Para el PNUD, las protestas sociales ocurridas a lo largo de Latinoamérica partir del último trimestre de 2019, en especial en Chile, Haití, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay y Colombia, han puesto en evidencia la fragilidad de la convivencia ciudadana y el malestar social que se viene acumulando en la región.

Como motores del descontento social latinoamericano se señalan el pobre desempeño que las economías del continente han tenido a partir del 2013, junto con la alta desigualdad que existe en la región, en especial respecto a los niveles de ingreso y a la concentración de riquezas.

De acuerdo con el Informe Sobre la Desigualdad Global 2022, el 10 por ciento más rico en América Latina captura el 55 por ciento de la renta nacional (en comparación con el 36 por ciento en Europa), mientras que el 50 por ciento más pobre solo captura el 10 por ciento de la renta.

Respecto a la concentración del capital, el reporte señala que el 10 por ciento del nivel superior de América Latina captura el 77 por ciento de la riqueza total de los hogares (en comparación con el 58 por ciento en Europa), mientras que el 50 por ciento de los hogares del nivel inferior poseen solo el 1 por ciento de la riqueza total.

Estos datos colocan a Latinoamérica como la segunda región más desigual del mundo, solo superada por la de Oriente Medio y África del Norte.

Desigualdad y desarrollo humano en América Latina

Los estudios sobre igualdad de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vienen alertando sobre las consecuencias perjudiciales que una desmedida concentración de la riqueza tiene para el desarrollo humano.

En América Latina, la alta desigualdad y el bajo crecimiento económico se han reforzado mutuamente, configurando una dinámica circular que tiende a perpetuarse en el tiempo y a limitar la capacidad de la región para avanzar hacia niveles más altos de desarrollo. A los círculos viciosos de este tipo se les han llamado "trampas del desarrollo”.

Aunado a lo anterior, los altos niveles de desigualdad en América Latina han traído aparejados un debilitamiento de la cohesión social y la erosión de la legitimidad de los regímenes políticos.

El sentimiento multidimensional de exclusión sacude a la región

"La protesta social que ha sacudido a la región en los últimos años ha tenido como denominador común el sentimiento multidimensional de exclusión (exclusión económica, exclusión del Estado de derecho, exclusión política) o, inversamente, la percepción de privilegio de unos pocos”, advierten IDEA y el PNUD, en su estudio "Gobernanza, democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe".

En gran medida, los latinoamericanos están conscientes de los altos niveles de desigualdad de ingreso y de concentración de riquezas que existen en sus respectivos países. De acuerdo con la encuesta Latinobarómetro 2020, un promedio del 81 por ciento en la región piensa que la desigualdad existente en sus respectivos países es injusta, y solo el 16 por ciento la considera aceptable.

A esta disconformidad con la desigualdad en sí misma, se suma la frustración de los latinoamericanos ante los procesos políticos que, de manera sistemática, recrean y refuerzan la desigualdad.

Un promedio de 73 por ciento en la región considera que se gobierna para el bienestar particular de grupos poderosos y no para el bien de todos. En general, los pueblos perciben como los grupos más poderosos a los gobiernos, las grandes empresas y los partidos políticos.

Existe además preocupación dentro de la región por la transmisión intergeneracional de la desigualdad. La encuesta Latinobarómetro del 2020 muestra que, como promedio en la región, dentro del 20 por ciento de las personas que se percibe como parte del grupo más pobre, el 65 por ciento no cree que sus hijos lleguen a ascender socialmente. Y, lamentablemente, estas bajas expectativas respecto a la movilidad social podrían contribuir a mantener las desigualdades en el futuro. 

La desigualdad no para de crecer en Venezuela

En mayo de este año, la consultora económica Anova presentó un estudio titulado "¿Venezuela se arregló? - Tendencias recientes en la distribución del ingreso". Con base en la encuesta Nacional de Condiciones de vida (ENCOVI), este reporte concluye que durante el período 2020-2021 los indicadores globales de la desigualdad en Venezuela, que ya eran altos, se deterioraron de forma abrupta:

"En 2020 el ingreso promedio del 20 por ciento más rico de la población era 23 veces superior al ingreso promedio del 20 por ciento más pobre, mientras que, en 2021, el ingreso del 20 por ciento más rico fue 46 veces mayor al del 20 por ciento más pobre. Asimismo, en 2021, el 20 por ciento superior concentró el 61 por ciento del ingreso total del país, mientras que en el 2020 había concentrado el 54 por ciento”.

Estas cifras ubicaron a Venezuela como uno de los países más desiguales de Latinoamérica. El índice de Gini, un coeficiente que se utiliza para medir la desigualdad de ingresos, aumentó en 74 puntos porcentuales y alcanzó en el 2021 el valor de 65,2 por ciento (18,8 puntos porcentuales más alto que el promedio de la región).  

A juicio del economista Ángel Alvarado, exdiputado de la Asamblea Nacional y cofundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), las razones de este crecimiento abrupto de la desigualdad en Venezuela están relacionados con el viraje económico que desde el 2018 viene realizando Nicolás Maduro, para tratar de enfrentar el colapso de la industria petrolera, la hiperinflación y las sanciones internacionales.

Según Alvarado, "este ha sido un programa de ajuste severo, muy opaco, poco formalizado y que no ha sido discutido con el país. Hasta el momento, el régimen ha otorgado mayores libertades económicas, como la libre circulación de dólares y la liberación de precios, pero a la vez ha producido una fuerte contracción del gasto público social.”

"En un país como la actual Venezuela, con un alto porcentaje de informalidad laboral, con un amplio sector público con bajos sueldos, que no cuenta con una red sólida de seguridad social y con unos sistemas sanitarios y educativos muy deficientes, la brecha de la desigualdad se amplía mucho entre el pequeño grupo que puede procurarse de forma privada estos servicios y la gran mayoría que no puede hacerlo”, insiste Alvarado.

Según la encuesta Latinobarómetro 2020, los venezolanos están muy conscientes de las grandes desigualdades que existen en el país y de sus efectos negativos. El 93 por ciento considera injusta la distribución de la riqueza en el país y solo el 10,5 por ciento considera aceptable esta desigualdad.

Por otra parte, el 80,1 por ciento de los venezolanos considera que el país se gobierna para el bienestar particular de grupos poderosos y no para el bien de todos. Los grupos que son percibidos como los más poderosos son el Gobierno y los militares, lo cual contrasta con el resto de la región, donde se perciben como los grupos más poderosos a los Gobiernos y a las grandes empresas.

Finalmente, para los venezolanos las tres peores expresiones de la desigualdad en el país tienen que ver con las oportunidades de educación, el acceso a los servicios de salud, y el acceso a los servicios de agua potable y energía.

Este crecimiento pronunciado de la desigualdad en Venezuela y las percepciones negativas que sobre esta desigualdad tiene la gran mayoría de los venezolanos, son una clara evidencia de que el programa de ajuste económico que adelanta el régimen de Nicolás Maduro está siendo soportado fundamentalmente por los sectores más débiles de la sociedad venezolana. Un programa de este tipo, al profundizar las desigualdades del país, debilita aún más su cohesión social y compromete seriamente sus posibilidades futuras de desarrollo.

(rml)