En marzo de 2016, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su país demandaría a Chile por el uso de las aguas del río Silala. El mandatario llegó a declarar que su vecino estaba "robando aguas del departamento de Potosí". Previendo el escenario que se venía, el Gobierno de Santiago se adelantó y presentó, en junio de ese mismo año, una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ),  para que determinara si el curso de agua era un río internacional, como defendía Chile, o un manantial, como decía entonces Bolivia.

La primera pregunta de dicha demanda la respondió este jueves 1 de diciembre la CIJ, señalando que "no hay duda de que el Silala es un curso de agua internacional". Fue curioso. Los jueces estimaron que, en buena parte de los puntos en disputa, ambos países tenían acuerdo. "En realidad, no había controversia y, por tanto, no había objeto de juicio. Y esto es fundamentalmente porque Bolivia durante toda la tramitación cambió de posición", explica a DW Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción, en Chile.

"En abril se disipó la duda, cuando hubo mutuo acuerdo de que las aguas del Silala eran un curso internacional", agrega el abogado internacionalista boliviano Sergio Fernández. "Existe este curso de agua que fluye de manera natural y seguirá fluyendo y Chile, como país aguas abajo, seguirá recibiendo el flujo de aguas actual", dice el especialista en conversación con DW. Desde esa perspectiva, estima que no hubo sorpresa alguna. Donde sí había expectación era en la presunta existencia de un flujo artificial canalizado a comienzos del siglo XX por Chile, postura defendida por Bolivia y rechazada por los jueces.

Pago poco probable

"Lo que hubo fue un cambio en la opinión política que había dado el presidente Evo Morales", precisa Astroza, recordando que el líder boliviano había dicho que el Silala no era un río internacional. "Lo que Chile buscaba era certeza jurídica, o sea, que quedara claro que el Silala era un curso de agua internacional y que no estaba violando el derecho, menos aún robando agua, y que esto quedara absolutamente claro. Y eso ocurrió, es absolutamente un triunfo para Chile", señala la experta chilena.

Uno de los puntos que defendía Bolivia era el pago de compensaciones por parte de Chile. El Senado boliviano incluso llegó a deslizar una cifra: mil millones de dólares por el uso de agua por más de un siglo. "Había expectativa en Bolivia porque este flujo, si era incrementado artificialmente, daba lugar ya no a un flujo natural que va de un país a otro, sino a un aumento que podía dar espacio a un pago. Era una de las expectativas que había en Potosí. Es una de las novedades que se clarifican con este fallo", señala Fernández.

El abogado boliviano, en todo caso, no comparte que el fallo sea una derrota para su país. "Bolivia dejó de lado en abril la posición inicial de las aguas de manantiales que habían sido desviadas artificialmente. De haber mantenido esa posición, habría sido una derrota. Lo de la Corte es más bien un efecto clarificador que no otorga una derrota a uno y una victoria a otro. Es una aclaración jurídica respecto al uso de las aguas", considera.

Resuelta ya la duda, tanto Chile como Bolivia pueden hacer uso de las aguas, además de cooperar, colaborar y actuar de buena fe respecto a su vecino. Así que quizás se abra el escenario para que ambos países sudamericanos retomen las relaciones diplomáticas que rompieron en 1978.

Lo del Silala "era uno de los puntos críticos, y como había divergencia de opiniones, era difícil ponerse de acuerdo. Ahora, ya no hay divergencia y estamos bajo este derecho consuetudinario internacional. La negociación fue, es y será siempre el mecanismo. Espero que este fallo sea un buen motivo para que ambos países se acerquen y negocien", dice Fernández. Por ahora, los Gobiernos de Luis Arce y Gabriel Boric han mostrado al menos cierta voluntad y han dado tímidos pasos en esa dirección.

(rml)