En Rumania, el gobierno socialdemócrata-liberal del primer ministro Victor Ponta agudiza su lucha contra el presidente Traian Basescu y el Parlamento ha iniciado el proceso para revocar al presidente. Observadores extranjeros en el país manifiestan preocupación por la situación política actual.

El embajador de Estados Unidos en Bucarest, Mark Gitenstein, opina que la democracia y la justicia rumanas se encuentran en peligro. De forma similar se expresó la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding.

“Un Estado está llamado a solucionar solo sus asuntos internos; sin embargo, Rumania es parte de la Unión Europea y está obligada a respetar los valores europeos”, dijo a DW Gunther Krichbaum, parlamentario alemán miembro del comité de asuntos europeos. En su opinión, durante la reestructuración de las instituciones rumanas se ha agudizado la impresión de que estamos frente a una democracia dirigida e imperfecta. “Esto no puede serle indiferente a Europa”, advierte.

¿Golpe de Estado en Rumania?

A la crítica subyace la lucha por el poder entre la coalición socialdemócrata-liberal y el bloque conservador. Primero, el nuevo gobierno de centro izquierda destituyó a los presidentes de ambas cámaras, que pertenecen al Partido Liberal Democrático (PDL), en la oposición. Luego, el premier Ponta emitió un decreto limitando los derechos del Tribunal Constitucional. Con ello, esta institución no puede bloquear la suspensión del presidente.

Hasta ahora, el punto máximo del conflicto entre Ponta y Basescu ha sido el inicio del proceso de revocación del presidente, y a Ponta se le acusa de violar la Constitución. Basescu, por su parte, califica la acción de “un ataque a las instituciones del Estado”. La oposición habla de un “golpe de Estado”.

Tan lejos no va Krichbaum en su análisis. Con todo, opina que la UE debe seguir observando minuciosamente la situación en Rumania. Después de lo acontecido en Hungría –en donde también hubo tensiones por el menoscabo de las instituciones democráticas por parte del gobierno de Viktor Orban-, los socios europeos están en la obligación de estar atentos.

“Voy a proponer a la Comisión Europea el analizar si cabe iniciar un procedimiento en contra del país por incumplimiento de los tratados europeos. La Comisión Europea tiene una serie de medidas que pueden ser tomadas, éstas van hasta la suspensión del derecho a voto de un Estado”, recuerda Krichbaum. “En el caso de Hungría la posición europea fue, con razón, muy crítica; lo que vemos ahora en Rumania es bastante peor”, concluye.

Financiación ilegal y plagio

La base de los cambios efectuados en la dirección de las instituciones rumanas podría ser, así observadores, dos grandes escándalos que ha tenido que enfrentar el Partido Socialdemócrata (PSD). Hace pocos días, el exprimer ministro socialdemócrata Adrian Nastase intentó quitarse la vida después de que el Tribunal Superior lo condenara a dos años de cárcel por financiación ilegal del partido. A la vez, al actual premier se le acusa de plagio: más de la mitad de su tesis doctoral habría sido copiada.

El detalle interesante es que mientras Ponta preparaba su disertación, trabajaba como subsecretario en el gobierno de Adrian Nastasse, el director de su tesis. Ponta niega las acusaciones de plagio y las califica de maniobra política. El responsable de esto último sería, así Ponta, su principal rival político: Traian Basescu. Ahora, así analistas, Ponta intenta vengarse y, a la vez, consolidar su poder.

Por la independencia de la Justicia

Inaceptable es la situación para la comisaria Reding, que subraya su preocupación “por los más recientes ataques a la independencia del Tribunal Constitucional”. Por otro lado, la parlamentaria alemana Susanne Kastner, socialdemócrata y presidenta del comité de Defensa, advierte de violaciones de los valores europeos. “No puede pasar; no puede haber un control estatal de la Justicia. En un país europeo, la Justicia debe ser independiente. La coalición gubernamental haría bien en atenerse a las reglas”, dijo Kastner a DW.

Como fuere, según la Constitución rumana, el presidente puede ser suspendido por el Parlamento cuando haya cometido “graves delitos” en contra de la Constitución. El voto de las cámaras se somete, en el plazo de 30 días, a un referéndum. En ese tiempo, el recién elegido presidente del Senado, el liberal Crin Antonescu, asumiría el cargo, temporalmente y con todas sus atribuciones. Entre éstas está la de indultar a alguien. Por ejemplo, al ex primer ministro Adrian Nastasse.

Autor: Eliona Xhani/Zoran Arbutina (MB)
Editora: Cristina Papaleo