La región de Santa Cruz, feudo de la oposición de derecha y locomotora económica de Bolivia, suspendió este sábado (26.11.2022), después de 36 días, las protestas para exigir un censo de población que el gobierno izquierdista fijó para abril de 2024. Los manifestantes depusieron el paro después de que la Cámara de Diputados aprobara una ley sobre el empadronamiento.

 "Levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha, seguimos en emergencia", declaró el presidente del poderoso conglomerado civil-empresarial Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Sostuvo que "es un día histórico" porque "ganó la democracia" y ya no se tiene solamente "un decreto mezquino e incierto", sino que se logró una ley sobre el censo. La ley pasará ahora al Senado.

También anunció que los cruceños se declaran "en vigilia permanente de todas las determinaciones, gestiones y acciones del Gobierno nacional hasta septiembre de 2024", cuando está prevista la redistribución de recursos estatales en función de los resultados del censo, "y las elecciones de 2025". Los cívicos cruceños pidieron que en 2023 se realice una "encuesta censal" para conocer el número de habitantes del departamento y contrastar esa cifra con los datos del censo nacional, previsto para el 23 de marzo de 2024.

Se votará en el Senado

Santa Cruz comenzó las protestas el pasado 22 de octubre con cortes de calles, avenidas y caminos interdepartamentales para exigir al presidente Luis Arce un censo de población para 2023, aunque luego accedieron a la fecha de 2024 por ser técnicamente inviable un censo el próximo año. Durante el más de un mes de protestas, el transporte público quedó paralizado y los mercados al menudeo funcionaron esporádicamente uno o dos días a la semana.

El presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, dijo que se aplicará el procedimiento legislativo para debatir la ley, que él cuestiona, "sin afectar competencias del Ejecutivo". Una facción oficialista cercana al expresidente Evo Morales rechaza la ley, y el mismo político cocalero criticó el acuerdo. "Hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal (…) La ley del censo es el pacto de impunidad entre traidores renovadores y masacradores de nuestros hermanos. Los revolucionarios no negociamos con la derecha", escribió en Twitter.

DZC (AFP, EFE)