"Tienen horarios para las aspersiones aéreas de plaguicidas, pero lo hacen en cualquier momento y nos cae a nosotras cuando vamos hacia el molino a moler el maíz", cuenta Susana López, coordinadora de la Pastoral de la Tierra en la Diócesis de San Marcos en Guatemala. Desde que la agroindustria de la palma africana y el banano se instalaron en ese territorio e hicieron obras en los ríos, hay una sola cosecha de maíz al año, ya no dos ni tres. Y el agua está contaminada.

"Nos afecta directamente a las mujeres, que somos las que preparamos los alimentos y lavamos la ropa", cuenta López, lideresa indígena Maya-Mam. "También nosotras somos las que trabajamos en la empacadora con un salario que no cubre la cesta básica y con unos horarios demasiado prolongados que no nos permiten cuidar de los hijos y las hijas", cuenta a DW. Los hombres, muchos jóvenes, han emigrado. "Si esas empresas ofrecieran una oportunidad laboral no migrarían", subraya.

El momento de traer esta y muchas otras historias semejantes hasta Bruselas es importante: una directiva de debida diligencia para las empresas europeas que operan en terceros países está en pleno debate.

¿De qué se trata?

La nueva directiva europea, que se acabará de discutir este año, prevé que las empresas prueben que cumplen con el respeto a los derechos humanos y al medioambiente, que prevén los riesgos y los minimizan, que hacen públicas sus políticas de responsabilidad. Y que, con responsabilidad de los directivos, integran un mecanismo de quejas para casos de incumplimiento.

Instancias en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea se encargarán del control y de multar a los que incumplan. Las víctimas deberán ser indemnizadas.

"Lo exportamos todo"

 "¿Por qué es tan importante para Chile y América Latina esta legislación? Porque somos países exportadores y los niveles más bajos de la cadena están en nuestros territorios", dice a DW, por su parte, Carolina Rudnick Vizcarra, presidenta de la Fundación Libera, contra la trata y toda forma de esclavitud.

"Las paltas, los arándanos, el salmón: lo exportamos todo. Y en la agricultura y la pesca, sectores económicos que demandan mano de obra no calificada, la mujer está muy presente. Y, si es rural, indígena y migrante, sufre mayor discriminación: desde salarios que no permiten que sus hijos accedan a cuidados y educación, pasando por condiciones higiénicas discriminatorias, hasta que la maternidad es duramente castigada a nivel laboral. Estamos frente a vulneraciones sistemáticas de derechos laborales, sin mecanismos sindicales ni de acceso a la justicia", afirma Rudnick Vizcarra, consultora jurídica de la OEA.

Para grandes y para pequeñas

"Desde las organizaciones de la sociedad civil, abogamos por que esta legislación valga para todas las empresas y en toda la cadena de valor", explica a DW Sylvia Obregón, de la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ).

Pero, por lo pronto, según la propuesta de la Comisión Europea, sólo vale para las empresas de más de 500 empleados y más de 150 millones de euros de facturación neta. Y para aquellas de más de 250 empleados y una facturación neta de 40 millones, que operen en sectores de alto impacto como el ramo textil, la agricultura y la extracción de minerales. "En el ramo textil, el 99 por ciento de las empresas son pequeñas, con menos de 50 empleados. Entonces, no tendrían obligación de velar por la debida diligencia", critica Sylvia Obregón.

Desde el ECCJ, abogan también por que, en la legislación, se contemple que las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos puedan representar a las víctimas, y que se puedan presentar demandas colectivas. "El desbalance es enorme. Las comunidades muchas veces no tienen posibilidad de acceder a la información que tienen las empresas ni de contratar a expertos que certifiquen el daño", puntualiza Obregón.

Como fuere, en el caso de la lideresa Maya-Mam se trataría, por ejemplo, de parar las violaciones de derechos laborales y pagar indemnizaciones por impacto ambiental. "Vemos esta nueva legislación como una oportunidad para poder exigir a esas empresas respeto", afirma Susana López.

"Es muy importante que esta directiva de debida diligencia incluya parámetros de perspectiva de género, que cubran hasta los niveles más bajos de la cadena", dice Rudwick Vizcarra. Y concluye: "Como tenemos barreras estructurales en nuestros sistemas de justicia, que se nutren de la discriminación estructural a la mujer pobre, migrante y rural, es vital que el actor con mayor influencia nos permita nivelar la cancha". 

(rml)