En la COP21 de París, el presidente colombiano Juan Manuel Santos lanzó la iniciativa “Colombia Sostenible”. Junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, se busca crear un fondo planificado para 15 años que permita recuperar social y medioambientalmente las zonas más afectadas por el conflicto. Éstas coinciden con zonas de mayor biodiversidad del país y del planeta.

Los bosques, la lucha contra el cambio climático y el “crecimiento verde” serían los objetivos de “Colombia sostenible”. Un crecimiento de entre el 1 y el 1,5% anuales podría traer una pacificación de esas zonas, hasta ahora controladas por la guerrilla y, por décadas, apartadas de la inversión.

A este respecto, la ONU se había pronunciado anteriormente con preocupación. La implementación de proyectos agrícolas, nuevos repartos de tierra, proyectos de extracción minera, transformarían irreversiblemente esos entornos, tan valiosos para los propósitos de lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. La paz entonces traería efectos negativos para el medio ambiente.

“16 veces Exxon Valdez”

“No veo por qué la paz vaya a ser nociva para el medio ambiente. Le voy a dar dos ejemplos. Solamente el número de barriles que se han vertido sobre nuestros ríos y nuestros mares suman más de cuatro millones de barriles. Esto equivale a 16 veces el desastre de Exxon Valdez. Parte del compromiso de la guerrilla es que nunca más van a volver a volar oleoductos o la electricidad”, respondió a DW en Bruselas el presidente Juan Manuel Santos.

La deforestación que traerían los nuevos proyectos agroindustriales también preocupa. Conocidos son los efectos sociales y mediomabientales que han tenido hasta ahora en el país sudamericano los cultivos intensivos de palma africana, por ejemplo.

Selva por cultivos ilícitos

A esto se contrapone la información del Centro Internacional de Estudios Estratégicos Antinarcóticos que habla de que Colombia perdió en 15 años al menos 608.000 hectáreas de bosque tropical y que alrededor de 35 especies de mamíferos se encuentran amenazadas de extinción por la siembra de cultivos de coca.

Fuentes afines a las luchas campesinas afirman, por el contrario, que en las zonas controladas por los grupos guerrilleros las reglas medioambientales han sido estrictas y que han limitado mucho anualmente la tala de árboles para los cultivos. Sobre estos cultivos –ilícitos y lícitos- localizados en las zonas apartadas del país, las FARC han cobrado impuestos a los compradores.

“Por otro lado”, sigue Santos, “los grupos desmovilizados se van a comprometer a luchar con el Estado en contra del narcotráfico. Eso es parte de los acuerdos. El narcotráfico explota cerca de cinco millones de hectáreas deforestadas de bosque tropical”.

¿Mejor un Estado que controla?

Finalmente, a los impactos medioambientales que se temen de la implementación de grandes proyectos grandes mineros para los que se abrirán partes de esas zonas en el sur, noreste y noroeste del país, el gobierno colombiano contrapone los daños causados por vertidos de la minería ilegal a los ríos.

Teniendo como bandera el objetivo de reducción del 20% de emisiones de aquí al 2030, con un plan postconflicto que espera avale la comunidad internacional –también Europa, entre otros, aportando a un recién creado fondo fiduciario- el presidente colombiano sólo ve como una ventaja que de esas zonas rurales salga la guerrilla. “Precisamente, porque ahora vamos a poder controlarlas nosotros y evitar la contaminación. No entiendo de dónde sale que la paz pueda ser negativa, su impacto va a ser muy positivo para Colombia”, concluye.