El 30 de agosto, declarado por la Asamblea General de la ONU "Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, encuentra este año a Argentina sacudida por el caso de Santiago Maldonado. Testigos dicen haberlo visto por última vez cuando la Gendarmería realizó un operativo para despejar la Ruta Nacional 40 en la que integrantes de una comunidad mapuche del Pu Lof Cushamen (en la sureña provincia de Chubut) habían hecho cortes intermitentes.

Hablar de desaparición forzada en Argentina hace aflorar el trauma de la dictadura. Y también ahora, en la masiva manifestación realizada el 11 de agosto exigiendo esclarecer la suerte de Maldonado, se volvió a escuchar la consigna Argentina "aparición con vida y castigo a los culpables”, que suele resonar cada aniversario del golpe de Estado de 1976.

Falta de pruebas

"En mi opinión, el caso claramente es instrumentalizado por la oposición para debilitar al Gobierno, y las comparaciones que se trata de hacer ahora con la situación durante la dictadura militar son a mi juicio absolutamente improcedentes”, afirma Jörg Dehnert, representante de la liberal Fundación Friedrich Naumann en Buenos Aires. Plantea que "la oposición intenta desesperadamente, con cualquier tipo de manifestaciones, desacreditar al gobierno, pero ha tenido relativamente poco éxito, como se demostró en las elecciones primarias”.

El Gobierno se resiste a calificar el caso como una presunta desaparición forzosa, aunque así rotuló la fiscal Silvina Ávila esta investigación, que en un comienzo se llevó como "averiguación de paradero”. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, afirmó a una emisora que "hoy lo que tenemos es el informe oficial de la fiscal y un informe del juez que va a ser remitido a Naciones Unidas. Ambos coinciden que en estos momentos no hay elementos que comprueben y den veracidad a la información de que la Gendarmería está involucrada en este hecho. Se sigue trabajando".

La versión de los defensores de derechos

Mabel Sánchez, presidenta de la Regional Noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), estuvo en el lugar ese 1 de agosto. Cuenta que los gendarmes "ingresaron al territorio con balas de goma. En ese correr de los chicos y chicas mapuches al río es que Santiago Maldonado, que el día anterior había ido al Pu Lof en apoyo de la comunidad y a quedarse allí con ellos, es apresado por Gendarmería”. El organismo policial niega tal detención.

Mabel Sánchez no vio a Maldonado. "Nosotros como defensores de derechos humanos, pedimos ingresar, para poder verificar el estado físico y síquico de las personas que allí estaban, y nos lo negaron. Permanecimos las seis horas que duró el operativo afuera, viendo como quemaban elementos y viendo que entraban y salían permanentemente camiones de gendarmería”, relata.  Pero explica que posteriormente "se hicieron rastrillajes de olor, con perros entrenados, con ropa de Santiago. El primer día que se hizo, el perro señaló la presencia de Santiago Maldonado en la misma zona donde los integrantes de la comunidad mapuche habían señalado que ahí se lo habían llevado. Y además allí estaban las huellas de un camión de Gendarmería. Y eso está registrado con fotografías”.  Lo que no se hizo fue un peritaje con presencia judicial ese día, señala , citando eso como ejemplo de que hubo "irregularidades” desde el inicio de la investigación.

El trabajo de la Justicia

"En lo que a nosotros respecta, solo puedo decir que tenemos plena confianza en las instituciones. Este es un Gobierno que fue elegido democráticamente, las instituciones funcionan. Naturalmente deben esclarece el caso y dar información, pero primero deben investigar el asunto” señala Jörg Dehnert. A la pregunta de si el Gobierno tiene el control de la policía también en la lejana Chubut, responde con un sí categórico. "La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace un buen trabajo, y creo que tiene el control”, dice, recalcando: "el caso debe esclarecerse, no se trata de una nimiedad, debe ser aclarado, y debe haber una información de parte del Gobierno, pero nosotros tenemos plena confianza”.

El secretario de Derechos Humanos aseguró que la Justicia está haciendo su trabajo y que "no hay un Gobierno que no quiere investigar, eso es una barbaridad". Mabel Sánchez, de la APDH, indicó por su parte que "hay secreto de sumario y no podemos ingresar al expediente y saber cómo se está haciendo la investigación. La abogada de la familia, con la cual nosotros estamos en estrecha comunicación, ha solicitado un grupo de investigadores privados, que colaboren en la investigación, porque ya han pasado casi 30 días, y no se ha encontrado nada”.