Las fechorías de Saddam Hussein podrían rellenar un nutrido expediente. De acuerdo con la Sociedad para los Pueblos Amenazados su régimen es responsable de más de un millón de muertos, sin contar a las víctimas de la guerra entre Irán e Irak. Según los datos de dicha organización humanitaria alemana, la dictadura costó la vida a medio millón de kurdos del norte del país. Tan sólo en la ofensiva lanzada entre 1987 y 1988, murieron más de 180 mil kurdos, víctimas de ataques con gases tóxicos. El secretario general de la entidad, Tilman Zück, indicó que entre los chiítas se registraron también unas 400 mil víctimas fatales. A lo anterior se suma la persecución de intelectuales y opositores, en el curso de la cual el régimen no fue en absoluto suave.

Prerrogativas de los afectados

Cargos que presentar en contra del ex dictador no faltan. El problema que se plantea ahora es a qué tribunal recurrir. Las opiniones sobre particular se multiplican. Los iraquíes sostienen que el proceso debe efectuarse en su propio país y aseguran estar en condiciones de llevarlo a cabo. Pero cabe dudar de que ello sea efectivamente posible, en vista de que las estructuras judiciales iraquíes no son todavía más que un mero esbozo, pese a que a mediados de la semana pasada se decidiera crear un tribunal especial para las violaciones de derechos humanos cometidas en Irak.

Los iraníes consideran, en cambio, que la suerte de Saddam debería quedar en manos de una Corte internacional. Al fin y al cabo, también ellos fueron víctima de las ínfulas bélicas del dictador vecino y Teherán reclama aún reparaciones de guerra por un monto de un billón de dólares.

El fantasma de la pena de muerte

Una corte internacional, como la instituida en el caso de la antigua Yugoslavia, ofrecería sin duda una salida elegante al dilema. La ONU también podría servir de garante para un juicio justo, libre de sospechas de revanchismo. Pero sabido es que Estados Unidos no tiene grandes inclinaciones por la idea de una Justicia global, como lo ha demostrado ya de sobra en el caso de la Corte Penal Internacional.

Algunos objetan en Washington incluso el hecho de que un tribunal de esta índole no estaría en condiciones de aplicar la pena de muerte, de la que consideran merecedor a Saddam. Muy distinta es, sabidamente, la postura europea al respecto. Incluso Londres, el más decidido colaborador de Washington en la guerra contra Irak, reafirmó este lunes su oposición a la pena capital.

Ejemplos inconvenientes

¿Qué hacer, pues, con Saddam Hussein? La historia no ofrece mucha ayuda en este contexto, ya que pocos han sido los dictadores que hayan pagado debidamente sus cuitas a la Justicia. El general Pinochet, por ejemplo, goza de libertad amparado por una "demencia senil", que lo incapacita para un proceso, pero no para disfrutar de su vejez en casa. Erich Honecker, enjuiciado en Alemania, fue dejado finalmente en libertad también debido a su avanzada edad. Menos suerte tuvieron el "hombre fuerte" de Panamá, Manuel Antonio Noriega, encarcelado en Estados Unidos por tráfico de drogas, y el dictador rumano Nicolae Ceaucescu, ejecutado tras un fulminante proceso militar.

Ninguno de estos casos sería un ejemplo conveniente de seguir, si lo que se intenta es no avivar más las brazas de la violencia en Irak. Para lograr la paz en dicho país es imprescindible un juicio justo y transparente, en el que salga a relucir todo lo ocurrido durante las décadas de dictadura iraquí. En ese contexto, tampoco habría que soslayar la responsabilidad de quienes apoyaron otrora a Saddam, como contrapeso a los ayatollahs iraníes. Y, en este punto, también Estados Unidos tendrá que enfrentar incómodas preguntas ante una Corte imparcial