El fantasma de la violencia vuelve a sobrevolar Colombia en plena dejación de armas de las FARC. La ONU y el Gobierno han prendido la alerta ante el peligro de que otros grupos armados ocupen el espacio que abandona la mayor guerrilla del país.

Sobre el reciente informe de Naciones Unidas, que reporta 127 asesinatos de activistas el pasado año, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Colombia, Todd Howland, aseguró que la mayoría "tiene relación con el proceso de paz”: un 80 por ciento de las muertes de militantes políticos izquierdistas y un 49 por ciento de los homicidios contra defensores de derechos humanos produjeron en lugares anteriormente controlados por las FARC.

 

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Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación y del Ministerio de Defensa, la extorsión solo se ha reducido en el 38 por ciento de los 233 municipios donde las FARC tenían presencia. En una tercera parte de las localidades, la extorsión se mantiene; y en el otro tercio restante, aumenta.

Desplazamientos por bandas neoparamilitares 

Esta escalada de la violencia tiene como protagonistas a bandas neoparamilitares rearmadas en la última década y al ELN, la segunda mayor guerrilla del país, que actúan con el objetivo de apropiarse de las rutas del narcotráfico y el control de la minería ilegal, sobre todo de oro, tal y como explica a DW Óscar Parra, investigador del conflicto.

La lucha por el control territorial ha provocado varios desplazamientos. El último, en Alto Baudó (Chocó), donde más de 350 personas huyeron por los enfrentamientos entre ‘gaitanistas' y el ELN. En ocasiones, tal y como ha reportado la prensa local, estos grupos se han presentado a las comunidades como Autodefensas –paramilitares– con la amenaza explícita de adueñarse de las zonas ocupadas por las FARC, como en el caso de las ‘Águilas Negras' en veredas aledañas a Tibú (Norte de Santander).

Tumaco, la lucha por el control del narcotráfico

En Tumaco, la región con más narcocultivos del país y una de las más violentas, el jefe de la Policía, el teniente coronel Carlos Castellanos, afirma a DW que "en el último año se han multiplicado hasta 10 las bandas criminales ligadas al narco”. Entre otras, ‘Gente del Orden', una organización creada por un centenar de exmilicianos de las FARC que abandonaron la zona de concentración guerrillera y rehusaron acogerse a los Acuerdos de Paz.

Deutsche Welle logró entrevistar a uno de sus cabecillas, Robinson Araujo, alias ‘Pollo', quien, sin embargo, justifica que decidieron rearmarse para proteger a la población de las amenazas de otras bandas: "Mientras estábamos en el campamento de las FARC, nos llegaron noticias de que grupos paramilitares empezaron a actuar en nuestros barrios”. Su banda dio de baja en combate a una decena de esos supuestos paramilitares. Por su parte, el comandante de las FARC en esa zona, Yesid Guevara, considera que ese grupo de milicianos disidentes "busca beneficiarse del negocio de las drogas” y expresa su preocupación por las quejas que han recibido de la población sobre el amedrentamiento de otros grupos.

"Mal o bien antes las FARC nos protegían, pero al desaparecer, ya llegan otros grupos que van matando y uno no sabe sus intenciones. Por eso estamos temblando, con nervios”, asegura José, cocalero. El temor ha vuelto a invadir a los pobladores de esta cotizada región, conocida como ‘la Perla del Pacífico' por su estratégica ubicación para el contrabando. "Las nuevas bandas del narco han vinculado cada vez a más personas al comercio de las drogas, de forma que su negocio se siga sosteniendo, y han vuelto a sembrar el pánico”, apunta a DW el líder comunal, Célimo Torres, quien debe utilizar vehículo blindado tras las constantes amenazas en los últimos meses.

Reacción del Gobierno

El Gobierno ha activado la alerta ante esta amenaza. "Estamos encima de ese problema, porque sabemos que era uno de los grandes retos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en septiembre, cuando anunció que habían neutralizado ese año a 3.000 integrantes del ‘Clan del Golfo –antiguo Clan Úsuga–, la mayor banda surgida tras la desmovilización del paramilitarismo.

En ese sentido, la Fiscalía puso en marcha a finales de septiembre el Plan Esperanza en el sur del país, para garantizar la protección de los líderes sociales, previsto en el punto 3 del Acuerdo de Paz. El redoblamiento de los esfuerzos ha dado algunos frutos con la captura de varios autores de homicidios e integrantes del ELN. A tenor de los datos y advertencias de organismos internacionales, sin embargo, esa implementación se está produciendo con mayor lentitud que la expansión de nuevos actores armados dispuestos a apoderarse del espacio desocupado por las FARC.

Autor: Aitor Sáez (DZC)