El lunes 4 de mayo, la Unión Europea (UE) aprobó sanciones contra seis altos cargos del gobierno de Daniel Ortega, incluyendo a cuatro figuras clave en la cadena de mando de la Policía Nacional, señalada como principal responsable de la muerte de cientos de personas desde las protestas sociales de 2018.

La decisión del Consejo Europeo afecta al director general de la Policía, Francisco Díaz, al subdirector, Ramón Avellán, al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y de la cárcel de El Chipote, Luis Pérez, y al jefe de los antimotines, Justo Pastor Urbina, así como a la exministra de Salud, Sonia Castro, y al asesor de seguridad de Ortega, Néstor Moncada Lau, considerado un operador de las fuerzas paramilitares.

"Estas medidas están dirigidas a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense”, indica la declaración firmada por Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la UE.

Aunque separado este año de la UE, el Reino Unido se sumó a las sanciones y anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de los seis nicaragüenses en ese país.

Los mismos personajes ya habían sido sancionados en 2019 por Estados Unidos y, en el caso de Díaz, Castro y Moncada Lau también por Canadá, que al igual que Washington les prohibió ingresar al país y bloqueó sus activos y sus relaciones comerciales y financieras.

Gobierno denuncia injerencia

Aunque no hubo una reacción explícita del gobierno al anuncio de la UE, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, criticó lo que llamó "la pandemia del odio", al tiempo que fustigó la "injerencia y la intromisión" de "los imperios que se han erigido sobre la muerte de miles de personas".

Tan sólo un par de horas antes, y seguramente ya enterado de la decisión europea, Ortega había pedido el fin de las sanciones externas.

"Que se suspendan esas agresiones, que ellos llaman sanciones, que se respeten los principios de Naciones Unidas”, clamó el gobernante durante una "cumbre virtual” del Movimiento de Países No Alineados, en la que acusó a Estados Unidos de ejecutar una "agresión brutal” contra Nicaragua, Venezuela y Cuba.

En las filas opositoras, el anuncio llegó como una señal de apoyo. "Esto es un triunfo de la democracia y los derechos humanos, un espaldarazo a la lucha por la justicia”, dijo Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, surgida al calor de la revuelta social de abril de 2018.

Para el analista político Eliseo Núñez Morales, la UE toma con esto una clara distancia del gobierno sandinista, si bien Nicaragua sigue siendo parte del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, vigente desde 1999 y que le permite facilidades de comercio con el bloque europeo.

"La Unión Europea finalmente escuchó las denuncias del pueblo de Nicaragua”, dijo Marcos Carmona, director de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cuya sede siempre visitada por opositores permanece bajo asedio policial.

Según Carmona, "se ha sancionado a los principales represores del pueblo, como la ex ministra de Salud”, señalada de bloquear la atención médica a los estudiantes baleados por la Policía, muchos de los cuales murieron durante las protestas.

El anuncio se esperaba desde octubre de 2019, cuando la Unión Europea aprobó un acuerdo "marco” para adoptar "medidas restrictivas” contra nicaragüenses implicados en violaciones de derechos humanos.

Sanciones "visibilizan represión”

Dicen que más vale tarde que nunca, y esta decisión europea vuelve a poner en agenda el tema de Nicaragua, en momentos en que la solidaridad internacional se había silenciado”, comentó en entrevista con DW la abogada Vilma Núñez, presidenta del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

A juicio de Núñez, la medida "visibiliza nuevamente la represión que sufren los nicaragüenses” y que, lejos de disiparse, se ha agudizado en las últimas semanas en medio de la pandemia  del coronavirus.

"Estamos viviendo un recrudecimiento de la represión, no solamente contra objetivos políticos como excarcelados o líderes del movimiento social auto-convocado, sino una represión generalizada y permanente de la Policía como principal aparato de control del régimen”, señaló.

Lamentó asimismo que la UE no incluyera a personajes como Laureano Ortega Murillo, hijo y asesor financiero del presidente, y a la jefatura del Ejército.

"Laureano Ortega es parte del aparato represivo, mientras que el Ejército es el otro pilar que sostiene al gobierno. Sabemos que los militares estuvieron detrás de los francotiradores y se negaron a desarmar a las fuerzas paramilitares, pese a que la Constitución prohíbe la operación de grupos irregulares”, apuntó.

La decisión de la UE deja abierta una puerta para reconsiderar el retorno a la vía democrática y electoral. "Eso lleva un mensaje importante, pero nosotros aquí sabemos que Daniel Ortega no respeta nada de eso. También es verdad que de las instancias diplomáticas no podemos esperar respuestas tan contundentes como quisiéramos”, matizó la fundadora del Cenidh.

Las sanciones tuvieron como preludio una declaración de Josep Borrell, emitida al cumplirse dos años de la rebelión cívica.

Para abril de 2020, "no se han hecho avances tangibles en la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales siguen reprimiendo a opositores, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y a miembros de la iglesia católica”, advirtió el alto representante europeo.

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