Este jueves (26.9.2013) comenzaron en la ciudad portuaria de Murmansk, en el norte de Rusia, las audiencias previas al juicio contra activistas de Greenpeace. Se trata de 30 ecologistas de más de 10 países a quienes se acusa de piratería y sobre quienes se cierne la amenaza de hasta 15 años de prisión.

El por qué de la ira rusa

Todo se originó en un episodio sucedido a mediados de septiembre de 2013 en la plataforma petrolera “Prirazlomnaya”, en el Mar Polar Ártico. La compañía rusa Gazprom extrae allí petróleo desde 2011, y se estima que hay un volumen de 70 millones de toneladas en reservas.

Greenpeace quiere que Rusia detenga la explotación petrolera para proteger al medioambiente. Ese 18 de septiembre, guardias fronterizos rusos dispararon al aire, primero con un cañón de a bordo y más tarde con ametralladoras. Dos activistas fueron detenidos al tratar de escalar desde un bote a la plataforma. Un día después, los sucesos tomaron un giro dramático: fuerzas especiales rusas bajaron desde un helicóptero hasta la cubierta del barco holandés de Greenpeace “Arctic Sunrise”. El rompehielos fue capturado y los ambientalistas fueron tomados presos a punta de pistola bajo cargos de “piratería”.

“Tremendamente absurdo”

Los activistas de Greenpeace rechazan las acusaciones. Según ellos, el rompehielos “Arctic Sunrise” se encontraba dentro de la zona económica exclusiva rusa, pero en aguas internacionales, dijo Christoph van Lieven, de Greenpeace Alemania, a Deutsche Welle, agregando que la actitud rusa fue inadecuada. Según él, Rusia intentó “sentar un precedente y disuadir a otras organizaciones ecologistas de efectuar protestas pacíficas”.

Para Caroline von Gall, profesora en el Instituto de Derecho de Europa del Este, de Colonia, “el parágrafo sobre piratería prevé que ese delito es tal si se comete sobre un barco. Además, si a los sospechosos se los acusa de apropiación”, dice. Y añade que “todo debe haber sucedido a través del uso de la violencia o de amenazas de violencia”, algo que no se dio en este caso. Gall también critica la captura del barco y su traslado a Murmansk, ya que eso demuestra que las autoridades rusas “emplean el derecho solo como medio de intimidación”.

Putin: “no son piratas”

Entretanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, tomó distancia de las acusaciones de las autoridades de su país. Los medioambientalistas “no son piratas”, dijo el presidente durante la Conferencia Internacional del Ártico, en la ciudad de Salechard, en el norte de ese país, el 25 de septiembre. Sin embargo, Putin recriminó a Greenpeace haber violado el derecho internacional y haber puesto en peligro la vida de los trabajadores de la plataforma, algo que algunos expertos apoyan.

No se trata de la primera campaña de Greenpeace contra la exploración y extracción de petróleo en el Ártico, ya que la organización las lleva a cabo desde 2012. Rusia, por su parte, reclama su derecho sobre gran parte de la plataforma submarina ártica, donde se sospecha la existencia de grandes yacimientos de hidrocarburo. Rusa planea, según datos oficiales, la extracción de 86.000 millones de metros cúbicos de gas y de 26,6 millones de toneladas de petróleo del Ártico.

Aún no está claro si los activistas serán juzgados. Caroline von Gall no excluye que algunos incluso puedan ir a prisión por cerca de cinco años. “En Rusia, las autoridades tiene mucho margen de libertad para tomar decisiones”, dice von Gall, recordando el caso de la banda “Pussy Riot”. Después de las protestas contra el Kremlin, Rusia está pasando por “una etapa extremadamente represiva”, señala la experta. El hecho de que en el caso de Greenpeace los implicados no sean solo ciudadanos rusos, sino también extranjeros, no quiere decir que no se les pueda aplicar penas de varios años de cárcel.

Autor: Roman Goncharenko/ CP

Editora: Emilia Rojas Sasse