también se hicieron en las protestas en Chile, son muy graves y serias. Lo responsable es que quien las formula las respalde con evidencias. Si no, estos intentos de minimizar y descalificar la protesta usualmente le ponen más gasolina al fuego”.

Una metáfora similar utiliza Peters en relación con el excesivo uso de la fuerza policial: "Hay que ver las razones de por qué las personas siguen en las calles protestando. El movimiento, si bien muy heterogéneo, tiene en común el 'basta ya', especialmente en temas sociales como educación, salud o empleo. Es como una olla a presión que ha ido en aumento y ahora explota. El uso desmedido de la fuerza es como ponerle más leña al fuego”.

(er)