Organizaciones como la Asociación de Autoridades Locales de México y la Asociación Nacional de Alcaldes calculan entre 79 y 84 funcionarios municipales o locales muertos de manera violenta entre 2006 y agosto de 2016. La lista incluye alcaldes en funciones, exalcandes, regidores y síndicos.

El caso más reciente al 3 de agosto de 2016 es el de José Santamaría Zavala, alcalde de Huehuetlán El Grande, en el estado de Puebla. Santamaría ya había sufrido un atentado en 2015 y logró sobrevivir. Pero ahora fue emboscado y acribillado. Una de las líneas de investigación apunta al robo de la nómina del municipio como motivo del asesinato.

Días antes, el 22 de julio de 2016, un comando armado dio muerte al alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte. “Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada”, había escrito Soto en su cuenta de Twitter. Tras el crimen, 63 alcaldes de Guerrero solicitaron urgentemente reforzar la seguridad en el turbulento estado mexicano.

Crímenes contra alcaldes han desatado protestas ciudadanas en México. En muchos municipios, corrupción y delincuencia organizada mantienen a la ciudadanía como víctima entre las pugnas de distintos grupos de interés. La sociedad pide mayor seguridad para sí y para los funcionarios honestos.

Uno de ellos era al alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo. Ella había prometido luchar contra la criminalidad organizada que campea en ese municipio del estado de Morelos. Pero solo se mantuvo unas horas en el cargo. Un comando ingresó en su casa y asesinó a la funcionaria de 33 años.

Aidé Nava (a la izquierda en la foto), en cambio, ni siquiera pudo llegar a la alcaldía de Ahuacuotzingo, también en el estado de Guerrero. Siendo candidata a ocupar ese puesto, fue brutalmente asesinada como advertencia del crimen organizado a "los políticos que no se quieran alinear". El esposo de Nava, exalcalde de Ahuacuotzingo (der.), también fue asesinado en 2014.

No todos los alcaldes mexicanos son ejemplo de honradez al grado de arriesgar la vida. El caso de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, le dio la vuelta al mundo junto con la noticia de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda (der.), Abarca fue vinculado a grupos delincuenciales como Los Rojos. Después de darse a la fuga, la pareja fue detenida en la ciudad de México y actualmente se encuentra en prisión. Algunas versiones indicaban que Abarca y Pineda dieron órdenes de detener y quizá ajusticiar a los estudiantes de Ayotzinapa, en connivencia con Los Rojos.

Más reciente es el caso del alcalde del municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, Juan Carlos Arreygue. Es señalado por familiares de víctimas como quien ordenó al subdirector de la Policía Municipal y a tres agentes la detención de diez hombres que luego aparecieron calcinados en una zona agrícola.

Casos como el de Abarca-Pineda y Arreygue parecen ser aún la excepción, en un país con más de 2.400 municipios. Los alcaldes que han sido asesinados por oponerse al crimen organizado o por otra circunstancia son de todos los partidos políticos.