Durante dos años, un hombre de Crevedia, un pueblo a 25 kilómetros al norte de la capital rumana, Bucarest, se quejó ante todas las autoridades de un fuerte olor a gas en su patio. Nadie lo tomó en serio. Hasta que él y su mujer murieron en una explosión el pasado fin de semana.

En el patio contiguo a la casa funcionaba desde hacía años una gasolinera de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Aquí se repostaban coches o se llenaban bombonas para calefacciones privadas, en condiciones de seguridad cuestionables. Las autoridades lo sabían, pero no emprendieron nada.

Quizá fue un cigarrillo, quizá el intenso calor, no se sabe. Más de 50 personas resultaron heridas. La mayoría de ellas socorristas que habían acudido a contener el incendio: bomberos, paramédicos y policías. Algunos con quemaduras tan graves que fueron trasladados al extranjero en aviones militares.

Esta tragedia recuerda al catastrófico incendio de la discoteca Colectiv de Bucarest en 2015, cuando murieron 65 jóvenes y 150 resultaron heridos. El Gobierno del primer ministro Victor Ponta tuvo que dimitir tras las masivas protestas callejeras.

El desastre de Crevedia podría haberse evitado. Como tantas otras, porque las tragedias se suceden mes tras mes en Rumania. El Estado no cumple con su deber de proteger a sus ciudadanos. Lo ocurrido en Crevedia es otra de las muchas situaciones sintomáticas de Rumania, en la que las instituciones del Estado se han desprofesionalizado por completo: por la corrupción, la politización y las intrigas partidistas, el nepotismo, la incompetencia y la indiferencia.

Vías sin pavimento o sin entrada para los bomberos

En Rumania, las casas arden hasta los cimientos porque las carreteras que conducen a ellas estaban a menudo mal planificadas y eran demasiado estrechas para el acceso de los camiones de bomberos. Las ambulancias llegan al lugar de los hechos tres veces más tarde de lo que dicta el protocolo, porque muchas de las carreteras declaradas asfaltadas son en realidad caminos. En su lugar, el asfalto suministrado se utilizó para pavimentar patios o avenidas hacia las ostentosas casas de la élite del país.

En Rumania, los pacientes mueren en los hospitales porque sus heridas están infectadas por gérmenes que se han instalado en las paredes de las habitaciones. O porque los enfermos son ignorados por quienes deberían cuidarlos. Los médicos y el personal de los hospitales se culpan mutuamente, la fiscalía investiga.

La prensa de investigación intenta desentrañar los posibles entramados políticos mafiosos y descifrar cómo fue posible que la Policía le permitiera seguir conduciendo a un joven que mató con su auto a un grupo de turistas a pesar de estar visiblemente incapacitado para hacerlo.

Siete instituciones lo sabían, ninguna hizo nada

Volvamos a la reciente catástrofe: las explosiones y el incendio se produjeron en un centro que carecía de licencia de explotación desde hacía tres años. Siete instituciones estatales fueron informadas de las irregularidades en la gasolinera de GLP, todas lo sabían.

Pero el negocio del gas licuado de Crevedia siguió floreciendo. Hace tres años, el padre del principal accionista de la empresa se convirtió en alcalde de una ciudad del sur de Rumania. Desde entonces, el volumen de negocios de la empresa de su hijo se multiplicó.

El origen de este auge comercial es la generosa contratación con instituciones públicas. Se trata de una receta bien ensayada para triunfar en el muy politizado mundo empresarial rumano: contratos con el Estado para familiares de políticos que ganan elecciones o son nombrados para puestos directivos.

Las instituciones estatales evitan controlar a esas empresas para no perturbar el negocio. A menudo, los controladores son antiguos allegados de políticos influyentes. Se desarrollan dependencias y redes de protección mutua. Las ilegalidades no se castigan, los responsables no son condenados cuando cometen errores. Observadores hablan incluso de complicidad del Estado y de estructuras mafiosas en las instituciones estatales.

(jov, rml)