La crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia ha preocupado también a la comunidad internacional, que ve ansiosa el comportamiento de las autoridades de ambos países, a la espera de señales de distensión. Este viernes (28.08.2015), la canciller de Colombia, María Ángela Holguín (en la foto), reconoció que la situación entre Caracas y Bogotá es tensa (especialmente tras los llamados a consultas de los embajadores), pero mostró su confianza en que la situación no escale más allá.

“Romper relaciones con Venezuela es algo que es impensable e imposible. Yo eso no lo contemplo, me parece que además nos unen demasiadas cosas”, dijo Holguín, quien explicó que su país intenta gestionar reuniones de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). La canciller expresó que Colombia quiere que el drama de los deportados sea escuchado por los demás países de la región, pues “alguien externo tiene que ver la manera como están pasando las cosas y qué es lo que está pasando realmente allá”. La OEA informó que el lunes realizará una reunión sobre el tema, mientras que Unasur la convocó para el 3 de septiembre.

La crisis empezó la semana pasada, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera y decretó medidas de excepción en el estado de Táchira, que limita con el departamento colombiano de Norte de Santander, uno de los pasos internacionales más dinámicos de América Latina. Maduro tomó la decisión a raíz de un ataque armado que dejó tres militares venezolanos heridos y que atribuyó a bandas armadas colombianas.

Preocupación de la ONU

El aspecto que más disgusto ha causado al gobierno de Colombia ha sido la deportación de más de un millar de colombianos, que desde hace una semana empezaron a llegar a albergues de Cúcuta, la capital de Norte de Santander. Varios de los deportados han denunciado que sus casas fueron marcadas con la letra “D” y luego demolidas con maquinaria pesada por haber sido construidas sin autorización en invasiones del municipio de San Antonio, en Táchira.

En tanto, el vocero del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, Rupert Colville, mostró su preocupación y pidió el respeto de los derechos humanos para los deportados y expulsados. “Hacemos un llamado a las autoridades de ambos países para asegurar que la situación se resuelva a través de la discusión y el diálogo sereno, firmemente arraigada en sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados”, dijo.

DZC (EFE, dpa, Reuters)